El Golpe de Estado en Honduras II.

El golpe y los “padres de la democracia”
El presidente Barack Obama condenó los sucesos de 28 de junio, reconociendo a Manuel Zelaya como el único presidente constitucional de Honduras y proponiendo la mediación del Oscar Arias, presidente de Costa Rica en la negociación entre éste y los golpistas. Pero esta expresión de intenciones no fue mucho más lejos. En un primer momento, ante la demora en la respuesta del gobierno de Michelletti sobre la propuesta mediadora de Arias, el Departamento de Defensa suspendió la visa a cuatro funcionarios del régimen. Pero esta declaración de buena voluntad no tuvo efectos visibles sobre la crisis en Honduras. El embajador estadounidense en Honduras nunca fue retirado, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, emitió declaraciones tendientes a moderar el discurso oficial y ninguna sanción económica fue tomada con relación a Honduras.
Efectivamente, la secretaria de Estado insistió constantemente en la mediación de Costa Rica y criticó duramente la decisión de Zelaya de regresar a Honduras ya en su primera tentativa, aduciendo que se trataba de un intento “temerario (que) no contribuye a los amplios esfuerzos para restaurar el orden democrático y constitucional”.
Estados Unidos es el receptor del 70% de las exportaciones de Honduras. Es evidente que una medida comercial en contra del gobierno de facto (con la que se amenazó pero que nunca llegó) hubiera logrado restituir a Zelaya a su puesto casi inmediatamente. Así mismo lo reconoció el presidente destituido aún desde el exilio. Pero en los hechos, la acción de los Estados Unidos no sólo se limitó a la condena pública sino que varios senadores, tanto republicanos como demócratas, mostraron abiertamente su apoyo al gobierno de Micheletti y hasta fue organizada una delegación de senadores que fue enviada a Tegucigalpa en clara señal de respaldo.
Por otra parte, existen contundentes pruebas del conocimiento del Departamento de Estado de EEUU del golpe de Estado de Honduras y hasta de su participación en el mismo. Los militares hondureños que perpetraron el golpe recibieron entrenamiento, así también como el financiamiento y las armas necesarias para el golpe, en el Pentágono. Ha transcendido, de la misma manera, el contacto previo al golpe que mantuvo el embajador de EEUU en Honduras Hugo Llorens con el Sub-Secretario de Estado norteamericano Thomas Shannon y el asesor de Departamento de Estado John Negroponte (embajador en Honduras hacia fines de los ’70 y principios de los ’80, desde donde dirigía operaciones contra el gobierno sandinista de Nicaragua), con quienes habría coordinado la destitución de Zelaya.
Resulta evidente que la posición de Estados Unidos consiste en mantener una imagen de oposición al golpe de Estado pero que existe, además de intereses económicos particulares vinculados con el país, una necesidad de conservar una presencia y un poder fuertes en Latinoamérica que pueda contrapesar el avance de Chávez en la región.

¿Hacia dónde va el conflicto?
Podría ponerse en tela de juicio que la intervención de otros países en el conflicto de Honduras constituya una violación de su soberanía. De hecho, el gobierno de facto sostiene esta postura en cada oportunidad que encuentra para condenar las medidas económicas que los otros gobiernos latinoamericanos han tomado en su contra.
Pero la soberanía política de un país tiene como fundamento la afirmación de la libertad de los pueblos para decidir sobre sus propias instituciones, para elegir la forma en que serán gobernados. Y el respeto de las demás naciones hacia las instituciones de un país soberano se desprende de esa condición esencial. Por lo tanto, cuando la libertad y la democracia son violadas tan claramente como lo demuestra el más simple de los análisis de lo sucedido en Honduras, la acción de los demás países tendiente a su reinstauración no sólo se vuelve plausible, se vuelve también necesaria. La soberanía nacional no puede sostenerse más que en la coexistencia de gobiernos soberanos.
