Ciegos los que no quieren ver

¿Quién se anima hoy a invocar un único movimiento de trabajadores? Antes, ¿quién se anima a invocar un movimiento de trabajadores?
A grandes rasgos, podríamos hablar de tres grupos: CGT (simplifiquemos, digamos que es una sola), CTA y los sindicatos clasistas. CTA pivotea, no? Ha marchado con la CGT, los Hugos tienen buen vínculo, pero también se lleva con los otros, muchas veces los incluye. Tiene un reclamo histórico: la personería gremial. El gobierno la tiene prometida, pero no la larga. Y es ése punto clave el que más los enfrenta con este gobierno y, nos parece, el que impide que lo apoyen más abiertamente ahora que anda tan dadivoso.
Pero la cosa viene fulera: los números no andan bien, los conflictos salariales recrudecen, la inflación la desconocemos, los muchachos del subte están decididos, hay varias empresas con problemas a nivel de planta, etc.
¿Qué tiene cada grupo para ofrecer? Otra vez a grandes rasgos: la CGT, los aumentos salariales por encima de la inflación para una muy reducida parte del universo de los trabajadores; la CTA, la construcción de algo distinto (aunque sea en proyecto) y la inclusión de los trabajadores no formales; y los sindicatos clasistas alternativos, el enfrentamiento con la patronal al momento de discutir salarios, donde el tradicional sindicato burócrata hace la plancha.
¿Cómo se encuentran estos grupos? ¿Se encuentran? Al parecer no mucho. Que la CTA es una “zurda loca”, que la CGT es todo lo mismo (y todo malo), que la izquierda mete intereses partidarios -y el resto no?-. Pero al mismo tiempo, ha habido confluencias, ha habido acuerdos.
El tema que aparece claro es que para avanzar en esas confluencias –que de eso se trata, muchachos- tiene que haber algunos cambios. Y, en parte, los ha habido. Ya son dos los fallos de la Corte Suprema que atentan, de un modo u otro, contra el modelo de monopolio sindical, sobre el primero ya hablamos acá, y el segundo lo que hace es extender la protección de los delegados gremiales, tengan o no personería, igualando –en la práctica- ambos “tipos” de sindicato).
Pero dos cosas sobre esto: 1. no alcanzan para abrir el juego si no hay una decisión política que los sobrevuele, 2. cuidado con aplicar parches y abrir brechas en la legislación sin una idea global. Sobre el punto 1, este gobierno está dilatando lo a esta altura es impostergable (con intimación de organismos internacionales incluidos). Con el tiempo la decisión se vuelve no sólo más costosa, sino sobre todo –y más relevante para los K- menos rendidora en términos políticos. Sobre el 2, puede ser complicado abrir el campo a una diversidad de situaciones no amparadas en una ley general siendo que, de hecho, puede “dividir” aún más y ahí sí que nadie puede saber donde termina la cuestión.
Evidentemente, todo indica que es momento de revisar el modelo sindical en su conjunto.

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El "comunismo" en la Ciudad de Buenos Aires - Los números rojos de Mauricio

La necesidad de hacer un análisis del presupuesto ya no es sólo formal. Dado que en los discursos políticos actuales, cada vez más parecidos a las discusiones entre vedettes, no se puede observar ningún indicio de la forma concreta que tomarán las acciones políticas de los gobiernos, es necesario “ir a los números” para poder observar que (des)orientación tienen aquellas. En este caso decidimos analizar el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, he aquí los resultados:

Primero el gran número: $ 17.457.759.764 para los compromisos que deberá afrontar la ciudad en el año 2010. Este refleja una suba nominal del 4% respecto al año 2009. Sin embargo, es importante ver el poder adquisitivo de los recursos públicos y su aplicación, razón por la cual todas las cifras que presentemos en adelante tendrán deducida una inflación del 9%, basada en la estimación presentada en el propio proyecto de ley). En ese caso, el presupuesto total se reduce un poco más del 4%.

Ahora bien, si existe una diferencia negativa con respecto a los recursos disponibles el año pasado habrá que ver dónde se realizarán los recortes presupuestarios, hacia allí vamos:

GASTOS CORRIENTES

Remuneraciones
En esta partida, a nivel general, se ve una suba real de un 4,71% a la par que su participación en el gasto total asciende a un 50,33%, es decir que la mitad de los recursos del gobierno porteño se va en sueldos. Ahora veamos como se distribuye esa suma al interior de la partida. En general quedan estables en todas las áreas, salvo en Judicial dónde suben casi un 10,93% y en el área de seguridad interior que suben hasta un 34,94%. También es significativo el aumento en el área de salud donde sube un poco más de un 8%. En el resto de los servicios sociales que brinda el gobierno de la ciudad los sueldos no tienen ni subas ni bajas sustantivas dada la magnitud en dinero.

Gastos de Consumo
Aquí es donde empezamos a ver por dónde va el ajuste de la gestión de Macri. Salvando a lo que es la administración gubernamental (que incluye a los tres poderes y al control de la gestión) donde suben un 13,76% las recursos disponibles para el área, en lo que refiere a Servicios de Seguridad cae el gasto en más de un 21,75%, posiblemente porque el equipamiento necesario para la nueva Policía Metropolitana haya sido adquirido en el corriente año. Pasemos ahora al rubro que más interesa, el de Servicios Sociales: aquí, en su conjunto, aparece una baja un 7% siendo las más significativas las áreas de Educación (cae un 25,19%), Trabajo (cae -58,03%), Vivienda (un 59% abajo) y finalmente Agua potable y alcantarillado cae en un 91%. En lo referente a los servicios económicos vemos que el área de Comercio e Industria tiene un recorte real del 62,61%. Ambas partidas componen los Gastos Corrientes que, en términos agregados, se mantienen estables exceptuando al área de Vivienda que sufre una baja combinada, por remuneraciones y gastos de consumo, de casi un 27%, la sigue el área de Industria y Comercio que en el total de gastos corrientes pierde un 59% con respecto al año anterior, siendo Agua potable y alcantarillado la que lleva la peor parte con una caída del 84%. Pasamos ahora a los Gastos de Capital, siendo estos los más importantes para observar qué política a mediano - largo plazo tiene en mente Mauricio Macri.

GASTOS DE CAPITAL

Aquí es donde vamos a observar el mayor grado de ajuste de todo el presupuesto de la ciudad. Primero, para clarificar el análisis agregamos los rubros de Inversión de terceros y la propia del gobierno (dado que la distinción es únicamente relativa a la forma contractual de la misma), la suma de ambas representa el 76,66% del total de gastos de capital, siendo el resto repartido entre Transferencias de Capital e Inversión Financiera. En esta última se observan variaciones negativas muy altas en el área de Trabajo (43,11%), Vivienda (-39,94%), aunque la verdad es que ni en el año 2009 ni en el 2010 los montos han sido significativamente grandes con respecto al total. Tanto Transferencia de Capital como Inversión financiera han sufrido una caída total con respecto al 2009 de un 11,34% y un 40,46% respectivamente.

