04 octubre, 2010

Cambio de sitio

Estimados, por diferentes circunstancias hemos decidido cambiar nuestro nombre. Eso nos lleva a mudarnos a otro sitio: http://grupotpi.wordpress.com/.

Allí verán todas los posts que hicimos aquí y todo lo que vendrán. Continuar leyendo...

06 agosto, 2010

Jornadas de formación junto a los compañeros de Usina Cultural del Sur.

Los compañeros de Usina Cultural del Sur nos invitaron a participar en el dictado de unas jornadas de formación denominadas "A una década del 19/20 de Diciembre. Balance y escena contemporánea.", las cuales constarán de cuatro encuentros que se realizarán durante el mes de agosto y la primera semana de septiembre en Bulnes 326, Almagro. A continuación detallamos el cronograma de encuentros y sus respectivos contenidos, los cuales también se encuentran contenidos en la gacetilla de difusión.
Los invitamos a asistir y participar activamente de los mismos.
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CRONOGRAMA Y CONTENIDOS.
Todos los encuentros se realizarán de 19 a 21 hs.
En Usina Cultural del Sur (Bulnes 326, Almagro).

1er Encuentro: VIERNES 13 de Agosto.
Introducción: del '76 al 20-D. Transformaciones estructurales.
Bibliografía.
Basualdo, Eduardo, Sistema político y modelo de acumulación en la Argentina: notas sobre el transformismo argentino durante la valorización financiera, 1976-2001. Bernal: FLACSO. Programa Argentina, UNQUI, IDEP, 2001.
Villareal, Juan, Los Hilos Sociales del Poder, en Crisis de la Dictadura Argentina, Buenos Aires, Siglo XXI, 1985.
2do Encuentro: MIÉRCOLES 18 de Agosto.
El 2001. Caracterización de la crisis. Actores sociales y cambio de época. De las caracterización realizadas en el 2002 hacia el presente.
Bibliografía
Svampa, Maristella, Cambio de época. Movimientos sociales y política (selección), Buenos Aires, Siglo XXI, 2009.
Colectivo Nuevo Proyecto Histórico, Crisis orgánica en la Argentina, Buenos Aires, enero de 2002.
Colectivo Situaciones, 19 y 20: apuntes para el nuevo protagonismo social (selección), Buenos Aires, Tinta Limón, 2002.
Lozano, Claudio, Avance Popular, Crisis de Hegemonía y Obstáculos para la profundización democrática (Argentina 2001-2006), en Revista Pampa, Nº1, Agosto 2006.
3er encuentro: VIERNES 27 de Agosto.
Introducción crítica a la post- convertibilidad. Renta de la tierra, salarios, inflación, deuda externa y reservas.
Bibliografía
Grupo TPI - Conciencia Crítica, Salarios e inflación: ¿una dicotomía perversa? Las causas de la inflación actual y sus consecuencias en la distribución del ingreso, en Revista Kamchatka Nº 4, editada por la Agrupación SoS , Buenos Aires, marzo 2010.
Grupo TPI - Conciencia Crítica, Documento de Discusión Nº 3, Buenos Aires. (en prensa)
4to Encuentro (CIERRE): MIÉRCOLES 1º de Septiembre.
Recomposición política y cambios en el modelo económico y social. Cambio de etapa, bipartidismo. La escena contemporánea a una década de kirchnerismo. Recortes: 2003- 2008, 2008- 2010.
Bibliografía.
Lozano, Claudio, Una mirada sobre la coyuntura económica y social, Buenos Aires, febrero de 2008.
Palombi, Ariel, Análisis de Coyuntura , Septiembre de 2010.

