15 mayo, 2009

Agrotóxicos

Hace ya varios meses que lo que se denominó “la cuestión del campo” ha pasado a ocupar la agenda y los discursos de los funcionarios. Mucho se ha hablado respecto de la forma de solucionar el problema de la renta, de la política agropecuaria y demás. Sin embargo, poco se discutió en el pasado conflicto sobre la utilización constante de cultivos transgénicos y agroquímicos que conforman la base sobre la cual se sustenta el modelo agropecuario instalado a mediados de los noventa. En este marco, poco se ha avanzado en la discusión respecto a la forma que toma la producción con la honrosa excepción de los movimientos campesinos y organizaciones ecologistas (a estos habría que sumar a FAA, pero en algún momento del 2008 se les olvidó su posición). En Europa, por el contrario, ya se ha prohibido la comercialización de, por ejemplo, un tipo de maíz transgénico elaborado por las mismas compañías que proveen a los productores locales. Sin embargo, en los últimos tiempos se han empezado a discutir las consecuencias que posee ese paquete tecnológico. Es el caso de los habitantes de diferentes regiones del país, quienes reiteradas veces han denunciado que la utilización constante y de manera normal de pesticidas resulta perjudicial en términos sanitarios y ambientales. A partir de sus reclamos, se ha limitado el uso de tales instrumentos, prohibiendo su utilización en tierras cercanas a zonas urbanas. Ciertamente, esto implica un avance concreto en el buen camino. Pero es necesario considerar que la medida se limita simplemente a que no se rocíe con tóxicos directamente a la población, lo cual constituye una acción de mero sentido común. En efecto, nada se ha reglamentado respecto de la permanencia de éstos por extensos períodos en el ambiente y su dispersión mediante el viento y el agua. Claramente, estas cuestiones deben resolverse de manera integral o de lo contrario continuarán efectuándose bajo las peores formas, como son los denominados “niños bandera". En este desalentador marco, en el último tiempo, dichos reclamos se han visto respaldados por estudios de laboratorio que demuestran los daños que provocan esos agrotóxicos, aún cuando se suministran en dosis mucho más pequeñas que las sugeridas. Frente a esta situación, se ha realizado una presentación para prohibir preventivamente la venta de tales productos en la Argentina. Sin embargo, la importancia que tiene esta problemática se demuestra por las diferentes presiones que recibió el equipo investigador (ver nota Indymedia; nota Página/12). A su vez, las autoridades nacionales responsables se desligaron de las consecuencias del trabajo realizado por sus propios investigadores, al tiempo que los medios de comunicación minimizaron la importancia de esos resultados. Claramente, al plantearse una nueva política agropecuaria, es esencial saldar las discusiones respecto del problema de la renta. Pero, al mismo tiempo, no es posible dejar fuera el debate sobre la forma en que se realiza la producción y las consecuencias que ésta acarrea sobre la población.
Una política agropecuaria integral debe necesariamente responder a las cuestiones fundamentales de quiénes, cómo y para quién producirá el campo.
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