Inversión (de terceros y propia)
Ubicados en la porción más grande de los recursos de capital observamos que: En el rubro de Administración Gubernamental la inversión sufre un recorte del 47%, siendo el área legislativa la responsable de atenuar esa caída dado que en la misma se registra un aumento del casi 36% otorgado para la remodelación del edificio legislativo. Por lo demás la inversión cae un 57% en el área Judicial, un 55% en la Dirección Ejecutiva, y un 43% en la administración fiscal. Sorpresivamente encontramos también una baja en el área de Seguridad Interior que llega a un 29% respecto al 2009, esto se podría asociar con lo mismo que la baja en los gastos de consumo, varias de las inversiones necesarias para la creación de la policía Metropolitana ya han sido hechas en el 2009 por lo cual se podría recortar los recursos de forma tan drástica. Pasemos ahora al área de mayor interés, Servicios Sociales: Aquí es donde se observa el más crudo de los recortes hechos por Macri en tanto a inversión. Comenzando con Salud cae un 51%, Promoción y Acción Social un 33%, Educación un 50%, Cultura un 37%, Trabajo un 49%, Vivienda un 43,5%. El único de todos los rubros de esta partida que ha subido es Agua Potable y Alcantarillado en un 43% posiblemente por las obra del Arroyo Maldonado, aunque recordemos que sufrió un recorte en el total de Gastos Corrientes de un 84%. En el área de Servicios Económicos se encuentra algo parecido dado que en el total de recursos de capital refleja una caída del 36%, siendo que la inversión en Turismo cae un poco más del 92%, la inversión en transporte un 54%, en industria y comercio un 55%, en lo que refiere a servicios urbanos una caída de otro 60%. Pero al parecer a Macri le interesa la cuestión ecológica, ya que esa área es la única que registró una suba: en 2009 $107 millones, en 2010 $250 millones. En general tenemos una baja real en la Inversión de un 35% haciendo que su participación en el total de recursos caiga con respecto a 2009 en casi 15 puntos porcentuales. Habiendo hecho una exposición bastante ilustrativa de las modificaciones en el proyecto de ley presupuestaria para el año 2010, es hora de que pensemos qué refleja el mismo. Por un lado hay una cuestión obvia que salta a la vista: aquí no hay plan. Es lógico que año a año las partidas sufran variaciones, sobre todo cuando se atraviesa una crisis económica de la envergadura de ésta. Pero el nivel de las variaciones jamás podría ser tan alto si se tuviera en mente un plan estratégico de gobierno, si se quisiera ir hacia algún lugar específico, en otras palabras: no pareciera que la gestión de Macri tenga respuestas para lo que vendrá puesto que ni siquiera lo prevé. En segundo lugar, de forma no tan obvia, la noción que la administración PRO tiene sobre el problema de la inseguridad. Muchos son los comentarios que aducen que la mejor forma de combatir la inseguridad es resolviendo los conflictos que la hacen aparecer, entre otros: desempleo, falta de educación, falta de vivienda, en fin falta de condiciones materiales mínimas que garanticen la reproducción normal de cualquier ciudadanía. ¿Qué proyecta el macrismo para solucionar las condiciones objetivas de vida? Bajar la inversión en todas ellas. Recordemos que en el área de Servicios Sociales existe una caída del 35% en la inversión. ¿Qué alternativa ofrece el gobierno porteño para resolver la cuestión de la inseguridad? Destinar la gran mayoría de recursos a crear una fuerza de choque que antes de salir a la calle ya ha sido blanco de las sospechas más aberrantes que se le puedan hacer a una fuerza que, se supone, debe estar para garantizar la seguridad de los porteños. Y aquí hay que tener otra cuestión presente, en la ciudad de Buenos Aires hay una tasa de homicidios del 4,7 por cada 100,000 habitantes, siendo 30,7 la media de América Latina. Obviamente que mientras exista aunque sea un sólo homicidio va a existir un problema, pero la forma de lidiar con ese problema no es la misma en la medida en que la tasa sea tan baja. Es decir que la inseguridad es un problema, pero es un problema que puede tener una solución por fuera de la creación de una fuerza de choque destinada a la represión, y que podría estar más cerca de la prevención, destinando recursos que garanticen las mínimas condiciones de educación, salud, vivienda y trabajo.

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Imaginando el 2010 - Proyecciones del Presupuesto Nacional, CABA y privados.

La Ley de Presupuesto constituye una de las herramientas más importantes para diseñar el funcionamiento del Estado en un período determinado, así como para planificar a futuro las distintas políticas a ser llevadas a cabo. Asimismo, el Presupuesto de la Administración Pública es una herramienta fundamental del control democrático del manejo del Estado, por lo que su discusión anual a nivel Legislativo constituye una de las instancias básicas de la Democracia. En este sentido, las perspectivas macroeconómicas que se toman en cuenta al diagramar el Presupuesto cobran una importancia significativa, ya que en base a las mismas serán estimados tanto los recursos como los gastos en que habrá de incurrirse.
Teniendo en cuenta, además, la estructura federal de nuestro País, queda clara la importancia de que los Presupuestos de las distintas jurisdicciones guarden coherencia respecto a las proyecciones macro en que los mismos se basan. Si bien a nivel sub-nacional, se utilizan herramientas como el PBG (Producto Bruto Geográfico) que no están presentes en el Presupuesto de la Administración Nacional, es innecesario remarcar que el nivel de actividad de cada una de las jurisdicciones estará influido por el nivel de actividad general del País, así como del sistema internacional en general.
Dado, por otra parte, las dudas que han generado las estadísticas públicas a partir del manejo político del INDEC, creemos necesario tomar en consideración las perspectivas construidas por consultoras privadas, a fin de lograr un análisis más acabado, complementando las proyecciones públicas y comparándolas con éstas. Pasemos entonces a analizar las proyecciones realizadas por cada actor de las variables mas fundamentales.
Las proyecciones macroeconómicas del Proyecto de Ley de Presupuesto 2010 ubican a la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto en torno al 2,5%, explicado fundamentalmente por un aumento esperado de las exportaciones en torno al 8,4% anual (ubicándose cerca de los 300,000 millones de pesos) y de la inversión del orden del 8,2%. El consumo por su parte, crecería en el mismo nivel que el total del Producto, 2,7%. Asimismo, la variación de precios esperada (medida en base IPC-INDEC) es del 6,1% (similar a la proyectada en su momento para el 2009, que sin embargo, teniendo en cuenta diversas estimaciones privadas y el IPC-7 Provincias, finalizará con una inflación del orden del 12%). El tipo de cambio nominal se proyecta en 3,95 $/U$S.
Teniendo en cuenta diversas estimaciones privadas podemos considerar que el crecimiento del Producto no ha sido sobre ni subestimado en el Proyecto de Ley. En efecto, tanto BRODA, como MELCONIAN prevén un crecimiento del PIB en 2010 del orden del 3%. Respecto del tipo de cambio, BRODA opina lo siguiente: “el tipo de cambio nominal de fin de año podría ubicarse en torno de $/u$s 4.30/4.40, por más que en el Presupuesto 2010 el Gobierno afirme que lo mantendrá prácticamente fijo (promediando en el año $/u$s 3.95)”. Por su parte en el Mensaje de Ley de Presupuesto 2010 de la Ciudad de Buenos Aires se señala que el crecimiento del PIB esperado para el 2010 sea “bastante acotado (en términos de tasas de crecimiento), debido principalmente a un efecto de ‘arrastre’ estadístico del ciclo 2009”.
Por lo dicho se puede presuponer que aquella tendencia recurrente del Gobierno Nacional de subestimar el crecimiento no se presenta esta vez. Sin embargo, el hecho de subestimar el nivel de inflación permite sobreestimar la variación del gasto en términos reales y subestimar la recaudación de ingresos tributarios. Al respecto la variación de precios prevista para el 2010 por consultoras privadas esta más cercana al 15% (BRODA). Asimismo, si la devaluación del tipo de cambio resulta ser mayor a la prevista, los ingresos por retenciones a las exportaciones proyectados en el Proyecto de Ley también quedarían significativamente subestimados (CIFRA).
Respecto de la explicación de las fuentes del crecimiento esperado para el año próximo, diversas fuentes privadas coinciden en remarcar que el aumento de la demanda mundial de los productos de exportación de la Argentina, sumada a una cosecha mayor de soja a la del 2009, contribuirán a fortalecer las exportaciones, proyectadas en torno a los 60.000 millones de dólares (es decir, ubicándose aún por debajo del record de U$S 71.000 millones del 2008). En efecto, la producción total de cereales y oleaginosas esperada para el 2010 se ubica en un 36% por encima de la campaña del presente año (explicada casi fundamentalmente por al aumento de la cosecha de soja, de 32 millones de toneladas en 2009 a 52 millones en 2010). Esto sumado a una esperada suba de precios debido a la reactivación a nivel mundial y a la continuidad del debilitamiento del dólar que se pronostica hasta por lo menos mediados del 2010, son los factores que permiten esperar un aumento significativo de las exportaciones.
Asimismo, se destaca el descenso en el costo del financiamiento a nivel mundial. BRODA señala que las bajas tasas de interés en los países desarrollados, así como las más alentadoras perspectivas de crecimiento de los países emergentes, permiten prever un flujo de capitales hacia estos destinos, fenómeno que ya se está observando. En el caso de la Argentina, se destacan en la actualidad la caída del costo de financiamiento del sector público (siempre y cuando se logre cerrar un acuerdo con los holdouts) y la casi nula salida de capitales del mes de octubre, después de una marcada desaceleración en los últimos meses. De hecho el BCRA viene recomponiendo el nivel de reservas para sostener el precio del dólar.
Sin embargo, y la mención a esta variable brilla por su ausencia en el análisis macroeconómico del Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional, el nivel de empleo sigue deteriorándose. Diversas consultoras privadas sitúan al nivel de desempleo entorno al 10% y aun aumentando, aunque de manera mas lenta. La recuperación no tendría, en principio, efectos sobre los niveles de empleo hasta pasados varios trimestres, ante lo magro del crecimiento y, sobre todo, el bajo nivel de inversión.
A nivel local, el Proyecto de Presupuesto de la Ciudad para el año 2010 pronostica un crecimiento del PBG del orden del 2%, aunque se deja la incógnita acerca de cuánto puede impactar la recuperación económica internacional en el nivel de actividad interno, que vía el consumo y la producción de servicios afecta significativamente la actividad económica de la Ciudad. Respecto del nivel de inflación, el Mensaje del Proyecto de Presupuesto General 2010 remarca que “dado el tipo de cambio promedio estimado en el Presupuesto Nacional y la expansión moderada del consumo esperada, la tasa de inflación debería estar dentro del rango de un dígito de crecimiento”. A lo que agrega “En general, todos los puntos antes descritos generarán impactos en las decisiones actuales y futuras de las empresas y de los consumidores, que ante señales de crecimiento moderado seguirán con pautas o patrones de conducta conservadores, que generalmente significan racionalización y una actitud moderada en las inversiones y los gastos”.
Lo anteriormente dicho puede resumirse en la siguiente tabla:

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La derecha es de derecha

Mauricio Macri se presentaba por fuera de las dicotomías clásicas. Derecha? Izquierda? De qué me hablan? Categorías vetustas, añejas. Yo soy joven, canchero, armé un partido de la nada, yo no soy de derecha ni de izquierda. Yo vengo a gestionar. Y vaya si lo hizo. Repasemos brevemente sus principales obras:

Subtes y tránsito
No hay que tener un Doctorado en Planificación urbana para darse cuenta de que a esta ciudad le vendría bárbaro más y mejor subte. Pero el especialista en gestión, que había prometido construir 10 km de subte por año, decidió que no hay plata, y se pararon todas las obras. Para indignarse, lea por acá. Ahora pidieron un crédito -para eludir la canilla cerrada del gobierno- y se proponen continuar la ampliación. Creen que, subido a esos vagones, pueden llegar a la presidencia. Será?
A pesar de los cambios de dirección, los carriles exclusivos que no son tales y los nuevos parquímetros (muchas veces retirados ante las enérgicas quejas de la clase media con voz) la ciudad de Buenos Aires no parece haber mejorado en lo que a tránsito refiere.
Ñoquis en el gobierno de la ciudad
Sea ciudadano, denuncie al de al lado! Ese parece ser el nuevo lema de los que hacen Buenos Aires. En efecto, si hoy se siente particularmente garca, haga click aquí. A eso se suma el Registro de Empleadores Online que tendrá datos sobre los empleados proporcionados por las empresas y que, luego de varias protestas, omitió el apartado dedicado a "adicciones", perteneciente obviamente a la vida privada de cada uno.
Los mecanismos elegidos por Macri para eliminar la corrupción y los ñoquis de la Ciudad son curiosos, dado que al mismo tiempo, Macri firmaba con Genta (SUTECBA) un acuerdo –destinado a limar las asperezas generadas por la intervención de OBSBA- que implicaba un pase a planta permanente a 17.000 contratados. La medida es positiva, pero ¿no habría que hacer una evaluación previa?.

Limpieza de calles
Además de pronunciarse públicamente en contra del corte de calles por la razón que sea (“basta de joder a la gente que trabaja”, dice), el jefe de gobierno diseñó una unidad especial para liberar la vía pública, conocida como la UCEP. Esta unidad suele actuar por las noches (a pesar de que "trabaja las 24 horas") y de manera violenta (aunque su único objetivo es "disuadir"), con lo cual desde su creación hasta ahora fue denunciada numerosas veces.

Policía
Jefes con prontuario, espías, intrigas familiares, la policía de Macri es ciertamente de película y de una de esas con superproducción dado su costo. Igual, le salió más para la comedia.

Dinosaurios
Cómo considerar seriamente que un tipo como Abel Posse sea el nuevo Ministro de Educación de la Ciudad? Un dinosaurio con incontinencia verbal? Qué pasa con los asesores de Macri? Con amigos así, no hacen falta enemigos.

Temas fuera de agenda
Vivienda, desarrollo urbano, creación de trabajo, más y mejor educación. Todos temas vedados en la agenda de la gestión.
A esta ciudad le falta mucha, pero mucha gestión. Los gobiernos progresistas que la comandaron no hicieron nada bueno de ella: no la gestionaron, y tampoco le metieron mucha izquierda. Los que ahora hacen Buenos Aires no se destacan por su burocracia calificada.
Pero además, no nos confundamos, si algo se ve de derecha, huele a derecha, se oye como la derecha (y tiene bigote!), es porque es LA DERECHA.

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Reforma (de la construcción) política

Desde Conciencia Crítica queremos aportar al debate respecto al proyecto de ley de “Reforma política” (que en realidad modifica aspectos centrales de varias legislaciones) a partir de reforzar algunos de los interrogantes que plantea José Natanson en su nota de Página/12. Como bien señala el autor, el efecto final de la modificación de las normas es indefinido, pero sí podemos discutir que tendencias se ponen en movimiento para conocer los posibles resultados de su implementación.
La primera pregunta que creemos importante es: ¿Cuándo se profundiza la participación política de la población? ¿Es a través de la igualación de la incidencia política del afiliado y el “independiente”? Como se señala en el artículo, la igualdad al momento de elegir los candidatos diluye el incentivo a la afiliación, proceso que es central si, otro de los cambios que tomaremos más adelante, es la cantidad de afiliados requeridos para mantener el status de partido político. En este sentido, habrá que ver que sucede porque bien podría ocurrir que se reduce el incentivo a afiliarse y eso conlleva a la desaparición de partidos que, en el contexto actual, tienen un buen funcionamiento interno.
A su vez, ¿a qué programa se va a ajustar el candidato? ¿al de los independientes que simpatizan con el espacio o el de los militantes que lo construyeron?¿Qué mecanismos sobreviven a la apertura a la participación independiente para asegurar que el programa se lleve a cabo? Y más aún, en esos programas ¿se diluirá más el contenido político para atraer más votantes independientes? En otro post señalábamos que este punto –la necesidad de un programa integral y coherente así como mecanismos para hacerlo respetar por sus candidatos- es central para construir una democracia que transforme cualquier país.
Por el otro lado, un interesante posible efecto es el que Natanson rescata de Artemio López: un justicialismo y radicalismo limitado a un solo candidato cada uno será muy fuerte en cada distrito pero perderá parte de la atracción que logra al presentar varios. La magnitud de esa posible caída en los votos es importante para partidos más pequeños y nuevos que disputan espacios tanto a izquierda como a derecha de ambas estructuras.
Sin embargo, esos partidos con sus pequeños grupos de afiliados (como señalamos, quizá desincentivados a continuar participando si el esfuerzo militante no conlleva primacía alguna al interior del partido) son los más acosados por la reformas a los pisos para mantener la personería. Aquí discrepamos con Natanson; es difícil pensar que la necesidad de sobrevivir como organización conlleve a su unificación entre ellos. Es más posible que se diluyan en acuerdos con los grandes partidos, salvo casos muy particulares como podría ser la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué decir de estructuras como el Partido Obrero o el Partido de los Trabajadores Socialistas que, sin contar con estructuras suficientes para tales fines, trabajan internamente de manera correcta, y es imposible considerar una alianza con tales partidos históricos?
En cambio, las modificaciones respecto al financiamiento de campaña y sus límites sí benefician a esos partidos pequeños. La limitación en los aportes de empresas o de billeteras familiares permite igualar el alcance social. A pesar de eso, es difícil pensar que la simple letra de la ley va a modificar las estratagemas para eludir las regulaciones.
Es claro que, además de discutir los alcances de cada modificación (por lo visto un punto porcentual hace la diferencia), quedan otras tantas cuestiones por discutir. La posible inclusión del voto electrónico -de la que resta asegurar su transparencia-, conllevaría no solo una simplificación del recuento sino que también eliminaría los costos para los partidos, y las trampillas de robo de boletas. La boleta única, con efectos en idéntico sentido, pero de difícil aplicación con tantos partidos. La eterna discusión de la lista sabana, etc. etc. etc.
En fin, muchas preguntas. Sin embargo, habrá que pensar globalmente como generar los instrumentos para permitir la contienda más pareja posible. A su vez, en ese proceso no deben perderse las diferencias necesarias de pensamiento y proyecto, al tiempo que no se termine de diluir los incentivos a la militancia política. Ésta, por último, no debería dejar de ser un objetivo.

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Las 1.000 y una

Con el motivo de celebrar las primeras 1.000 visitas a nuestro blog, decidimos armar la siguiente imagen compuesta por las palabras que más utilizamos en nuestros posts.

Aprovechamos esta oportunidad para agradecerles a todos aquellos que, de alguna manera u otra, han contribuido en la gestación de este espacio.

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El Golpe de Estado en Honduras II.