Los textos podrán retirarse en forma gratuita en Bulnes 326, a partir del jueves 6 de agosto, de 16:30 a 20:30.
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10 julio, 2010

De SUBE, autonomía y planificación

La ciudad tiene un gran problema y, a la vez, existe un principio de solución al mismo. Lamentablemente, no suelen pensarse en conjunto.
En el marco de los objetivos políticos del macrismo, aunque sea durante su campaña, la cuestión de la transferencia de jurisdicción fue un tema nodal de la relación entre la Ciudad y la Nación. Aunque, claro, sólo se impulsó una “solución” para el caso de la policía. Sin embargo, otro de los supuestos objetivos propuestos era mejorar el tránsito en la ciudad. Aquí también se planteó la problemática respecto de la jurisdicción de la Nación sobre el sistema de transporte urbano del Gran Buenos Aires (GBA), pero, aparentemente, como simple excusa. Pareciera que una discusión es más relevante que otra.
En el marco de la misma discusión, es inentendible la poca importancia que le presta el Gobierno de la Ciudad a las demoras y problemas que postergan la puesta en funcionamiento del SUBE.
Claramente, parte de la cuestión del tránsito se puede solucionar extendiendo la red de subterráneos. Siendo que no se avanzó prácticamente en nada en ese rubro en los últimos años, sólo queda esperar que la coordinación entre sistemas ya existentes se planifique en pos de una optimización.
En este aspecto el SUBE es fundamental. Se trata, ni más ni menos, de la principal herramienta para incentivar al público a utilizar una combinación de medios de transporte, por ejemplo, a través de un boleto intermodal. Al mismo tiempo, se descongestiona el sistema de tránsito debido a la reducción en el uso de autos particulares y colectivos.
Decimos esto porque un sistema automático como el SUBE permitiría cobrar tarifas diferenciales tomando en cuenta si el usuario combinó diferentes tipos de transporte (sea colectivo local hasta el tren suburbano y luego subterráneo u otro colectivo local) y de esa manera incentivar el uso de medios alternativos que reemplacen en parte a los extensos recorridos en colectivos desde el conurbano. No hay duda de que este sistema sería más eficiente, lo que debería agregarse a su vez es que sea más económico para el usuario que la actual situación. Es incomprensible que, en este marco, la Ciudad no tome, sobre la base de las atribuciones y recursos con los que cuenta, todas las medidas necesarias para acelerar la implementación del sistema. (Comentario: dos ejemplos de estas aplicaciones son el TranSantiago y el sistema de transportes de Sydney, entre otros. Los gráficos muestran que esa planificación suele tomar la forma de pasajes por “zonas” y no por viajes, priorizando así el uso de transportes cortos para combinar con otros. Pensemos además que el GBA es varias veces más extenso y populoso que esas ciudades, lo que implica que si estas ciudades lo necesitaron…).