Los intereses económicos, sobre todo aquellos radicados en Estados Unidos, entran en clara contradicción con esta imagen de los Estados Soberanos. En su accionar aparece esta ambigüedad. Por un lado, la cara visible, las declaraciones del presidente norteamericano y el sector diplomático, pretenden defender la libertad y la democracia en Honduras, mientras que por otra parte, los intereses económicos, no sólo interesados en Honduras sino también en frenar el avance de Hugo Chávez en la región, se preocupan en no facilitar el fin de la dictadura hondureña y hasta en apoyarla.
A esta altura queda claro que, de darse la destitución del gobierno de facto de Micheletti y la restitución de la democracia en Honduras, no será gracias a la acción de los EEUU sino más bien a pesar de ésta. Lo cierto es que la situación interna en Honduras no es del todo desalentadora. Las protestas se multiplican y la resistencia sigue organizándose a pesar de la represión. Por su parte, el gobierno de facto empieza a mostrar claras señales de debilidad y busca negociar una salida del conflicto. Si algo bueno puede dejar como resultado esta crisis es el fortalecimiento de los sectores populares tanto de Honduras como de los países de la región, acompañado por la identificación clara de los intereses que se esconden detrás de las luchas políticas.

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Golpe de Estado en Honduras I. Un déjà-vu latinoamericano

El 28 de junio por la mañana, Latinoamérica asistió a una especie de déjà-vu, proveniente, esta vez, de Honduras. Un grupo de militares armados se presenta en el domicilio del presidente Manuel Zelaya y, luego de un enfrentamiento con su custodia personal, lo secuestra y envía a Costa Rica. Otro golpe de Estado...

Los hechos: sucesos de la supuesta “sucesión constitucional”
Hasta el día de hoy, el gobierno de facto que quedó instaurado con el golpe sigue sosteniendo que lo sucedido el 28 de junio se trató de una sucesión constitucional que siguió al arresto de Zelaya, ordenado por la Corte Suprema, por haber violado la Constitución Nacional. Estos son los procedimientos que implicó este pretendido “acto legal” y los hechos que lo siguieron:
*Luego de la irrupción de un grupo militar que hace salir de su domicilio por la fuerza a Zelaya, éste es trasladado en el avión presidencial, custodiado por militares, a la base de Soto Cano (o base aérea Palmerola), ubicada en las cercanías de Comayagua, en el territorio hondureño (Soto Cano es una base militar construida por EEUU en 1981 como sede de las operaciones para enfrentar al gobierno sandinista de nicaragua y que en la actualidad es utilizada por las fuerzas norteamericanas como base para la llamada “Guerra contra las Drogas” en Sudamérica). Desde allí, Zelaya es trasladado al aeropuerto de San José en Costa Rica.
*El mismo domingo, horas después del golpe, se lee en el Congreso la supuesta renuncia del presidente Zelaya a su cargo. Una vez aprobada, asume como presidente interino el presidente del Congreso, Roberto Micheletti.
*A pesar de la presencia militar en las calles, los cortes de luz y radio y la suspensión de las transmisiones del canal 8 (oficial) y del canal 36 (afín al gobierno depuesto) una gran cantidad de personas se acerca al Palacio Presidencial reclamando la restitución del mandatario.
*Desde Costa Rica, Zelaya habla a través de los medios internacionales denunciando los sucesos de esa mañana y negando haber renunciado a su cargo. Se dirige a los soldados hondureños, a quienes pide que no permitan que se consolide el golpe, y al pueblo, a quien exhorta a mantener la desobediencia civil, aunque sin violencia. El comunicado se dirige también al gobierno de los Estados Unidos con la exigencia de que se aclare que no se encuentra detrás del suceso y a todos los Estados, pidiendo la condena inmediata del golpe.
