25 abril, 2009

¿Haciendo Buenos Aires? Déficit habitacional y político.

De acuerdo a un Censo realizado por el Gobierno de la Ciudad el mes pasado, en la Villa 31 viven unas 25.987 personas, es decir que en sólo ocho años se duplicó la población que -en esa pequeña porción de la ciudad- vive en condiciones lamentables de hacinamiento y sin los servicios públicos más básicos. Para tener una idea aproximada de la magnitud del fenómeno podemos señalar que la población total argentina tardó más de medio siglo en duplicarse (1947-2001).
A pesar de este fuerte crecimiento en los últimos años, la problemática dista de ser nueva. Ni siquiera es producto del empeoramiento de las condiciones sociales ocurrido durante la década del noventa y principios de la actual, ya que
el asentamiento tiene -tristemente- más de sesenta años de historia.
Ahora bien, diferentes argumentos se interponen a la efectiva solución de las condiciones de vida de esas familias, por un lado, se encuentran los de corte económico (en el peor sentido de la palabra), vinculados principalmente al valor de esas tierras cercanas a los barrios más exclusivos de la ciudad, por el otro, el enojo de los “vecinos” de Buenos Aires, que como siempre muestran la peor cara de esta ciudad. Aquí aparecen dos de esas “verdades por repetición”: que la gente que vive allí lo hace porque quiere y que, encima, se les construirían casas con los impuestos que todos pagamos. Efectivamente, los impuestos sirven a fines redistributivos, pero no hay que engañarse: esa población contribuye con su trabajo a la riqueza de esta ciudad. Por último, la cuestión jurisdiccional constituye un problema adicional, ya que esos terrenos son propiedad del gobierno nacional. Sin embargo, más allá de todo esto, los especialistas (gente que no suele ser escuchada en los variados conflictos que se desarrollan en nuestro país) sostienen que ese predio es perfectamente urbanizable. Inclusive existe un proyecto ya desarrollado por la UBA. Si bien es evidente que la simple urbanización no resuelve el problema de la “gente que sobra”, creemos que es un primer y muy fuerte paso hacia la integración. Las calles no son sólo calles, sino que constituyen el camino a ser parte de la misma ciudad donde todos vivimos.
Todo sabrán que, aún siendo el más estigmatizado, no es éste el único asentamiento, ni tampoco el más importante.
Otros tantos se desparraman por la ciudad, principalmente en la zona sur. Como señal de la generalidad del problema, en la madrugada del viernes 3 de abril, un grupo de habitantes de la villa 1-11-14 ocupó un complejo del Fonavi a punto de ser entregado (con un antecedente similar en julio de 2006). Las personas abandonaron el lugar luego de ser censadas con la promesa de recibir viviendas próximamente. A las “villas” se agrega la realidad que enfrentan día a día las personas en situación de calle.
Por último, pero en la misma página, se desarrolla el conflicto por los edificios tomados en la ciudad, muy relacionado con el auge inmobiliario vivido en los últimos años. Si el problema es de por sí complejo, el gobierno porteño ha elegido el peor camino para avanzar. Como
ha sido denunciado, Macri ha organizado un grupo especial -la UCEP- para amenazar y expulsar de hecho a las personas que ocupen tanto edificios como el espacio público.
Evidentemente, la lógica del mercado deja fuera -una vez más- a la mayor parte de la población. Mientras todo esto sucede, los edificios de lujo invaden la ciudad. Pareciera que en la ecuación de rentabilidad no hay lugar para complejos que no incluyan jardín, pileta, gimnasio etc., los cuales -de existir una correcta política de créditos- serían accesibles a esa gran parte de las familias que de otra manera deben alquilar. Esto redundaría además en una caída de la demanda de viviendas de alquiler y, por ende, en una reducción de su valor; lo que permitiría un hogar digno a las familias con menores ingresos y así acercarnos sucesivamente al cumplimiento real del derecho a la vivienda.
Sin embargo, frente a todo esto el Gobierno de la Ciudad avanza reduciendo los presupuestos de los organismos responsables Instituto de Vivienda de la Ciudad –IVC- (en un 80%) y Corporación Sur (en un 50%).
Ahora bien, ¿no tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la suficiente riqueza como para comenzar a asistir como corresponde a sus habitantes? Sin embargo, se avanza sobre el problema reproduciendo las peores lógicas posibles (la especulación inmobiliaria respecto al derecho a la vivienda y la violencia directa sin amparo legal). Los recursos técnicos necesarios para ejecutar el complejo plan de urbanización evidentemente existen (con algunas de sus partes incluso ya diseñadas). ¿Que los detiene entonces? Al final, no están haciendo Buenos Aires.
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11 abril, 2009