En segundo lugar, queda claro –como ya venimos sosteniendo en otros textos- que la bandera de la gestión como algo ajeno a las decisiones políticas es una completa mentira ya que toda administración prioriza algunos temas sobre otros. O sea, el gobierno impulsa los temas más cercanos a sus objetivos políticos. En este sentido, queda claro que la seguridad le interesa más a Macri (que gastó cientos de millones de pesos en crear un segunda policía que no tiene atribuciones aún) que el transporte. Si fuera simple “gestión”, ¿por qué no realizar un esfuerzo por la transferencia a un ente tripartito (nacional, provincial y de la ciudad) de la autoridad sobre los medios de transporte locales y regionales?
En tercer lugar, el Sube implicará, en caso de aplicarse las modificaciones que permitan incentivar un uso más eficiente de los medios de transporte ya existentes, un esquema de transferencias de recursos entre medios de transporte y empresas. Asimismo, generará una redistribución de subsidios sólo posible con una centralización de los pagos.
Una parte importante de los recursos requeridos para implementar el SUBE pueden provenir del mismo sistema de transporte. La propuesta, que viene dando vueltas hace un tiempo, consiste en aplicar un cambio en la base tecnológica del transporte automotor. Como el GNC cuesta un tercio de su equivalente en gasoil (además de ser menos contaminante), una porción importante de los recursos utilizados en el subsidio de la tarifa del gasoil podría, en primera instancia, redirigirse a la implementación del Sube y, luego, a obras para mejorar los Centros de Transferencia entre medios de transporte. En este mismo sentido, se puede empezar a concebir la implementación de colectivos híbridos, sobre todo si este plan va de la mano de un estímulo a la producción nacional de las nuevas unidades. (Comentario: muchos sistemas de transporte de otras ciudades lo utilizan justamente por ser más económico y menos contaminante; al tiempo que reduciría la demanda de gasoil que hoy se importa a altos costos).
Por último, el sistema de prepago del SUBE permite también mejorar las condiciones de seguridad de los colectiveros y los pasajeros del sistema ya que las unidades no transportan dinero producto de los pasajes vendidos. Más que blindar la cabina de los colectivos, que es costoso e igual puede derivar en situaciones peligrosas para los pasajeros, ¿por qué no eliminamos el pago de pasajes en la unidad? (Comentario: el prepago no sólo es más seguro sino que es más rápido para permitir el acceso de pasajeros a la unidad que el pago en el momento).
Claramente, el sistema de transportes de la Ciudad de Buenos Aires es deficiente. La centralización del pago, a través del SUBE, es la puerta de ingreso de cambios importantes que, a su vez, requieren el traspaso de autoridades. En ese contexto, el mismo SUBE, una vez implementado, podría llevar a la estatización del sistema de manera de diagramar de una forma más eficiente el servicio, al tiempo que desaparecerían los problemas para controlar el pago y la utilización de subsidios ya que sería el Estado el que se subsidia a “sí mismo” (Comentario: en la mayoría de las ciudades el sistema de transporte público es estatal).
Para todo ello, evidentemente, necesitaremos desarrollar un plan integral de transporte para el Gran Buenos Aires.