*Ante estos hechos, la OEA (Organización de los Estados Americanos), convocó una reunión de urgencia en la cual condenó firmemente el golpe y reclamó la restitución del orden constitucional en Honduras. El mismo pedido provino de la Unión Europea. El presidente de los Estados Unidos, Barak Obama, a su vez, reconoció a Manuel Zelaya como el único presidente de Honduras y reclamó el respeto de las instituciones democráticas.
*Ante las declaraciones de Zelaya y la respuesta de los gobiernos de la zona, el gobierno de facto cambia de discurso: no se trata ya de una renuncia del presidente sino de una orden de arresto contra él emitida por la Corte Suprema, por los cargos de haber violado la Constitución al pretender realizar cambios que le permitan ser reelecto (ver más adelante).
*Hillary Clinton, Secretaria de Estado del gobierno norteamericano, propone al presidente de Costa Rica, Oscar Arias, como mediador en el conflicto. Tanto Zelaya como Micheletti aceptan la mediación, que produce como resultado un documento de siete puntos que incluían la restitución de Zelaya, la formación de un gobierno de coalición, amnistía política, elecciones adelantadas, no discutir cuestiones constitucionales y la revocación de la resolución de la OEA por la cual se suspendieron las actividades del país dentro de la organización. Pocos días más tarde, la mediación fracasa ante la negativa del presidente de facto de aceptar la restitución de Zelaya a su cargo.
*Después de más de tres meses exiliado y tras un intento fallido realizado unos meses atrás, Zelaya retorna a Honduras el 21 de septiembre y se refugia en la embajada de Brasil. Desde allí llama a la protesta pacífica. Las manifestaciones en los alrededores de la embajada son reprimidas por la policía y el ejército bajo las órdenes del régimen de facto, y se cuentan ya con al menos tres muertos y decenas de heridos como resultado. Se declara el estado de sitio.
*Días atrás, una misión de cancilleres de la OEA arriba a Tegucigalpa para negociar la salida del conflicto. El gobierno de Micheletti sigue en su posición de no consentir al retorno de Zelaya y celebrar elecciones en noviembre, como estaba previsto antes del golpe. La misión se retira sin resultados.

Antecedentes: los pecados de Zelaya
José Manuel Zelaya Rosales asume la presidencia de Honduras en enero de 2006, luego de ganar las elecciones en 1995, representando al Partido Liberal y apoyado por los grupos económicos más importantes del país. Desde el principio, su gobierno comenzó a distanciarse de los fundamentos del Partido Liberal, así también como de sus principales dirigentes y referentes, inclinándose a la izquierda del espectro político.
Hacia fines de 2007 comienza a acercarse a los gobiernos de los países integrantes del ALBA -Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América- (a la que ingresa a comienzos de 2008); principalmente, a Hugo Chávez. Ganándose la antipatía de las compañías locales, impulsa una legislación de compra internacional de petróleo por licitación internacional. Este hecho lo acerca indefectiblemente a Venezuela, que ofrece abastecer de combustible a Honduras a precios subsidiados a través de Petrocaribe, alianza a la que ingresa en enero de 2008.
Todo esto acompañado por otras acciones de gobierno que tendieron a irritar por igual a los partidos conservadores, a sus antiguos aliados, a los empresarios locales y a las fuerzas armadas. Entre ellas se contaron el aumento en el salario mínimo de los trabajadores estatales, la reglamentación del trabajo doméstico, la oposición a la ley minera (que implicaba la entrega del manejo de importantes recursos a empresas como Texaco, Esso y Standard Oil), la propuesta de la transformación de la base Palmerola y la eliminación de los beneficios impositivos a las compañías locales con franquicias de comida rápida. Ya hacia fines de 2006 Zelaya reemplazó a varios ministros y secretarios pertenecientes al Partido Liberal por allegados suyos, militantes de izquierda en los años ’80, provocando gran irritación en quienes, hasta entonces, eran sus aliados.