El golpe y los “padres de la democracia”
El presidente Barack Obama condenó los sucesos de 28 de junio, reconociendo a Manuel Zelaya como el único presidente constitucional de Honduras y proponiendo la mediación del Oscar Arias, presidente de Costa Rica en la negociación entre éste y los golpistas. Pero esta expresión de intenciones no fue mucho más lejos. En un primer momento, ante la demora en la respuesta del gobierno de Michelletti sobre la propuesta mediadora de Arias, el Departamento de Defensa suspendió la visa a cuatro funcionarios del régimen. Pero esta declaración de buena voluntad no tuvo efectos visibles sobre la crisis en Honduras. El embajador estadounidense en Honduras nunca fue retirado, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, emitió declaraciones tendientes a moderar el discurso oficial y ninguna sanción económica fue tomada con relación a Honduras.
Efectivamente, la secretaria de Estado insistió constantemente en la mediación de Costa Rica y criticó duramente la decisión de Zelaya de regresar a Honduras ya en su primera tentativa, aduciendo que se trataba de un intento “temerario (que) no contribuye a los amplios esfuerzos para restaurar el orden democrático y constitucional”.
Estados Unidos es el receptor del 70% de las exportaciones de Honduras. Es evidente que una medida comercial en contra del gobierno de facto (con la que se amenazó pero que nunca llegó) hubiera logrado restituir a Zelaya a su puesto casi inmediatamente. Así mismo lo reconoció el presidente destituido aún desde el exilio. Pero en los hechos, la acción de los Estados Unidos no sólo se limitó a la condena pública sino que varios senadores, tanto republicanos como demócratas, mostraron abiertamente su apoyo al gobierno de Micheletti y hasta fue organizada una delegación de senadores que fue enviada a Tegucigalpa en clara señal de respaldo.
Por otra parte, existen contundentes pruebas del conocimiento del Departamento de Estado de EEUU del golpe de Estado de Honduras y hasta de su participación en el mismo. Los militares hondureños que perpetraron el golpe recibieron entrenamiento, así también como el financiamiento y las armas necesarias para el golpe, en el Pentágono. Ha transcendido, de la misma manera, el contacto previo al golpe que mantuvo el embajador de EEUU en Honduras Hugo Llorens con el Sub-Secretario de Estado norteamericano Thomas Shannon y el asesor de Departamento de Estado John Negroponte (embajador en Honduras hacia fines de los ’70 y principios de los ’80, desde donde dirigía operaciones contra el gobierno sandinista de Nicaragua), con quienes habría coordinado la destitución de Zelaya.
Resulta evidente que la posición de Estados Unidos consiste en mantener una imagen de oposición al golpe de Estado pero que existe, además de intereses económicos particulares vinculados con el país, una necesidad de conservar una presencia y un poder fuertes en Latinoamérica que pueda contrapesar el avance de Chávez en la región.

¿Hacia dónde va el conflicto?
Podría ponerse en tela de juicio que la intervención de otros países en el conflicto de Honduras constituya una violación de su soberanía. De hecho, el gobierno de facto sostiene esta postura en cada oportunidad que encuentra para condenar las medidas económicas que los otros gobiernos latinoamericanos han tomado en su contra.
Pero la soberanía política de un país tiene como fundamento la afirmación de la libertad de los pueblos para decidir sobre sus propias instituciones, para elegir la forma en que serán gobernados. Y el respeto de las demás naciones hacia las instituciones de un país soberano se desprende de esa condición esencial. Por lo tanto, cuando la libertad y la democracia son violadas tan claramente como lo demuestra el más simple de los análisis de lo sucedido en Honduras, la acción de los demás países tendiente a su reinstauración no sólo se vuelve plausible, se vuelve también necesaria. La soberanía nacional no puede sostenerse más que en la coexistencia de gobiernos soberanos.
Los intereses económicos, sobre todo aquellos radicados en Estados Unidos, entran en clara contradicción con esta imagen de los Estados Soberanos. En su accionar aparece esta ambigüedad. Por un lado, la cara visible, las declaraciones del presidente norteamericano y el sector diplomático, pretenden defender la libertad y la democracia en Honduras, mientras que por otra parte, los intereses económicos, no sólo interesados en Honduras sino también en frenar el avance de Hugo Chávez en la región, se preocupan en no facilitar el fin de la dictadura hondureña y hasta en apoyarla.
A esta altura queda claro que, de darse la destitución del gobierno de facto de Micheletti y la restitución de la democracia en Honduras, no será gracias a la acción de los EEUU sino más bien a pesar de ésta. Lo cierto es que la situación interna en Honduras no es del todo desalentadora. Las protestas se multiplican y la resistencia sigue organizándose a pesar de la represión. Por su parte, el gobierno de facto empieza a mostrar claras señales de debilidad y busca negociar una salida del conflicto. Si algo bueno puede dejar como resultado esta crisis es el fortalecimiento de los sectores populares tanto de Honduras como de los países de la región, acompañado por la identificación clara de los intereses que se esconden detrás de las luchas políticas.

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Golpe de Estado en Honduras I. Un déjà-vu latinoamericano

El 28 de junio por la mañana, Latinoamérica asistió a una especie de déjà-vu, proveniente, esta vez, de Honduras. Un grupo de militares armados se presenta en el domicilio del presidente Manuel Zelaya y, luego de un enfrentamiento con su custodia personal, lo secuestra y envía a Costa Rica. Otro golpe de Estado...

Los hechos: sucesos de la supuesta “sucesión constitucional”
Hasta el día de hoy, el gobierno de facto que quedó instaurado con el golpe sigue sosteniendo que lo sucedido el 28 de junio se trató de una sucesión constitucional que siguió al arresto de Zelaya, ordenado por la Corte Suprema, por haber violado la Constitución Nacional. Estos son los procedimientos que implicó este pretendido “acto legal” y los hechos que lo siguieron:
*Luego de la irrupción de un grupo militar que hace salir de su domicilio por la fuerza a Zelaya, éste es trasladado en el avión presidencial, custodiado por militares, a la base de Soto Cano (o base aérea Palmerola), ubicada en las cercanías de Comayagua, en el territorio hondureño (Soto Cano es una base militar construida por EEUU en 1981 como sede de las operaciones para enfrentar al gobierno sandinista de nicaragua y que en la actualidad es utilizada por las fuerzas norteamericanas como base para la llamada “Guerra contra las Drogas” en Sudamérica). Desde allí, Zelaya es trasladado al aeropuerto de San José en Costa Rica.
*El mismo domingo, horas después del golpe, se lee en el Congreso la supuesta renuncia del presidente Zelaya a su cargo. Una vez aprobada, asume como presidente interino el presidente del Congreso, Roberto Micheletti.
*A pesar de la presencia militar en las calles, los cortes de luz y radio y la suspensión de las transmisiones del canal 8 (oficial) y del canal 36 (afín al gobierno depuesto) una gran cantidad de personas se acerca al Palacio Presidencial reclamando la restitución del mandatario.
*Desde Costa Rica, Zelaya habla a través de los medios internacionales denunciando los sucesos de esa mañana y negando haber renunciado a su cargo. Se dirige a los soldados hondureños, a quienes pide que no permitan que se consolide el golpe, y al pueblo, a quien exhorta a mantener la desobediencia civil, aunque sin violencia. El comunicado se dirige también al gobierno de los Estados Unidos con la exigencia de que se aclare que no se encuentra detrás del suceso y a todos los Estados, pidiendo la condena inmediata del golpe.
*Ante estos hechos, la OEA (Organización de los Estados Americanos), convocó una reunión de urgencia en la cual condenó firmemente el golpe y reclamó la restitución del orden constitucional en Honduras. El mismo pedido provino de la Unión Europea. El presidente de los Estados Unidos, Barak Obama, a su vez, reconoció a Manuel Zelaya como el único presidente de Honduras y reclamó el respeto de las instituciones democráticas.
*Ante las declaraciones de Zelaya y la respuesta de los gobiernos de la zona, el gobierno de facto cambia de discurso: no se trata ya de una renuncia del presidente sino de una orden de arresto contra él emitida por la Corte Suprema, por los cargos de haber violado la Constitución al pretender realizar cambios que le permitan ser reelecto (ver más adelante).
*Hillary Clinton, Secretaria de Estado del gobierno norteamericano, propone al presidente de Costa Rica, Oscar Arias, como mediador en el conflicto. Tanto Zelaya como Micheletti aceptan la mediación, que produce como resultado un documento de siete puntos que incluían la restitución de Zelaya, la formación de un gobierno de coalición, amnistía política, elecciones adelantadas, no discutir cuestiones constitucionales y la revocación de la resolución de la OEA por la cual se suspendieron las actividades del país dentro de la organización. Pocos días más tarde, la mediación fracasa ante la negativa del presidente de facto de aceptar la restitución de Zelaya a su cargo.
*Después de más de tres meses exiliado y tras un intento fallido realizado unos meses atrás, Zelaya retorna a Honduras el 21 de septiembre y se refugia en la embajada de Brasil. Desde allí llama a la protesta pacífica. Las manifestaciones en los alrededores de la embajada son reprimidas por la policía y el ejército bajo las órdenes del régimen de facto, y se cuentan ya con al menos tres muertos y decenas de heridos como resultado. Se declara el estado de sitio.
*Días atrás, una misión de cancilleres de la OEA arriba a Tegucigalpa para negociar la salida del conflicto. El gobierno de Micheletti sigue en su posición de no consentir al retorno de Zelaya y celebrar elecciones en noviembre, como estaba previsto antes del golpe. La misión se retira sin resultados.