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28 mayo, 2010

¿Ciudad Enferma?: la gestión de salud de la administración macrista

En artículos anteriores hemos hecho referencia a la escandalosa política de subejecución presupuestaria llevada adelante por el macrismo. Dentro de este marco general, por supuesto, la administración de la salud pública no constituye, ni mucho menos, una excepción. Sin embargo, existen en este caso rasgos particulares que es necesario destacar, objetivo que nos proponemos en el siguiente artículo.
Un marco contagioso
Dentro de la política general de subejecución presupuestaria del gobierno de Mauricio Macri, la administración de la salud pública ocupa un lugar muy relevante. El gasto presupuestado en salud alcanzó los 3.600 millones de pesos (20% del total presupuestado), de los cuales fueron ejecutados hacia el tercer trimestre del año un 81%, es decir un número aceptable. Sin embargo, si nos centramos en solamente en la inversión, dejando de lado el gasto corriente del área (fundamentalmente remuneraciones), el panorama es muy distinto. En efecto, los datos del año 2009 revelan que del total presupuestado de 440 millones de pesos aprox. sólo se ejecutaron hacia el tercer trimestre poco más del 50%. Así, se utiliza la subejecución en salud (junto con servicios de Educación y Vivienda, otros dos rubros muy importantes del presupuesto) a modo de ajuste (relativamente) encubierto, como ya hemos mencionado anteriormente.
Obviamente, no se trata de un ajuste obligado para enfrentar una situación de guerra o una catástrofe natural (más allá de lo que las reiteradas inundaciones de la ciudad podrían hacer presuponer), ya que el total de recursos faltantes en relación a lo presupuestado para el año pasado no alcanzó al 6% (se recaudaron 12.300 millones de pesos de un total presupuestado de 12.900 millones). Se trata lisa y llanamente de un cambio de prioridades, donde la educación y la salud han sido relegadas por necesidades, a consideración del gobierno, mucho más urgentes.
¿Qué significa realmente “sub-ejecutar”?
Más allá de la definición textual que en cualquier diccionario podría ser encontrada, lo necesario a tener en cuenta es que el recorte de los gastos originalmente previstos provoca serios problemas a la provisión de los servicios de salud públicos. Así, vemos, por ejemplo, que el Hospital María Ferrer no cuenta con guardia pediátrica, o que no existen camas disponibles en casi todos los hospitales de la Ciudad (Cosme Argerich, Durand, Rawson, Ramos Mejía, etc.). De más está decir que estos ejemplos no son más que aproximaciones a una situación por demás desesperante y popularmente conocida.
A esto se agrega una generalizada falta de insumos hospitalarios reiteradamente denunciada por los trabajadores de los centros de salud públicos, junto a una política de reducción de personal que pone en riesgo el normal funcionamiento de los mismos.
Respecto a las obras, el caso más paradigmático es el del Hospital Tobar García, en el barrio de Barracas, que, de ser hace décadas un centro de excelencia de atención psiquiátrico infanto-juvenil, se encuentra en un estado deplorable a pesar de que la Ley 448 del año 2000 proyectaba su total remodelación y ampliación. Más allá del ambicioso proyecto, sólo fue completada la primera etapa de los trabajos (centrados en los servicios de internación) por lo que el Hospital aún permanece con la guardia y los consultorios externos clausurados, además del ya mencionado pésimo estado edilicio general. Y a esto se le suma directamente el intento de clausura de algunos centros, como el oftalmológico Lagleyze, otrora instituto de excelencia con un servicio insustituible para la comunidad, no solo cercana, sino de todo el país.
Se puede apreciar entonces que cuando hablamos de subejecución, estamos lejos de referirnos a un tecnicismo burocrático. Estamos, sin ir más lejos, tratando de hallar la respuesta para los problemas concretos que perjudican, en este caso, la atención de salud de los vecinos de la Ciudad.
Sobre los Laboratorios
El problema no concluye allí, sin embargo, ya que la actitud del macrismo hacia la provisión de medicamentos constituye un capítulo aparte digno de ser mencionado.
Por un lado, la administración macrista intentó rápidamente redireccionar la política de compra de medicamentos, en un intento declarado de “terminar con la corrupción”. Así, la compra directa por parte de los centros de salud fue reemplazada por una compleja red logística de manejo centralizado. Esta medida, que en principio podría redundar en ahorros gracias a compras en cantidad pronto mostró sus límites. La excesiva velocidad y falta de planificación con la que fue ejecutada saltaron a la luz por problemas tales como el desabastecimiento abrupto provocado por la medida y los consecuentes reclamos de los hospitales, así como el vencimiento de medicamentos en depósitos sin ser entregados, por lo que algunos sectores llegaron a reclamar incluso la renuncia del ministro de salud. Las excusas desde el Ministerio apuntaron a lo escaso del material vencido en consideración a la compra total (menos del 5% según se adujo), “un error difícil de evitar dada la necesidad de realizar la compra por adelantado”.