El día que Zelaya es depuesto estaba prevista la realización de una consulta popular que tenía el fin de determinar si debía incluirse en las elecciones de noviembre una cuarta urna. Siendo las otras tres para la elección del presidente, de diputados y de corporaciones para los municipios, la cuarta serviría para decidir sobre la reunión de una Convención Constituyente para la reforma de la Carta Magna.
Ya en junio de este año, se desata el conflicto institucional. El general Romeo Vásquez, se niega a seguir las instrucciones de Zelaya para llevar a cabo el traslado de urnas para la realización de la consulta propuesta para el 28 de ese mes. Por su parte, la justicia electoral había ordenado detener las urnas y el material electoral declarando inconstitucional dicha medida. Zelaya encabeza entonces una caravana de autos que parte desde la casa de gobierno y llega a la base aérea donde se encuentran secuestradas las urnas, que son trasladadas con el fin de seguir adelante con la organización de la consulta popular. El 24 de ese mes, Romeo Vásquez es destituido como consecuencia de sus actos e, inmediatamente, la Corte Suprema, el Tribunal Supremo Electoral y el Congreso Nacional se oponen a la medida y ordenan la restitución del general, a lo que Zelaya no accede. Esto provocó una reacción que terminó con cientos de soldados armados en la calle, rodeando los edificios estatales, cuatro días antes del golpe.

Y la derecha dice…
Luego de “cambiar de opinión” acerca de la supuesta renuncia de Zelaya, el gobierno de facto justifica el golpe (que, según sus declaraciones se trató de una sucesión en el poder de acuerdo a los procedimientos legales vigentes) con el argumento de que el arresto del presidente respondió a la violación de la Constitución. Según los representantes del nuevo gobierno, Zelaya violó la ley al pretender la reforma de la Constitución con el fin de eliminar de ella los artículos pétreos, uno de los cuales prohíbe la reelección del presidente y condena cualquier intento de perpetuación en el poder.
Lo curioso es que la consulta popular a realizarse el 28 de junio pretendía determinar si en las elecciones de noviembre debía instalarse una urna para, recién en ese momento, votar si debía llamarse una Convención Constituyente. No existió nunca la posibilidad de que Zelaya pretendiera ser reelecto ya que, bajo la Constitución vigente, no podría presentarse como candidato y, aun de ser la respuesta a la consulta afirmativa, la Convención se reuniría habiendo ya un nuevo presidente electo.
La expulsión de Zelaya de Honduras, sostienen Micheletti y sus allegados, siguió a la emisión de una orden de arresto emitida por la Suprema Corte. Supuestamente, en ella hubo una votación unánime que declaraba ilegales los actos del mandatario y ordenaba su arresto. Lo cierto es que en nada se asemeja a un arresto la intrusión que hacen las Fuerzas Armadas en el domicilio presidencial y, sobre todo, ningún arresto supone enviar al arrestado fuera del país.
Claramente, estos argumentos pierden sus fundamentos ante el menor análisis. A todas luces, de lo que se trató en Honduras es lisa y llanamente de un golpe de Estado. Así lo reconocieron claramente todos los gobiernos de la región, tanto representados por la OEA como individualmente, incluido el de Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades de este país, que cuenta con mayor poder y posibilidad de intervención que cualquier otro, mostraron severas ambigüedades.

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La funcionalidad de la centroizquierda a la democracia

Muchos cosas han pasado en la discusión política argentina en el marco del debate de las últimas dos legislaciones: los “superpoderes” y la “ley de medios”. Casi siempre, el “debate” fue decodificado, en la opinión pública, en los siguientes términos: el oficialismo imponiendo por la fuerza las decisiones, la oposición por derecha llamando al consenso como forma de presentarse como la defensora de la república y la centroizquierda siendo funcional al gobierno. Ahora bien, cómo podemos entender rápidamente las tres posiciones, y sobre todo la última que nos interesa particularmente.
