Uno de los temas postergados por CFK durante las últimas elecciones fue el del INDEC y el controvertido IPC, fue por ello que, a menos de un mes de los comicios, la presidenta decidió lanzar un decreto (el 927/09) con el objetivo de recuperar la credibilidad en las estadísticas públicas y liberarse de la presión política, la cual se hizo sentir principalmente a lo largo de la campaña. Analicemos, entonces, cuáles son los principales cambios propuestos por la norma.
En su artículo tercero, se ordena la creación de un “Consejo Académico de Evaluación y Seguimiento”, integrado por representantes de las Universidades Públicas, para que evalúe la confección de indicadores económicos. Si bien en el decreto no estaba establecido, posteriormente se decidió que el mismo estuviera conformado por las Universidades que dictan carreras o postgrados sobre Estadísticas (UNTREF, UNMdP, UNT, UNR) y la UBA. Dicho Consejo “tendrá como misión prioritaria evaluar la elaboración, aplicación y pertinencia de la (…) metodología (…) utilizada para el cálculo del IPC desde el año 1999 a la fecha (…)”, y, a su vez, “podrá además asistir, evaluar y proponer al INDEC las metodologías de recolección, procesamiento y presentación de información estadística, diseño de muestras, diseño de construcción de índices y definición de indicadores y, en su caso, emitir recomendaciones técnicas”.
Evidentemente, a través de este cambio se busca la aprobación de las instituciones especializadas en la temática como respuesta a los cuestionamientos realizados a raíz de las discrepancias entre las estimaciones privadas y las oficiales. Sin embargo, hay una cuestión que parece menor, y no lo es. Es el hecho de poner en pie de igualdad a los cambios introducidos en 1999 y a los que se realizados a partir de 2007 (“oficializados” en 2008), siendo estos últimos los que fueron cuestionados y no los anteriores. Dejando esta cuestión de lado, uno podría considerar que una revisión “nunca viene mal”. Entonces, veamos ¿qué carácter fue adoptando dicha revisión? Desde el gobierno se sostuvo que si bien el IPC no se corregiría hacia atrás para evitar problemas legales, se introducirían los cambios propuestos por las universidades, siempre que constituyeran instancias superadoras. Sin embargo, ¿quién determina si el aporte es superador frente a la metodología vigente? Nadie dice nada al respecto (tampoco está establecido en el decreto). Lo “razonable” sería que dicha tarea quede en manos del Director Técnico del organismo, es decir de Itzcovich. En este sentido, vale decir que diez días después de que saliera el decreto 927, el mismo Itzcovich afirmó que la metodología no sería modificada, debido a que considera que la misma es correcta. Por lo tanto, aparentemente la evaluación realizada por las Universidades, como quién dice, no iría “ni para adelante, ni para atrás” y, por ende, terminaría siendo un hecho anecdótico, con el único objetivo de legitimar al organismo y a los indicadores publicados.
Además del Consejo Académico, se propuso la creación de un “Consejo de Observación Económico y Social” en materia de estadística, el que “estará integrado por representantes del sector primario, del sector secundario, del sector comercial y del sector servicios, como así también representantes de los trabajadores y de los usuarios y consumidores, que el Ministerio de Economía invite”. A diferencia de lo ocurrido con el anterior, en este caso no ha habido más novedades, sólo trascendió que entre los organismos que lo integrarían se incluyen a la UIA, otras cámaras empresarias y la CGT.
Ahora bien, las medidas mencionadas hasta el momento parecen apuntar a resolver la disputa respecto a los valores del IPC. Más allá de la relevancia del número en sí mismo, creemos que también es importante preguntarse acerca del funcionamiento institucional del INDEC, ya que el mismo condiciona las estadísticas producidas por el mismo. En relación con esta cuestión, nosotros creemos que es fundamental que el Instituto sea un órgano autónomo respecto a cualquiera de los poderes del Estado, que sus funcionarios y técnicos sean elegidos a través de un concurso público y que cuenten con estabilidad por un período preestablecido. Para poner de manifiesto la importancia de estas medidas, se pueden mencionar dos ejemplos actuales. El primero de ellos es que el mismo día que se anunció el decreto, el Ministro de Economía ratificó en su cargo a Ana Edwin, quien se encuentra al frente del organismo a partir de la intervención, y designó a Norberto Itzcovich, otro funcionario que ascendió rápidamente de la mano de Guillermo Moreno, como director técnico del INDEC; lo cual no hubiera sido posible si el mecanismo de selección de funcionarios no fuera tan discrecional como el vigente en la actualidad. El segundo es que tanto Edwin como Itzcovich inicialmente se oponían a la intervención del Instituto, hecho que nos lleva a preguntarnos sobre la idoneidad de estos funcionarios.