Al respecto, si bien consideramos que los beneficios en el mediano plazo pueden superar a los costos de implementación, dichos problemas evidencian una falta total de gestión y planificación, justamente aquello por lo que tanto se enorgullece el Jefe de Gobierno. A futuro debería pensarse en hacer más eficiente la red, mejorando la logística, ordenando por grado de urgencia los reclamos de los centros de salud e implementando acuerdos con hospitales e institutos de otras jurisdicciones, para facilitarles los medicamentos que no vayan a ser utilizados, evitando su vencimiento y necesidad forzosa de descarte.
Por otro lado, la gestión de Mauricio vetó la creación de un Laboratorio Estatal de Provisión de Medicamentos. La medida, de por si cuestionable, es además incoherente con la decisión anterior de la administración de adherir a la creación de la Red de Producción Pública de Medicamentos, impulsada por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Nación en noviembre de 2007
El proyecto presentado por dos legisladoras del Frente para la Victoria en la legislatura porteña fue reiteradamente revisado por el macrismo, arribándose a un acuerdo en torno al compromiso de producir sólo para los centros de salud públicos y en líneas que sean desatendidas por la producción privada por ser inviables comercialmente. Más allá de estos compromisos en la Legislatura, el proyecto fue vetado por el Jefe de Gobierno en su totalidad en febrero del 2008, aduciendo... sí, exactamente, razones presupuestarias.
Una vez más, el chivo expiatorio preferido por el macrismo vino a ser utilizado por las autoridades públicas ante el pedido de explicación de varios sectores. Esta vez, la justificación estuvo centrada en la imposibilidad de poner en marcha, en el corto plazo, un laboratorio con las características solicitadas por la medida, con el personal idóneo y los recursos físicos necesarios. Los legisladores se ocuparon rápidamente de demostrar la falacia de dicha afirmación, explicando que parte de la infraestructura ya se encuentra disponible en los llamados Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica. A esto se suma que en el momento de ser aprobada la ley de creación del Polo Farmacéutico en el año 2007 se dejó asentado expresamente la asignación de un espacio para un laboratorio público. Finalmente, los legisladores remarcan que en este caso, negar la suma necesaria (aproximadamente 1 millón de pesos) no se condice con la asignación de partidas ya realizadas por el gobierno para la adquisición directa sin licitación de diversos insumos.
¿Es este un intento poco velado de proteger la rentabilidad privada en la producción de fármacos?. No podríamos asegurarlo de manera fehaciente, aunque obviamente constituye la hipótesis con más consenso entre los sectores opositores al macrismo.
¿Y entonces?
No pretendemos con esto simplemente mencionar un aspecto recortado de lo que, como mencionamos previamente en otro lado, constituye una avanzada general hacia el desmantelamiento de la provisión pública de los servicios básicos, en este caso la salud pública. No obstante, creemos que en este caso de la Ciudad de Buenos Aires, el desfinanciamiento progresivo de la prestación de los servicios de salud, así como su vaciamiento de recursos físicos y humanos, se encuentra impregnado de la lógica neoliberal que privilegia la prestación privada y la supuesta superioridad del mercado en la asignación de los recursos. Recursos que, vale decirlo, en gran parte son formados de manera gratuita por el mismo Estado en las universidades públicas.
En este sentido, el PRO, además de las medidas ya mencionadas, abogó por la idea de “autofinanciación” de los hospitales, mediante la tercerización y la facturación a obras sociales y prepagas, permitiendo así reducir el presupuesto público y dejando en el camino, librados a su suerte, a aquellos que no cuentan con ningún tipo de protección social y dependen del hospital público. La mencionada actitud hacia la creación de un laboratorio de fabricación pública de medicamentos se inscribe en la misma lógica.
Ante semejante falta de atención respecto de la salud pública demostrada hasta el momento por el gobierno macrista, no podemos sino especular con un tan improbable como necesario cambio de rumbo. El Estado cumple una función indelegable en la provisión de los servicios de salud y educación, y no solo de seguridad, como parece derivarse de las prioridades establecidas por la actual gestión. La lucha por la mejora en la provisión de insumos, la fabricación pública de medicamentos, la recuperación salarial de los trabajadores ocupados del servicio así como la mera necesidad de ejecutar lo presupuestado originalmente, constituyen medidas urgentes y necesarias para no tener que seguir presenciando atónitamente el progresivo desfallecimiento de la salud pública de la Ciudad.