El kirchnerismo es, desde su inicio, expresión de un vacío de poder resultado de la crisis del 2001 y, por tanto, conformado bajo un liderazgo fuerte y verticalista. En un primer momento, su debilidad fue compensada con la alineación con un sector progresista de banderas heredadas de la década anterior. Conforme se reestructuraba la histórica base de poder del peronismo, dicha transversalidad fue mutando a la “normalidad” de ese partido, CGT y territorio. Así devino la Concertación y ruptura. Sobre esa base difícilmente pueda converger a lo que se le critica desde la oposición, “dialogo y consenso”; por ahora, aceptando el significado que ellos le dan.
Ahora bien, la oposición, concluidas las elecciones del pasado 28 de junio, construyó su discurso sobre la base de una supuesta debilidad oficialista. A su vez, sobre la creencia de que su victoria se debía al agotamiento de las formas políticas del kirchnerismo –sobre lo cual nosotros tenemos otra lectura-, apostó a marcar los tiempos de la agenda parlamentaria de manera de lograr realizar su programa político, aun antes del cambio de mandato. Sin embargo, el oficialismo, aunque sea hasta aquí, ha mostrado una importante capacidad para utilizar banderas históricas (la lucha por los derechos humanos, una nueva ley de radiodifusión, independencia del poder judicial, etc) le son ajenas, con el fin de estructurar a su alrededor mayorías que le conservan la iniciativa. Frente a ese escenario adverso e insospechado para ellos, la oposición ha mostrado que lo que significan las palabras “consenso” y “democracia”, no es tan distinto a aquello que entiende el oficialismo: es consensual cuando yo lo impongo pero si es el contrario es atropello. Claramente, el oficialismo no es el sumum de la pulcritud institucional, y la oposición ha mostrado que tampoco le importan mucho esas cuestiones:
Caso 1: la decisión de retirarse de la sesión de diputados de la “ley de medios” en lugar de dar la pelea en el recinto, lugar donde el consenso y el debate deben darse, es un claro ejemplo. A su vez, si observamos que de haber permanecido hubieran contado con los números suficientes para modificar artículos que criticaron, el desprecio por las formas se conjuga con una miopía importante.
Caso 2: frente al rumor de que el Vicepresidente del Senado enviaría el proyecto a sólo 2 comisiones, se señalaba el atropello y la falta de debate. Sin embargo, cuando se termina enviando a 4 comisiones -en línea con las demandas de la oposición- se toma como debilidad del kirchnerismo. ¿Acaso no se trataba de la necesidad de esa apertura para permitir un debate enriquecedor? Si es así, deberían celebrar el logro político para alcanzar sus objetivos respecto a la ley, no como pancarta política para desacreditar al gobierno.
Caso 3: la gran mayoría de las excusas para no dar el debate respecto a las diferentes leyes fue, con intensidad creciente, la falta de legitimidad de la actual conformación del Congreso. Aunque es discutible el argumento, de ninguna manera puede ser esgrimido por partidos que, en el gobierno, envían similares leyes a sus parlamentos en igualdad de condiciones, como el PRO en la Ciudad de Buenos Aires. En el mismo sentido no puede culparse de tal problema al inconsensuado adelantamiento de elecciones ya que Macri realizó la misma operación.
Lo patético de la oposición de derecha es que ni siquiera en las temáticas relacionadas a sus críticas al gobierno pueden mantener la apariencia de ser democráticas, republicanas como se intentan mostrar. Allí estará quizá la imposibilidad de arrebatarle la iniciativa al oficialismo a pesar de haber derrotado a Kirchner.