Antecedentes: los pecados de Zelaya
José Manuel Zelaya Rosales asume la presidencia de Honduras en enero de 2006, luego de ganar las elecciones en 1995, representando al Partido Liberal y apoyado por los grupos económicos más importantes del país. Desde el principio, su gobierno comenzó a distanciarse de los fundamentos del Partido Liberal, así también como de sus principales dirigentes y referentes, inclinándose a la izquierda del espectro político.
Hacia fines de 2007 comienza a acercarse a los gobiernos de los países integrantes del ALBA -Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América- (a la que ingresa a comienzos de 2008); principalmente, a Hugo Chávez. Ganándose la antipatía de las compañías locales, impulsa una legislación de compra internacional de petróleo por licitación internacional. Este hecho lo acerca indefectiblemente a Venezuela, que ofrece abastecer de combustible a Honduras a precios subsidiados a través de Petrocaribe, alianza a la que ingresa en enero de 2008.
Todo esto acompañado por otras acciones de gobierno que tendieron a irritar por igual a los partidos conservadores, a sus antiguos aliados, a los empresarios locales y a las fuerzas armadas. Entre ellas se contaron el aumento en el salario mínimo de los trabajadores estatales, la reglamentación del trabajo doméstico, la oposición a la ley minera (que implicaba la entrega del manejo de importantes recursos a empresas como Texaco, Esso y Standard Oil), la propuesta de la transformación de la base Palmerola y la eliminación de los beneficios impositivos a las compañías locales con franquicias de comida rápida. Ya hacia fines de 2006 Zelaya reemplazó a varios ministros y secretarios pertenecientes al Partido Liberal por allegados suyos, militantes de izquierda en los años ’80, provocando gran irritación en quienes, hasta entonces, eran sus aliados.
El día que Zelaya es depuesto estaba prevista la realización de una consulta popular que tenía el fin de determinar si debía incluirse en las elecciones de noviembre una cuarta urna. Siendo las otras tres para la elección del presidente, de diputados y de corporaciones para los municipios, la cuarta serviría para decidir sobre la reunión de una Convención Constituyente para la reforma de la Carta Magna.
Ya en junio de este año, se desata el conflicto institucional. El general Romeo Vásquez, se niega a seguir las instrucciones de Zelaya para llevar a cabo el traslado de urnas para la realización de la consulta propuesta para el 28 de ese mes. Por su parte, la justicia electoral había ordenado detener las urnas y el material electoral declarando inconstitucional dicha medida. Zelaya encabeza entonces una caravana de autos que parte desde la casa de gobierno y llega a la base aérea donde se encuentran secuestradas las urnas, que son trasladadas con el fin de seguir adelante con la organización de la consulta popular. El 24 de ese mes, Romeo Vásquez es destituido como consecuencia de sus actos e, inmediatamente, la Corte Suprema, el Tribunal Supremo Electoral y el Congreso Nacional se oponen a la medida y ordenan la restitución del general, a lo que Zelaya no accede. Esto provocó una reacción que terminó con cientos de soldados armados en la calle, rodeando los edificios estatales, cuatro días antes del golpe.

Y la derecha dice…
Luego de “cambiar de opinión” acerca de la supuesta renuncia de Zelaya, el gobierno de facto justifica el golpe (que, según sus declaraciones se trató de una sucesión en el poder de acuerdo a los procedimientos legales vigentes) con el argumento de que el arresto del presidente respondió a la violación de la Constitución. Según los representantes del nuevo gobierno, Zelaya violó la ley al pretender la reforma de la Constitución con el fin de eliminar de ella los artículos pétreos, uno de los cuales prohíbe la reelección del presidente y condena cualquier intento de perpetuación en el poder.
Lo curioso es que la consulta popular a realizarse el 28 de junio pretendía determinar si en las elecciones de noviembre debía instalarse una urna para, recién en ese momento, votar si debía llamarse una Convención Constituyente. No existió nunca la posibilidad de que Zelaya pretendiera ser reelecto ya que, bajo la Constitución vigente, no podría presentarse como candidato y, aun de ser la respuesta a la consulta afirmativa, la Convención se reuniría habiendo ya un nuevo presidente electo.
La expulsión de Zelaya de Honduras, sostienen Micheletti y sus allegados, siguió a la emisión de una orden de arresto emitida por la Suprema Corte. Supuestamente, en ella hubo una votación unánime que declaraba ilegales los actos del mandatario y ordenaba su arresto. Lo cierto es que en nada se asemeja a un arresto la intrusión que hacen las Fuerzas Armadas en el domicilio presidencial y, sobre todo, ningún arresto supone enviar al arrestado fuera del país.
Claramente, estos argumentos pierden sus fundamentos ante el menor análisis. A todas luces, de lo que se trató en Honduras es lisa y llanamente de un golpe de Estado. Así lo reconocieron claramente todos los gobiernos de la región, tanto representados por la OEA como individualmente, incluido el de Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades de este país, que cuenta con mayor poder y posibilidad de intervención que cualquier otro, mostraron severas ambigüedades.

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La funcionalidad de la centroizquierda a la democracia