De la amenaza de un nuevo IAPI a la coparticipación de las retenciones

En el marco del conflicto que desde hace más de un año se desenvuelve entre el gobierno y el “campo”, comenzó a circular en el último mes la versión de una posible nacionalización del comercio internacional de granos.
Se difundieron distintas versiones de la supuesta medida que vendría a dar por terminada la discusión en torno al nivel de la alícuota de las retenciones. Las más audaces hacían referencia a un retorno a organismos como el IAPI, creado durante el gobierno de Perón, o la Junta Nacional de Granos de los años ’30. Otras, más moderadas, sostenían que se trataría de un organismo similar a los existentes en Australia y Canadá, sin constituirse en un monopolio estatal.
El proyecto del gobierno consistía, aparentemente, en conformar un organismo que quedaría bajo la órbita del flamante Ministerio de Producción a cargo de Débora Giorgi. El instrumento apuntaría, según sus impulsores, a diversos objetivos: evitar la intermediación, asegurar un precio sostén y destinar una mayor proporción de la producción a industrias transformativas, como aceiteras y molineras, con el objeto de agregarle valor a esos productos. La diferencia de una agencia de este tipo con un monopolio estatal del comercio radicaría en que su intervención se limitaría a aquellos mercados cuyas estructuras internas provocan “distorsiones” en la distribución de la renta de la tierra.
De esta manera, un organismo nacional de control del comercio exterior de granos permitiría al Estado la eliminación de las retenciones sin perder la capacidad de captar la renta extraordinaria generada por el sector primario. Más aun, podría brindarle el control sobre la parte de la ganancia que fluía de los pequeños productores a las grandes empresas acopiadoras.
La cadena de comercialización de granos, tal como funciona en la actualidad, comprende a productores, acopiadores y exportadores. Estas dos últimas fases de la cadena suelen estar directa o indirectamente ligadas. Se trata de un reducido número de grandes empresas entre las que se cuentan AGD, Bunge, Dreyfus y Cargill, entre pocas otras. El acopio de la producción les permite especular con las variaciones de los precios internacionales lo que, junto con el poder de negociación que obtienen en su carácter de empresas oligopólicas, les hace posible apropiar gran parte de la renta generada en el sector primario, en detrimento de los propios productores. De hecho, la desequilibrada estructura del sector fue mentada varias veces en los discursos por los voceros de “el campo”, sobre todo los representantes de los pequeños y medianos productores, como argumento contra las retenciones.
Se suponía que un organismo estatal como el propuesto actuaría como único comprador de ciertos productos (soja, trigo, maíz y girasol), desplazando de este nicho a los mencionados capitales. Así, podría tener el control de los precios internos sin recurrir a los impuestos a la exportación y captando (con objetivos redistributivos) la parte de la renta que escapaba hacia las grandes empresas agroexportadoras.
Lo cierto es que la suerte que corrió este rumor dejó al descubierto los muchos intereses que permanecían ocultos en los discursos tanto de los dirigentes rurales como del gobierno mismo. Ante este anuncio informal del gobierno, las reacciones de la Mesa de Enlace no se hicieron esperar, esta vez provenientes, principalmente, de representantes de la Sociedad Rural (SRA) y de Carbap. Hugo Biolcatti, presidente de la SRA, declaró que esta medida no sería otra cosa que un intento más del gobierno de “hacer caja”, mientras que otros representantes sostuvieron la hipótesis de que este rumor se corría con la única intención de forzar la venta de los granos de la cosecha pasada que se mantienen ensilados y cuya magnitud, según éstos, está sobreestimada por el gobierno.
Resulta notable que, además de que esa reacción proviniera del sector de la Mesa de Enlace que representa a los productores de mayor tamaño (quienes tienen una relación mucho más estrecha con las acopiadoras), la medida en sí no fuera discutida en ningún momento. Las acusaciones se limitaron a señalar los propósitos ocultos del gobierno sin poner en tela de juicio el papel que las empresas agroexportadoras cumplen en la cadena productiva.
Por su parte, el Ejecutivo anuncia -unas semanas después- una medida en relación al campo: la coparticipación de las retenciones obtenidas sobre la soja. Lejos del supuesto plan para su eliminación y sustitución por un mecanismo de control de tinte “desarrollista” como el mismo gobierno lo calificó, la búsqueda de una “solución” al conflicto con el sector se dirigió a elevar el porcentaje de las retenciones destinado a las provincias, que pasó a ser del 30%. De ese total, un 70% quedaría en manos de los gobiernos provinciales mientras que el 30% restante pasaría a los municipios. Así, se retoca el destino de los fondos conservándose las cuestiones esenciales sobre las que gira el conflicto. Todo esto en un momento más que propicio, dado el calendario electoral.
Independientemente del contenido mismo de esta “solución”, lo cierto es que la estructura de la comercialización de granos quedó intacta. Las grandes empresas acopiadoras no habían asomado las narices ante el conflicto por la resolución 125 ya que el mismo no las afectaba directamente. Su voz, sin embargo, se hizo escuchar, aunque indirectamente, ante el rumor de la nacionalización del comercio de granos. Pero, a fin de cuentas, la cuestión se reduce a que, con o sin coparticipación, siguen detentando la potestad de apoderarse de una parte de la renta de la tierra en base al control oligopólico del comercio de materias primas.
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