En tercer lugar, nos encontramos a la centroizquierda. ¿Cómo podemos analizar su participación en los debates? ¿Por qué razón se “someten” al gobierno? Ante la realidad de que no tiene el número suficiente de legisladores para marcar la agenda, la centroizquierda reconoce su rol de espectador y -en virtud de la fragmentación del peronismo- árbitro de las decisiones legislativas. De allí, de su incidencia en el quórum y la aprobación de las leyes, que desde diversos sectores se lo catalogue como “funcional”. Sin embargo, la centroizquierda actúa de manera coherente con lo que significa “consenso” y es respetuosa de los acuerdos programáticos que los vieron nacer como fuerzas políticas:
Caso 1: enfrentados a la decisión de si la oposición en ascenso debe tener la potestad de determinar los impuestos a la exportación, la izquierda da el debate y niega esa posibilidad.
Caso 2: al momento de la votación respecto a la “ley de medios”, bandera importante de las organizaciones de base que conforman tales espacios, estas agrupaciones políticas discuten los aspectos negativos de una legislación que, consideran, va en el sentido correcto. De allí su negativa inicial. Sin embargo, se logran mejoras evidentes y, en el marco de aquellas banderas y la eliminación de las aristas más problemáticas, se vota afirmativamente como paso, quizá pequeño, para mejorar la legislación vigente.
Como vemos, la coherencia programática tiene su costo. Cuando, en vista de esos acuerdos, agrupaciones enteras dan quórum y votan a favor de la legislación sin importarles quién redacto el proyecto, son denostados como traidores al mandato que recibieron o directamente de haber sido comprados. Fuera de la descalificación personal, que en ningún momento o lugar sirven para nada, una democracia es inviable si los proyectos “buenos” son aquellos redactados por personas cercanas a nuestra posición y no por las transformaciones que logran o permiten.
Como otra expresión del desconcierto sobre como deben funcionar las instituciones que todos dicen intentar construir, los periodistas se preguntan sobre la desaparición de los partidos políticos. La pregunta no debería ser esa sino, ¿cómo no van a desaparecer si se condena que los legisladores como bloque, en respeto de los acuerdos políticos propios, voten en mismo sentido?
Caso 1: cuando los legisladores del Frente para la Victoria votan afirmativamente y en conjunto, en consonancia con la plataforma 2007, que sostenía explícitamente buscar una nueva ley de medios, los medios y la oposición por derecha afirma que son presionados por diversos métodos –y todos poco claros- por Kirchner.
Caso 2: cuando el vicepresidente, en total desprecio de esa misma plataforma por la que alcanzó esa posición, vota en contra de su propio gobierno, es un triunfo de la conciencia de los legisladores y de la democracia. ¿Es que no estaba de acuerdo con su propia plataforma?
Caso 3: como las expresiones de Carrió sosteniendo que su Coalición defendería cualquier monopolio contra los Kirchner. Recordemos que en sus plataformas siempre sostienen lo importante de la desconcentración económica, al tiempo que en 2007 también sostenía la necesidad de aplicar retenciones.
La desarticulación de los partidos políticos, la ausencia de verdadero debate entre oposición y oficialismo, las maneras poco democráticas de los políticos y su desconocimiento absoluto de los acuerdos partidarios y con la ciudadanía son todos expresión de la ausencia, en cada agrupación política a su manera, de un proyecto de país.
Asimismo, el papel de la centroizquierda es, creemos, destacable por la coherencia en relación a un proyecto, que puede uno compartir o no, construido por debate interno con las bases de su militancia. Frente a él, los representantes actuaron como bloque en relación con sus compromisos asumidos. Así, ante un proyecto de ley, que evidentemente el oficialismo solo presenta por oportunismo y con todos los vicios que le son propios, que es un avance respecto a los objetivos programáticos, sorteadas las principales cuestiones negativas, no puede más que votar positivamente.
Sólo cuando los partidos posean proyecto de país consensuados al interior y con sus bases de militancia, cuando enfrentados a instancias políticas respeten tales acuerdos como bloque (y en caso contrario sean corregidos por sus bases) podremos decir que hay democracia. Sólo allí podremos utilizar correctamente la palabra “consenso” y podremos dejar de llenarnos la boca buscando pactos que no pueden ser si no hay proyectos detrás sobre los que discutir.

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