Muchos cosas han pasado en la discusión política argentina en el marco del debate de las últimas dos legislaciones: los “superpoderes” y la “ley de medios”. Casi siempre, el “debate” fue decodificado, en la opinión pública, en los siguientes términos: el oficialismo imponiendo por la fuerza las decisiones, la oposición por derecha llamando al consenso como forma de presentarse como la defensora de la república y la centroizquierda siendo funcional al gobierno. Ahora bien, cómo podemos entender rápidamente las tres posiciones, y sobre todo la última que nos interesa particularmente.
El kirchnerismo es, desde su inicio, expresión de un vacío de poder resultado de la crisis del 2001 y, por tanto, conformado bajo un liderazgo fuerte y verticalista. En un primer momento, su debilidad fue compensada con la alineación con un sector progresista de banderas heredadas de la década anterior. Conforme se reestructuraba la histórica base de poder del peronismo, dicha transversalidad fue mutando a la “normalidad” de ese partido, CGT y territorio. Así devino la Concertación y ruptura. Sobre esa base difícilmente pueda converger a lo que se le critica desde la oposición, “dialogo y consenso”; por ahora, aceptando el significado que ellos le dan.
Ahora bien, la oposición, concluidas las elecciones del pasado 28 de junio, construyó su discurso sobre la base de una supuesta debilidad oficialista. A su vez, sobre la creencia de que su victoria se debía al agotamiento de las formas políticas del kirchnerismo –sobre lo cual nosotros tenemos otra lectura-, apostó a marcar los tiempos de la agenda parlamentaria de manera de lograr realizar su programa político, aun antes del cambio de mandato. Sin embargo, el oficialismo, aunque sea hasta aquí, ha mostrado una importante capacidad para utilizar banderas históricas (la lucha por los derechos humanos, una nueva ley de radiodifusión, independencia del poder judicial, etc) le son ajenas, con el fin de estructurar a su alrededor mayorías que le conservan la iniciativa. Frente a ese escenario adverso e insospechado para ellos, la oposición ha mostrado que lo que significan las palabras “consenso” y “democracia”, no es tan distinto a aquello que entiende el oficialismo: es consensual cuando yo lo impongo pero si es el contrario es atropello. Claramente, el oficialismo no es el sumum de la pulcritud institucional, y la oposición ha mostrado que tampoco le importan mucho esas cuestiones:
Caso 1: la decisión de retirarse de la sesión de diputados de la “ley de medios” en lugar de dar la pelea en el recinto, lugar donde el consenso y el debate deben darse, es un claro ejemplo. A su vez, si observamos que de haber permanecido hubieran contado con los números suficientes para modificar artículos que criticaron, el desprecio por las formas se conjuga con una miopía importante.
Caso 2: frente al rumor de que el Vicepresidente del Senado enviaría el proyecto a sólo 2 comisiones, se señalaba el atropello y la falta de debate. Sin embargo, cuando se termina enviando a 4 comisiones -en línea con las demandas de la oposición- se toma como debilidad del kirchnerismo. ¿Acaso no se trataba de la necesidad de esa apertura para permitir un debate enriquecedor? Si es así, deberían celebrar el logro político para alcanzar sus objetivos respecto a la ley, no como pancarta política para desacreditar al gobierno.
Caso 3: la gran mayoría de las excusas para no dar el debate respecto a las diferentes leyes fue, con intensidad creciente, la falta de legitimidad de la actual conformación del Congreso. Aunque es discutible el argumento, de ninguna manera puede ser esgrimido por partidos que, en el gobierno, envían similares leyes a sus parlamentos en igualdad de condiciones, como el PRO en la Ciudad de Buenos Aires. En el mismo sentido no puede culparse de tal problema al inconsensuado adelantamiento de elecciones ya que Macri realizó la misma operación.
Lo patético de la oposición de derecha es que ni siquiera en las temáticas relacionadas a sus críticas al gobierno pueden mantener la apariencia de ser democráticas, republicanas como se intentan mostrar. Allí estará quizá la imposibilidad de arrebatarle la iniciativa al oficialismo a pesar de haber derrotado a Kirchner.
En tercer lugar, nos encontramos a la centroizquierda. ¿Cómo podemos analizar su participación en los debates? ¿Por qué razón se “someten” al gobierno? Ante la realidad de que no tiene el número suficiente de legisladores para marcar la agenda, la centroizquierda reconoce su rol de espectador y -en virtud de la fragmentación del peronismo- árbitro de las decisiones legislativas. De allí, de su incidencia en el quórum y la aprobación de las leyes, que desde diversos sectores se lo catalogue como “funcional”. Sin embargo, la centroizquierda actúa de manera coherente con lo que significa “consenso” y es respetuosa de los acuerdos programáticos que los vieron nacer como fuerzas políticas:
Caso 1: enfrentados a la decisión de si la oposición en ascenso debe tener la potestad de determinar los impuestos a la exportación, la izquierda da el debate y niega esa posibilidad.
Caso 2: al momento de la votación respecto a la “ley de medios”, bandera importante de las organizaciones de base que conforman tales espacios, estas agrupaciones políticas discuten los aspectos negativos de una legislación que, consideran, va en el sentido correcto. De allí su negativa inicial. Sin embargo, se logran mejoras evidentes y, en el marco de aquellas banderas y la eliminación de las aristas más problemáticas, se vota afirmativamente como paso, quizá pequeño, para mejorar la legislación vigente.
Como vemos, la coherencia programática tiene su costo. Cuando, en vista de esos acuerdos, agrupaciones enteras dan quórum y votan a favor de la legislación sin importarles quién redacto el proyecto, son denostados como traidores al mandato que recibieron o directamente de haber sido comprados. Fuera de la descalificación personal, que en ningún momento o lugar sirven para nada, una democracia es inviable si los proyectos “buenos” son aquellos redactados por personas cercanas a nuestra posición y no por las transformaciones que logran o permiten.
Como otra expresión del desconcierto sobre como deben funcionar las instituciones que todos dicen intentar construir, los periodistas se preguntan sobre la desaparición de los partidos políticos. La pregunta no debería ser esa sino, ¿cómo no van a desaparecer si se condena que los legisladores como bloque, en respeto de los acuerdos políticos propios, voten en mismo sentido?
Caso 1: cuando los legisladores del Frente para la Victoria votan afirmativamente y en conjunto, en consonancia con la plataforma 2007, que sostenía explícitamente buscar una nueva ley de medios, los medios y la oposición por derecha afirma que son presionados por diversos métodos –y todos poco claros- por Kirchner.
Caso 2: cuando el vicepresidente, en total desprecio de esa misma plataforma por la que alcanzó esa posición, vota en contra de su propio gobierno, es un triunfo de la conciencia de los legisladores y de la democracia. ¿Es que no estaba de acuerdo con su propia plataforma?
Caso 3: como las expresiones de Carrió sosteniendo que su Coalición defendería cualquier monopolio contra los Kirchner. Recordemos que en sus plataformas siempre sostienen lo importante de la desconcentración económica, al tiempo que en 2007 también sostenía la necesidad de aplicar retenciones.
La desarticulación de los partidos políticos, la ausencia de verdadero debate entre oposición y oficialismo, las maneras poco democráticas de los políticos y su desconocimiento absoluto de los acuerdos partidarios y con la ciudadanía son todos expresión de la ausencia, en cada agrupación política a su manera, de un proyecto de país.
Asimismo, el papel de la centroizquierda es, creemos, destacable por la coherencia en relación a un proyecto, que puede uno compartir o no, construido por debate interno con las bases de su militancia. Frente a él, los representantes actuaron como bloque en relación con sus compromisos asumidos. Así, ante un proyecto de ley, que evidentemente el oficialismo solo presenta por oportunismo y con todos los vicios que le son propios, que es un avance respecto a los objetivos programáticos, sorteadas las principales cuestiones negativas, no puede más que votar positivamente.
Sólo cuando los partidos posean proyecto de país consensuados al interior y con sus bases de militancia, cuando enfrentados a instancias políticas respeten tales acuerdos como bloque (y en caso contrario sean corregidos por sus bases) podremos decir que hay democracia. Sólo allí podremos utilizar correctamente la palabra “consenso” y podremos dejar de llenarnos la boca buscando pactos que no pueden ser si no hay proyectos detrás sobre los que discutir.

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Todo sigue igual...

Uno de los temas postergados por CFK durante las últimas elecciones fue el del INDEC y el controvertido IPC, fue por ello que, a menos de un mes de los comicios, la presidenta decidió lanzar un decreto (el 927/09) con el objetivo de recuperar la credibilidad en las estadísticas públicas y liberarse de la presión política, la cual se hizo sentir principalmente a lo largo de la campaña. Analicemos, entonces, cuáles son los principales cambios propuestos por la norma.
En su artículo tercero, se ordena la creación de un “Consejo Académico de Evaluación y Seguimiento”, integrado por representantes de las Universidades Públicas, para que evalúe la confección de indicadores económicos. Si bien en el decreto no estaba establecido, posteriormente se decidió que el mismo estuviera conformado por las Universidades que dictan carreras o postgrados sobre Estadísticas (UNTREF, UNMdP, UNT, UNR) y la UBA. Dicho Consejo “tendrá como misión prioritaria evaluar la elaboración, aplicación y pertinencia de la (…) metodología (…) utilizada para el cálculo del IPC desde el año 1999 a la fecha (…)”, y, a su vez, “podrá además asistir, evaluar y proponer al INDEC las metodologías de recolección, procesamiento y presentación de información estadística, diseño de muestras, diseño de construcción de índices y definición de indicadores y, en su caso, emitir recomendaciones técnicas”.
Evidentemente, a través de este cambio se busca la aprobación de las instituciones especializadas en la temática como respuesta a los cuestionamientos realizados a raíz de las discrepancias entre las estimaciones privadas y las oficiales. Sin embargo, hay una cuestión que parece menor, y no lo es. Es el hecho de poner en pie de igualdad a los cambios introducidos en 1999 y a los que se realizados a partir de 2007 (“oficializados” en 2008), siendo estos últimos los que fueron cuestionados y no los anteriores. Dejando esta cuestión de lado, uno podría considerar que una revisión “nunca viene mal”. Entonces, veamos ¿qué carácter fue adoptando dicha revisión? Desde el gobierno se sostuvo que si bien el IPC no se corregiría hacia atrás para evitar problemas legales, se introducirían los cambios propuestos por las universidades, siempre que constituyeran instancias superadoras. Sin embargo, ¿quién determina si el aporte es superador frente a la metodología vigente? Nadie dice nada al respecto (tampoco está establecido en el decreto). Lo “razonable” sería que dicha tarea quede en manos del Director Técnico del organismo, es decir de Itzcovich. En este sentido, vale decir que diez días después de que saliera el decreto 927, el mismo Itzcovich afirmó que la metodología no sería modificada, debido a que considera que la misma es correcta. Por lo tanto, aparentemente la evaluación realizada por las Universidades, como quién dice, no iría “ni para adelante, ni para atrás” y, por ende, terminaría siendo un hecho anecdótico, con el único objetivo de legitimar al organismo y a los indicadores publicados.
Además del Consejo Académico, se propuso la creación de un “Consejo de Observación Económico y Social” en materia de estadística, el que “estará integrado por representantes del sector primario, del sector secundario, del sector comercial y del sector servicios, como así también representantes de los trabajadores y de los usuarios y consumidores, que el Ministerio de Economía invite”. A diferencia de lo ocurrido con el anterior, en este caso no ha habido más novedades, sólo trascendió que entre los organismos que lo integrarían se incluyen a la UIA, otras cámaras empresarias y la CGT.
Ahora bien, las medidas mencionadas hasta el momento parecen apuntar a resolver la disputa respecto a los valores del IPC. Más allá de la relevancia del número en sí mismo, creemos que también es importante preguntarse acerca del funcionamiento institucional del INDEC, ya que el mismo condiciona las estadísticas producidas por el mismo. En relación con esta cuestión, nosotros creemos que es fundamental que el Instituto sea un órgano autónomo respecto a cualquiera de los poderes del Estado, que sus funcionarios y técnicos sean elegidos a través de un concurso público y que cuenten con estabilidad por un período preestablecido. Para poner de manifiesto la importancia de estas medidas, se pueden mencionar dos ejemplos actuales. El primero de ellos es que el mismo día que se anunció el decreto, el Ministro de Economía ratificó en su cargo a Ana Edwin, quien se encuentra al frente del organismo a partir de la intervención, y designó a Norberto Itzcovich, otro funcionario que ascendió rápidamente de la mano de Guillermo Moreno, como director técnico del INDEC; lo cual no hubiera sido posible si el mecanismo de selección de funcionarios no fuera tan discrecional como el vigente en la actualidad. El segundo es que tanto Edwin como Itzcovich inicialmente se oponían a la intervención del Instituto, hecho que nos lleva a preguntarnos sobre la idoneidad de estos funcionarios.
De esta forma, queda claro que las medidas propuestas garantizan, por un lado, que los funcionarios y técnicos no puedan ser cambiados por el gobierno según su conveniencia y, por el otro, que los mismos se encuentren capacitados para desempeñar dicha función. En este momento cabe preguntarse ¿el decreto 927 ha avanzado en este sentido?
Difícilmente se pueda decir que se ha “avanzado”. En primer lugar, se establece que el INDEC pase a funcionar dentro de la órbita del Ministerio de Economía, lo cual si bien no representa un cambio relevante respecto a la situación previa (formaba parte del ámbito correspondiente a una secretaría del MECON), tampoco contribuye a que el organismo funcione en forma autónoma, ya que continúa siendo susceptible de sufrir modificaciones en función de las decisiones del gobierno e incluso del ministro. En segundo lugar, se ordena que se mantenga a todo el personal en sus respectivos cargos vigentes al momento de la sanción del decreto. Este hecho que no sólo resulta contradictorio con el objetivo de dotar de credibilidad al INDEC (debido a que el reemplazo de personal histórico de la institución por personas de dudosa formación constituye uno de los grandes cuestionamientos a la intervención iniciada en enero de 2007), sino que tampoco intentar ofrecer soluciones respecto a la forma en la cual se determina la pericia de las personas a cargo del organismo.
En definitiva, sea por las trabas que se establecieron para la evaluación de la metodología aplicada por el INDEC o por la falta de cambios a nivel institucional, el decreto 927 parece avanzar en el sentido de legitimar la situación que se verifica de hecho, más que de revertirla o, aunque sea, modificarla.

