30 noviembre, 2008

Plan B... ¿o A?

A un poco más de 2 meses de jactarse en el Consejo de las Américas de no necesitar un plan B, CFK anunció las medidas que adoptará el gobierno para “evitar una caída en la generación de empleo y del PBI”. Si bien no es el eje de lo que buscamos discutir en este momento, cabe dejar planteadas algunas preguntas, como por ejemplo, ¿por qué la presidenta creía que la economía argentina que históricamente ha dependido del resto del mundo, y en particular en el pasado reciente, podía evitar una crisis de esta magnitud? o ¿por qué esperar que los efectos de la crisis fueran tan evidentes?
Dejando de lado estas cuestiones, la idea es concentrarnos en el análisis del paquete de medidas que ha anunciado el gobierno para afrontar la crisis.
La primera de ellas es la ayuda a las PyMEs a través de la condonación de las deudas impositivas (en el sistema provisional alcanza el 100% de la deuda, pero quedan excluidos el sistema de salud y el de ART) y una rebaja en las contribuciones a quienes blanqueen personal o contraten personal en blanco. Al respecto, podríamos preguntarnos: ¿cómo se espera que las empresas que no pudieron blanquear personal antes puedan hacerlo ahora? Esto tiene dos posibles respuestas. Por un lado, que hay quienes teniendo la posibilidad de blanquear personal en el pasado no lo hicieron porque no quisieron, en cuyo caso esta medida desacredita completamente la campaña que viene realizando la AFIP “por una nueva cultura tributaria”. Por el otro, que hay quienes sí quisieron, pero no pudieron hacerlo porque esto hubiese implicado la destrucción de sus posibilidades de competir, con lo cual aún en el caso de que la medida generara un alivio en el corto plazo para este tipo de empresas, no soluciona sus problemas estructurales. Sea cual fuere realmente la respuesta, es evidente que esta medida no ataca ninguno de los dos problemas subyacentes.
En segundo lugar, se encuentra la polémica propuesta de retener sólo un 8% a los capitales radicados en el exterior que sean declarados, aunque no repatriados; y para aquellos que se encuentren en el país un 6%, 3% o 1% en caso de que no sean invertidos, se destinen a la compra de bonos o sean invertidos productivamente. Ahora bien, en este punto es importante mencionar que estos capitales actualmente pagan entre un 10% y un 35%, y que quienes no están afrontando un juicio actualmente pueden hacerlo en el futuro. Por otra parte, incluso a los capitales que no regresen y a aquellos que no sean invertidos, se les reduce la alícuota y se cancelan los juicios en caso de haberse iniciado. Entonces, ¿de qué manera contribuye esta política a alcanzar el objetivo de evitar la caída del producto y del empleo?
Por último, en relación con las obras públicas se anunció “el plan más ambicioso del que se tenga memoria”. Con respecto al mismo habría que mencionar que si bien el sector construcción es uno de los que más puestos de trabajo ha generado en el período de la post convertibilidad, también es uno de los peores en términos de salarios y de porcentaje de trabajadores registrados. (Nota de CC: semanas después Massa, el Jefe de Gabinete, tuvo que reconocer que muchas de esas obras ya habían sido anunciadas).
En conclusión, si bien se puede considerar irracional pedir un cambio de modelo en medio de una crisis internacional, los anuncios realizados por la presidenta no hacen más que profundizar la línea de un modelo que se ha mostrado incapaz de hacer frente a la coyuntura, en lugar de intentar introducir cambios que permitan, fuera del contexto de la crisis, avanzar hacia una economía no tan vulnerable a los acontecimientos de orden internacional.

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26 noviembre, 2008

Empleos o salarios, ¿es esa la cuestión?

En las últimas semanas se han llevado a cabo negociaciones entre el gobierno nacional y diferentes sectores, con el objetivo de intentar frenar el impacto de la crisis en el mercado de trabajo argentino. Como resultado de estas negociaciones se acordó (con el aval de los sindicatos) que no haya subas salariales e incluso una reducción de los mismos, para evitar que se despida o suspenda personal.
Respecto a esta discusión entre “salarios o empleos”, nosotros creemos que la misma sólo tiene lugar si hubiese habido negociaciones salariales serias en el período previo a la crisis, lo cual no sucedió debido, nuevamente, a la complicidad de los sindicatos (quienes accedieron a un tope 19,5% en un momento en el cual los precios de los alimentos se encontraban en claro ascenso, debido al crecimiento internacional de los mismos y al desabastecimiento de productos como consecuencia del conflicto con el campo, link CC) y a la intervención del INDEC. Si ese fuera el caso, consideramos que debe optarse por el mantenimiento de los puestos laborales, siempre y cuando esto no se realice a costa de una reducción del poder adquisitivo de los salarios.
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25 noviembre, 2008

Libertad, no libertinaje.