De esta forma, queda claro que las medidas propuestas garantizan, por un lado, que los funcionarios y técnicos no puedan ser cambiados por el gobierno según su conveniencia y, por el otro, que los mismos se encuentren capacitados para desempeñar dicha función. En este momento cabe preguntarse ¿el decreto 927 ha avanzado en este sentido?
Difícilmente se pueda decir que se ha “avanzado”. En primer lugar, se establece que el INDEC pase a funcionar dentro de la órbita del Ministerio de Economía, lo cual si bien no representa un cambio relevante respecto a la situación previa (formaba parte del ámbito correspondiente a una secretaría del MECON), tampoco contribuye a que el organismo funcione en forma autónoma, ya que continúa siendo susceptible de sufrir modificaciones en función de las decisiones del gobierno e incluso del ministro. En segundo lugar, se ordena que se mantenga a todo el personal en sus respectivos cargos vigentes al momento de la sanción del decreto. Este hecho que no sólo resulta contradictorio con el objetivo de dotar de credibilidad al INDEC (debido a que el reemplazo de personal histórico de la institución por personas de dudosa formación constituye uno de los grandes cuestionamientos a la intervención iniciada en enero de 2007), sino que tampoco intentar ofrecer soluciones respecto a la forma en la cual se determina la pericia de las personas a cargo del organismo.
En definitiva, sea por las trabas que se establecieron para la evaluación de la metodología aplicada por el INDEC o por la falta de cambios a nivel institucional, el decreto 927 parece avanzar en el sentido de legitimar la situación que se verifica de hecho, más que de revertirla o, aunque sea, modificarla.
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En su artículo tercero, se ordena la creación de un “Consejo Académico de Evaluación y Seguimiento”, integrado por representantes de las Universidades Públicas, para que evalúe la confección de indicadores económicos. Si bien en el decreto no estaba establecido, posteriormente se decidió que el mismo estuviera conformado por las Universidades que dictan carreras o postgrados sobre Estadísticas (UNTREF, UNMdP, UNT, UNR) y la UBA. Dicho Consejo “tendrá como misión prioritaria evaluar la elaboración, aplicación y pertinencia de la (…) metodología (…) utilizada para el cálculo del IPC desde el año 1999 a la fecha (…)”, y, a su vez, “podrá además asistir, evaluar y proponer al INDEC las metodologías de recolección, procesamiento y presentación de información estadística, diseño de muestras, diseño de construcción de índices y definición de indicadores y, en su caso, emitir recomendaciones técnicas”.
Evidentemente, a través de este cambio se busca la aprobación de las instituciones especializadas en la temática como respuesta a los cuestionamientos realizados a raíz de las discrepancias entre las estimaciones privadas y las oficiales. Sin embargo, hay una cuestión que parece menor, y no lo es. Es el hecho de poner en pie de igualdad a los cambios introducidos en 1999 y a los que se realizados a partir de 2007 (“oficializados” en 2008), siendo estos últimos los que fueron cuestionados y no los anteriores. Dejando esta cuestión de lado, uno podría considerar que una revisión “nunca viene mal”. Entonces, veamos ¿qué carácter fue adoptando dicha revisión? Desde el gobierno se sostuvo que si bien el IPC no se corregiría hacia atrás para evitar problemas legales, se introducirían los cambios propuestos por las universidades, siempre que constituyeran instancias superadoras. Sin embargo, ¿quién determina si el aporte es superador frente a la metodología vigente? Nadie dice nada al respecto (tampoco está establecido en el decreto). Lo “razonable” sería que dicha tarea quede en manos del Director Técnico del organismo, es decir de Itzcovich. En este sentido, vale decir que diez días después de que saliera el decreto 927, el mismo Itzcovich afirmó que la metodología no sería modificada, debido a que considera que la misma es correcta. Por lo tanto, aparentemente la evaluación realizada por las Universidades, como quién dice, no iría “ni para adelante, ni para atrás” y, por ende, terminaría siendo un hecho anecdótico, con el único objetivo de legitimar al organismo y a los indicadores publicados.