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El Consejo de la Magistratura. Revirtiendo los avances.

Creación del Consejo y su conformación original
El Consejo de la Magistratura fue incorporado a nuestra constitución como artículo 114 por la reforma de 1994. En aquel momento, la mayor parte de la opinión pública esperaba múltiples beneficios de su futura gestión; en especial, porque se lo concebía como un instrumento eficaz para independizar efectivamente al Poder Judicial del gobierno de turno. Pero tal confianza no era compartida en una medida similar por los sectores políticos. En primer lugar, porque no existía coincidencia sobre ciertos aspectos particulares que determinarían su perfil definitivo, fundamentalmente, en lo que se refiere a su integración y competencia. En segundo término, porque las atribuciones que finalmente se le confirieron significaban una simultánea pérdida de tales facultades por parte de otros poderes del Estado, controlados -precisamente- por el gobierno de turno. Ambos aspectos, que estuvieron siempre íntimamente relacionados, fueron la explicación de las distintas alternativas que sucedieron a la introducción de la nueva institución por aquella convención constituyente.
Los convencionales de entonces lograron establecer -con alguna precisión- las atribuciones del Consejo, que es competente para: 1) seleccionar mediante concursos públicos los postulantes a las magistraturas de instancias anteriores a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y remitir propuestas en ternas vinculantes al Poder Ejecutivo para su nombramiento, previo acuerdo del Senado; 2) ejercer facultades disciplinarias sobre magistrados; 3) decidir la apertura del procedimiento para su remoción y acusarlos ante el Jurado de Enjuiciamiento (otro nuevo órgano introducido por el artículo 115 de la Constitución), ordenando eventualmente la suspensión del cuestionado; 4) administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley respectiva asigna al Poder Judicial; y, 5) dictar los reglamentos necesarios para asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación de los servicios de Justicia. La primera atribución limitó, aunque no por completo, el ámbito hasta entonces absolutamente discrecional del que gozaba el Presidente de la Nación en sus propuestas de candidatos a jueces. La tercera, afectó las facultades de la Cámara de Diputados y del Senado; quienes hasta entonces tenían a su cargo la acusación y el juzgamiento de los magistrados de todas las instancias. Las restantes, las de la Corte Suprema de Justicia.
Pero la definición de muchos de los aspectos centrales de la institución que se creó en 1994 quedó diferida, en mayor o menor medida, a lo que estableciera una futura ley especial que debería dictar el Congreso; precisamente, por la falta de un mínimo acuerdo en el seno de la Convención Constituyente. Este arbitrio, al que se acudió para evitar la frustración completa de la reforma que se intentaba, fue justificado por la necesidad de que una cierta flexibilidad normativa permitiera hacerse cargo de la experiencia que se fuera recogiendo con su futuro funcionamiento, sin necesidad de nueva modificación constitucional. Sin embargo, los acontecimientos posteriores demostraron que el consenso al que no se pudo arribar entonces se prolongaría por largo tiempo, por la resistencia de los anteriores titulares de las facultades que se concedían al Consejo (aunque eso significara, por ejemplo, que no hubieran podido designarse nuevos jueces desde 1995).
Pero, sin duda por la presión de la opinión pública, la primera ley especial del Congreso fue publicada finalmente recién a principios de 1998 -en realidad, fueron dos, numeradas como 24.937 y 24.939- y la efectiva instalación del Consejo se produjo el 17 de noviembre de ese año, luego de cumplido un complejo procedimiento electoral. De todos modos, este acto sólo hizo variar el eje de la discusión: ya que -en definitiva- habría Consejo, la cuestión pasó a ser ahora como controlarlo. Y, naturalmente, el centro del debate fue uno de los puntos que quedaron indeterminados en el texto constitucional: la composición del cuerpo.
El artículo 114 señala solamente que "será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias, y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado, asi¬mismo, por otras personalidades del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley". En este sentido, suscitó diferentes interpretaciones el significado de la palabra "equilibrio" entre las distintas representaciones que enuncia la disposición citada. ¿Cuántos y cuáles son los sectores que deben estar "equilibrados"? En la discusión de las leyes que lo pusieron en funcionamiento, quienes apoyaron los proyectos finalmente sancionados se inclinaron por entender que la expresión aludía a que ninguno de los sectores que menciona la constitución podría tener mayoría propia.
De acuerdo con esta posición, la integración original del Consejo de la Magistratura, establecida por las leyes publicadas en 1998, fue de 20 miembros: a) el presidente de la Corte Suprema de Justicia; b) 4 jueces del Poder Judicial de la Nación; c) 4 senadores y 4 diputados, de los que -en cada Cámara- correspondían 2 al bloque con mayor representación legislativa, 1 por la primera minoría y 1 por la segunda minoría; d) 4 abogados de la matrícula federal; e) 1 representante del Poder Ejecutivo; y, f) 2 representantes del ámbito científico y académico.