La Corte zanjó una puja entre la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y el gremio del Personal Civil de las Fuerzas Armadas (PECIFA) afirmando que el artículo 41 de la Ley 23.551 de asociaciones sindicales en su inciso A "viola el derecho a la libertad de asociación sindical amparado tanto por el artículo 14 de la Constitución Nacional como por las normas de raigambre internacional (...)".
Las repercusiones y declaraciones estuvieron a la orden del día, sin embargo habrá que esperar para poder observar las consecuencias reales de la medida. Mientras analizamos sus posibles implicancias (las cuales publicaremos eventualmente), nos gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones de fondo sobre la cuestión.
Lo central del fallo, creemos, es que abre las puertas a la libertad sindical al interior de las empresas, es decir, devuelve la organización sindical a las bases. Contrariamente a lo que señalan los voceros de la CGT, no habría razón para que se produzca una “multiplicación de sindicatos” (además de existir límites legales a la cantidad de delegados en relación a la cantidad de trabajadores, etc.) si es que esa Central ha trabajado correctamente respecto de los intereses de sus representados en su rama de actividad. Como saben que no es así, las protestas respecto de este fallo expresan la preocupación por la pérdida del monopolio en la representación y, por ende, el comienzo del fin de su poder centralizado.
De igual modo que nosotros nos planteamos empezar desde cero en nuestra construcción debido a la imposibilidad manifiesta de los actores actuales de modificar sus lógicas internas y personificar la transformación necesaria, la necesidad de construir un movimiento sindical democrático y masivo requiere, en la Argentina actual, comenzar de nuevo. La estructura burocrática del sindicalismo cegetista no puede personificar esa función: se encuentra demasiado frenada por luchas internas, por la corrupción, el personalismo y la centralización; y está muy lejos de transformarse para actuar en el sentido que creemos necesario. No es fácil decirlo brevemente, pero su rol es uno distinto al de “representar a los trabajadores”. Habrá que construir por otro lado: bienvenida la CTA (así como cualquier otra que exprese una tendencia sindical distinta) como central de trabajadores con personería jurídica, esperamos que hayan aprendido de las lecciones brindadas -durante tanto tiempo- por su competidora. En definitiva, lo central es el avance del poder de los trabajadores, habrá que ver cómo este cambio permite tal proceso.
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Respecto al tema AFJP

La decisión de terminar con el sistema de AFJP y volver al sistema de reparto se tomó a la usanza kirchnerista: improvisadamente, sin ningún tipo de debate “teórico”, sin una clara explicitación de razones u objetivos. Pero no es nuestra intención discutir las formas kirchneristas (ni tampoco cuestiones secundarias como si el destino de estos fondos será la caja y/o la deuda), sino más bien cuál es la naturaleza de la Seguridad Social y por ende quién debe dirigirla. Dejando de lado el contexto imperfecto en que esta medida aparece, nos limitamos a señalar por qué, a pesar de todo, estamos a favor de un sistema jubilatorio exclusivamente estatal, siendo que lo costoso e ineficiente del sistema de capitalización ha sido profundamente comprobado.
La jubilación obligatoria debería asegurar un monto de ingreso necesario para reproducir la vida de los trabajadores una vez agotada su fuerza de trabajo, su vida activa en tanto trabajador. En otras palabras, debe asegurarle al individuo un nivel de vida acorde con el que llevó durante los años laborales y, por lo tanto, el latiguillo del 82% móvil no por utilizado, deja de ser el verdadero objetivo de mantener un nivel de vida similar durante la etapa pasiva. Ahora bien, ¿cómo se garantiza esa masa de ingresos durante todos los años de vida posteriores al retiro?
Evidentemente, una empresa privada se restringirá a gestionar los fondos de la manera (cualquiera sea) que maximice el flujo de comisiones que obtiene. Por lo tanto, invertirá los aportes en activos financieros, los cuales están en este mismo momento demostrando de manera explosiva la volatilidad que les es inherente. Como resultado de ella, las administradoras tendrán pérdidas que no podrán absorber completamente, reduciendo, por ende, los ingresos jubilatorios futuros de los aportantes. Entonces, como claramente se ha visto en estudios realizados sobre el sistema privado, las administradoras no pueden, bajo ningún concepto, garantizar el objetivo que posee el sistema de seguridad social, sin eliminarse como empresas que generan ganancias. Por lo tanto, el Estado es el único que puede hacerse cargo de garantizar un nivel de vida.
Recién después de haber determinado que las AFJP no pueden cumplir el rol que se necesita, y sólo en ese momento, debemos preocuparnos por dar cuenta del destino específico de los fondos actualmente administrados por ellas y la forma de instrumentar el traspaso, lo cual intentaremos desarrollar en otro momento.
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Respecto a la propuesta "Tren para Todos"

En el último tiempo, se popularizó la propuesta de “Tren para todos”. Una de las explicaciones más directas del entusiasmo es su enfrentamiento directo con el proyecto del “Tren Bala” de la administración CFK.
Su propuesta, como figura en su sitio de Internet, es la recuperación de las principales líneas ferroviarias de pasajeros y cargas, de manera de unir las principales ciudades argentinas a un costo muy reducido, sobre todo en comparación con el presentado por el otro proyecto, que implica únicamente una conexión entre las tres ciudades más grandes del país.
Ahora bien, a mediados de septiembre, se presentó una carta que cuestionaba no los objetivos del proyecto del Tren para Todos, sino los números que lo sustentaban, intentando mostrar que la comparación realizada no era correcta, como pueden ver en esta nota del diario Pagina/12.
Evidentemente, la propuesta del “Tren Bala” no refleja las necesidades de transporte de la Argentina. Sin embargo, no siendo expertos debemos dar cuenta del debate entre las dos posiciones alternativas para avanzar en una propuesta integral para resolver el problema del transporte ferroviario en nuestro país.
En el mismo, claro está, no sólo se juega la comodidad de los pasajeros, sino también el tránsito de las mercancías al mercado mundial y, por ende, debemos enmarcarlo en una discusión más general respecto del rol del Estado en la propiedad, regulación y planificación del sistema de transporte a nivel nacional. En este sentido, creemos necesario discutir el tema portuario, la red caminera, el sistema nacional de aeropuertos y la propiedad sobre el comercio exterior. Esperemos que los especialistas puedan presentar un proyecto alternativo antes de que el financiamiento para esta obra se materialice.
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