Además del Consejo Académico, se propuso la creación de un “Consejo de Observación Económico y Social” en materia de estadística, el que “estará integrado por representantes del sector primario, del sector secundario, del sector comercial y del sector servicios, como así también representantes de los trabajadores y de los usuarios y consumidores, que el Ministerio de Economía invite”. A diferencia de lo ocurrido con el anterior, en este caso no ha habido más novedades, sólo trascendió que entre los organismos que lo integrarían se incluyen a la UIA, otras cámaras empresarias y la CGT.
Ahora bien, las medidas mencionadas hasta el momento parecen apuntar a resolver la disputa respecto a los valores del IPC. Más allá de la relevancia del número en sí mismo, creemos que también es importante preguntarse acerca del funcionamiento institucional del INDEC, ya que el mismo condiciona las estadísticas producidas por el mismo. En relación con esta cuestión, nosotros creemos que es fundamental que el Instituto sea un órgano autónomo respecto a cualquiera de los poderes del Estado, que sus funcionarios y técnicos sean elegidos a través de un concurso público y que cuenten con estabilidad por un período preestablecido. Para poner de manifiesto la importancia de estas medidas, se pueden mencionar dos ejemplos actuales. El primero de ellos es que el mismo día que se anunció el decreto, el Ministro de Economía ratificó en su cargo a Ana Edwin, quien se encuentra al frente del organismo a partir de la intervención, y designó a Norberto Itzcovich, otro funcionario que ascendió rápidamente de la mano de Guillermo Moreno, como director técnico del INDEC; lo cual no hubiera sido posible si el mecanismo de selección de funcionarios no fuera tan discrecional como el vigente en la actualidad. El segundo es que tanto Edwin como Itzcovich inicialmente se oponían a la intervención del Instituto, hecho que nos lleva a preguntarnos sobre la idoneidad de estos funcionarios.
De esta forma, queda claro que las medidas propuestas garantizan, por un lado, que los funcionarios y técnicos no puedan ser cambiados por el gobierno según su conveniencia y, por el otro, que los mismos se encuentren capacitados para desempeñar dicha función. En este momento cabe preguntarse ¿el decreto 927 ha avanzado en este sentido?
Difícilmente se pueda decir que se ha “avanzado”. En primer lugar, se establece que el INDEC pase a funcionar dentro de la órbita del Ministerio de Economía, lo cual si bien no representa un cambio relevante respecto a la situación previa (formaba parte del ámbito correspondiente a una secretaría del MECON), tampoco contribuye a que el organismo funcione en forma autónoma, ya que continúa siendo susceptible de sufrir modificaciones en función de las decisiones del gobierno e incluso del ministro. En segundo lugar, se ordena que se mantenga a todo el personal en sus respectivos cargos vigentes al momento de la sanción del decreto. Este hecho que no sólo resulta contradictorio con el objetivo de dotar de credibilidad al INDEC (debido a que el reemplazo de personal histórico de la institución por personas de dudosa formación constituye uno de los grandes cuestionamientos a la intervención iniciada en enero de 2007), sino que tampoco intentar ofrecer soluciones respecto a la forma en la cual se determina la pericia de las personas a cargo del organismo.
En definitiva, sea por las trabas que se establecieron para la evaluación de la metodología aplicada por el INDEC o por la falta de cambios a nivel institucional, el decreto 927 parece avanzar en el sentido de legitimar la situación que se verifica de hecho, más que de revertirla o, aunque sea, modificarla.