Conformación actual y sus problemáticas
La integración actual del Consejo de la Magistratura fue establecida por la ley 26.080 (sancionada en el 2006) que, en cambio, lo compone con 13 miembros: a) 3 jueces del Poder Judicial de la Nación; b) 3 senadores y 3 diputados, correspondiendo 2 al bloque más numeroso y 1 al que le sigue en cantidad de legisladores en cada Cámara; c) 2 abogados de la matrícula federal; d) 1 representante del Poder Ejecutivo; y, e) 1 representante del ámbito académico y científico.
Desde la composición original, se llegó al actual número de miembros de la siguiente forma: a) Eliminando al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la composición del Consejo; b) reduciendo de 4 a 3 a los jueces del Poder Judicial de la Nación; c) disminuyendo de 8 a 6 a los legisladores (eliminando a los representantes de la segunda minoría); d) reduciendo de 4 a 2 a los representantes de los abogados de la matrícula federal; y, f) fisminuyendo de 2 a 1 a los representantes del ámbito científico y académico.
La pregunta acerca de cuál es el número ideal de miembros de un órgano con las facultades que tiene asignadas el Consejo ha generado múltiples respuestas y parece, en última instancia, una cuestión opinable. Sin perjuicio de ello, el artículo de la Constitución antes citado contiene algunas indicaciones respecto de su integración que la reforma introducida por la ley 26.080 no parece respetar: a) la mención de los representantes "de los jueces de todas las instancias", porque se ha eliminado al de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; y, b) la referencia a las "personalidades del ámbito académico y científico", porque las ha reducido a un solo miembro, cuando está expresada en plural (la ley 24.939, precisamente, incorporó un segundo representante del sector al único previsto por la ley 24.937).
Pero lo que ha variado sensiblemente es el concepto de "equilibrio". En las leyes originales había 9 miembros provenientes de los órganos resultantes de la elección popular (8 legisladores y el representante del Poder Ejecutivo) y 11 de los restantes sectores (5 jueces, 4 abogados y 2 personalidades del ámbito académico y científico). Al partido gobernante sólo le correspondían, en principio, 5 de sus 20 integrantes. En la ley 26.080, son 7 los representantes "políticos" (6 legisladores y el representante del Poder Ejecutivo) y 6 los representantes "profesionales" (3 jueces, 2 abogados y 1 personalidad del ámbito académico y científico). Al partido gobernante le siguen correspondiendo 5 de sus integrantes, pero ahora sobre un total de 13 miembros.
Esta composición adquiere relevancia, como en cualquier cuerpo colegiado, en función del quórum para sesionar y de las mayorías requeridas por la ley para adoptar decisiones. La regla general es que el quórum para sesionar es de 7 miembros y que las decisiones se adoptan por mayoría absoluta de miembros presentes, salvo cuando la ley requiere de mayorías especiales. Sólo hay tres casos de mayoría especial, que es de dos tercios de los miembros presentes (cuando se trata de la aprobación de una terna de candidatos a jueces para remitirla al Poder Ejecutivo o de la acusación de un magistrado para su eventual remoción por el Jurado de Enjuiciamiento), o de tres cuartos de los miembros totales, cuando se trata de la remoción de un representante del sector "profesional"; ya que los representantes del sector "político", a partir de la ley de 2006, ya no pueden ser destituidos por el Consejo.
El sector "político", en consecuencia, adquirió autonomía -a partir de esta reforma- para sesionar con independencia de la presencia de todos los miembros del otro sector (en las leyes de 1998, el quórum era de 12 miembros y sólo lo constituían 9). Asimismo, cuenta con mayoría propia para adoptar todo tipo de decisiones salvo las expresamente mencionadas por la ley. Como simple ejemplo de la relevancia que pueden adoptar tales decisiones, debe destacarse la aplicación de sanciones disciplinarias a magistrados que no impliquen su remoción y, naturalmente, todas las que se refieren a la administración y reglamentación del Poder Judicial en todos sus aspectos y a la estructura del Consejo en particular.
Los representantes "políticos", en cualquier caso, no pueden provenir del mismo espacio partidario, ya que la ley establece -como se ha visto- que 2 de los 6 legisladores deben pertenecer a otro bloque. En consecuencia, debe mediar un acuerdo de todos los integrantes del sector para imponer su voluntad al resto del Consejo. También este sector tiene mayoría propia para designar al presidente del Consejo, cargo que -hasta el 2006- era ejercido por el titular de la Corte Suprema de Justicia, que es designado por sus pares. El presidente del Consejo, además de contar con doble voto en caso de empate en una votación, es una figura de singular relevancia en todas las decisiones que hacen al funcionamiento interno del Consejo.
Pero el régimen de las mayorías especiales para adoptar cierto tipo de resoluciones, antes aludido, implica que los 5 miembros por el partido gobernante (4 legisladores y el representante del Poder Ejecutivo) aunque no puedan imponer una decisión sin acuerdo de los otros 2 integrantes del sector "político", pueden oponerse con éxito -en cambio- a toda decisión del cuerpo que no coincida con sus "intereses"; adquiriendo así una suerte de derecho de veto. En este tipo de resoluciones, que requieren una mayoría de dos tercios (la acusación a un juez o la remisión de una terna al Poder Ejecutivo), los 5 votos del oficialismo alcanzan de por sí para impedir cualquier decisión; porque, si están todos presentes, se necesitan -como mínimo- 9 votos de 13 y el resto de los sectores no tiene posibilidad matemática de conseguirlos.
La generalidad de las decisiones, de todos modos, se toma por mayoría de miembros presentes, es decir, que -si asisten todos los consejeros- se necesitan 7 votos afirmativos (ya que son 13 sus integrantes). Y, como ocurre en el Congreso, tampoco es tan difícil lograr ser mayoría en una sesión partiendo de 5 votos seguros. En primer lugar, se sabe quienes van a estar ausentes y también se puede conseguir -mediante alguna transacción particular- que alguien vote a favor, que falte sin aviso o que se tenga que ir en el momento conveniente (por ejemplo, si faltan 2 Consejeros, con 1 sólo voto más es suficiente). Entonces, la introducción de una cuestión en las sesiones es, simplemente, una cuestión de oportunidad y de saber contar los votos. De todos modos, si es otro sector el que la plantea y el oficialismo no tiene los votos para ganar, lo normal es que pida la postergación del tratamiento del tema y así suele hacerlo "ad aeternum" (por esa razón las denuncias contra jueces están abiertas por años y los concursos tardan lo que tardan). Particularmente en los concursos, es frecuente que -para destrabar la cuestión- presionen por la inclusión de algún candidato propio en la terna como condición para aprobarla (este candidato es el que en definitiva termina eligiendo el Poder Ejecutivo). Si no lo consiguen, continúan votando en contra y el concurso o la acusación a un juez, o la desestimación de la denuncia, no concluyen.
Las resoluciones del Plenario del Consejo, como regla general, deben venir precedidas por un dictamen de una de las 4 comisiones por intermedio de las cuales se canaliza su actividad (de Selección de Magistrados y Escuela Judicial, de Disciplina y Acusación, de Administración y Financiera, y de Reglamentación). La ley de 2006 fijó la composición por sector de cada una de las comisiones, variando el criterio de las leyes de 1998, que lo deferían a una decisión del mismo Consejo. La designación de los consejeros que se integran en cada comisión continúa correspondiendo al Plenario por mayoría absoluta de los miembros presentes, es decir, de acuerdo con la regla general antes comentada. En este punto también existe una cuestión sobre el concepto de "equilibrio".
La reforma varió profundamente lo que había aplicado el Consejo en los ocho años anteriores. Como ejemplo, puede señalarse que la Comisión de de Selección de Magistrados y Escuela Judicial tenía -hasta 2006- 12 miembros por decisión del mismo cuerpo: 4 abogados, 3 jueces, 2 diputados, 2 representantes del ámbito académico y científico y el representante del Poder Ejecutivo (9 "profesionales" y 3 "políticos"). La ley 26.080 la integra con 8 miembros: 3 jueces, 3 diputados, el representante del Poder Ejecutivo y el representante del ámbito académico y científico; excluyendo a los abogados (4 "profesionales" y 4 "políticos").
Asimismo, de los 9 miembros de la Comisión de Disciplina y Acusación, ahora 5 son representantes del sector "político" (2 senadores, 2 diputados y el representante del Poder Ejecutivo) y 4 del sector "profesional" (un representante de los abogados de la matrícula federal, 2 jueces y el representante del ámbito académico y científico). También tiene mayoría el sector "político" en la Comisión de Administración y Financiera: 4 miembros (2 diputados, un senador y el representante del Poder Ejecutivo) contra 3 del sector "profesional" (2 jueces y un representante de los abogados de la matrícula federal). Existe paridad entre los sectores en la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial (4 cada uno), a la que ya se hizo referencia, y el sector "profesional" sólo tiene mayoría en la Comisión de Reglamentación: 4 miembros (2 jueces, un abogado y el representante del ámbito académico y científico) contra 2 (un diputado y un senador).

Resumiendo
Al margen de ciertas contradicciones con el texto constitucional que ya se han señalado y que no parecen argumentables por vía de interpretación, es claro que la reforma de 2006 ha distorsionado el concepto de "equilibrio" entre los sectores "políticos" y "profesionales" establecido en la constitución; en primer lugar, porque aquéllos han pasado de menos de la mitad a más de la mitad de los miembros del Consejo (de 9 sobre 20 a 7 sobre 13). Pero también, lo ha deformado en lo que se refiere a la participación del oficialismo, dentro del sector "político" (de 5 sobre 9 a 5 sobre 7) y dentro del total (de 5 sobre 20 a 5 sobre 13).
Entonces, el Consejo de la Magistratura, pensado precisamente para independizar al Poder Judicial del gobierno de turno, ha pasado a ser controlado por ese mismo gobierno. Sobre la base de una apariencia que le otorga mayor legitimidad, que hemos mostrado no es real.
Evidentemente habrá que discutir cuál es la mejor conformación para dar mejor funcionamiento al Consejo, que puede o no ser su versión original pero que claramente debe respetar el objetivo que posee, independizar al Poder Judicial del Poder Ejecutivo.

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