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10 mayo, 2010

Subejecución y falta de ingresos como excusa

El gobierno de la ciudad ha estado recurriendo a dos estrategias para ajustar el presupuesto a sus objetivos sin tener que enfrentar los costos políticos que tendría al “confesar” tales fines: la subejecución de partidas con fines específicos y explicarlas como resultado de la falta de ingresos. Así, esquiva la forma institucional principal de dar a conocer sus objetivos: la discusión parlamentaria (pública) del presupuesto. Estas dos se agregan a los “superpoderes” que actualmente posee el gobierno de Macri (aunque parece estar en contra de los mismos para el gobierno nacional).
Veamos qué sucedió efectivamente. Como podemos ver en el cuadro 1, a pesar de todo, la recaudación efectiva en relación a lo presupuestado hasta el mes de noviembre es únicamente un 5,5% menor. En ese marco, vemos que la caída de los Recursos Tributarios es inferior al 5% y, en cambio, los No Tributarios crecieron un 11% por encima de lo presupuestado. Traducido a millones de pesos, implica que en vez de recaudar cerca de 12.900 se alcanzó la cifra de 12.300. Es decir sólo le faltaron a las arcas de la Ciudad, 600 millones de pesos. A pesar de ello, todo lo que no se hizo se endilgó a la falta de presupuesto. Un caso muy concreto de ello tiene que ver con los recursos que son de uso específico en la ampliación de la red de subterráneos que se nutre de parte del impuesto inmobiliario y de patentes y de los pagos realizados en moratorias. Como sabemos las obras en la red han sido totalmente paralizadas, postergándose para fines de este año la inauguración de una sola estación.
Entonces si la falta de recursos no es la culpable de todas las obras paralizadas y del deterioro de la calidad de los servicios de Educación y Salud pública, ¿cuál es el problema? Como se ve claramente en el siguiente gráfico, también construido con datos hasta el mes de noviembre (o sea con más del 75% del año recorrido), los números rojos de la subejecución se concentran fuertemente en el rubro Inversión. Es difícil pensar en un proceso de similar magnitud en el rubro Remuneraciones, sin embargo la inversión parece ser menos necesaria y más maleable políticamente. Aquí la idea “gestión” neutral muestra lo que verdaderamente es.
Un breve repaso de las más destacables subejecuciones del macrismo mostraría que sólo se ejecutó el 51% del presupuesto de inversión en Salud; el 38% del de Educación, el 34% de Vivienda; 8% de Trabajo. Ni que hablar del 28% de Transporte y 1% de Turismo. Se puede ver que a grandes números la inversión en “Servicios Sociales” sólo es superada en su subejecución por la Administración Gubernamental y, llamativamente, por “Servicios de Seguridad”. Cabe destacar que los montos asignados a estas partidas son muy dispares: los de Educación, Salud y Vivienda (tres de los mayores déficit de esta ciudad) son los más importantes y los más subejecutados.
Claramente todos estos porcentajes son superiores a la ausencia de ingresos presupuestados: la ejecución total de inversión alcanza el 46%, muy por encima del 5% de recursos faltantes. Sin embargo, los montos pagados en el rubro Deuda Pública se desarrollan a buen ritmo.

La evidencia ineludible de la intención del GCBA de querer reducir la inversión se muestra en el presupuesto 2010: hay un recorte de un 50% en dicha área, reducción similar a la subejecución del 2009. Lejos de ser un recorte necesario debido a una merma en la recaudación, pareciera ser que la constante degradación presupuestaria que recibe la inversión en la CABA es la única política de estado que el Ing. Macri tiene para ofrecernos. ¿Por qué única? Porque frente a tantas variaciones en las asignaciones presupuestarias, de todas las grandes partidas, lo que se deja ver es que no tienen ningún plan en mente más que el de agotar la inversión pública. Se supone que el seguimiento de los presupuestos de cualquier ciudad, distrito o país deben reflejar un rumbo al cual se desea llegar. Cuando uno analiza los presupuestos de la gestión del macrismo lo que aparece es un zigzagueo constante en las partidas que, salvo el anteriormente mencionado agotamiento en la inversión, nada deja planificar.
Pero supongamos, por un momento, que somos gente que actúa de mala fe, que realmente no queremos creer -como si el análisis presupuestario necesitara de creencias- en el actual jefe de gobierno de la ciudad; supongamos que el problema radica en la falta o fluctuación de la recaudación… ¿y? ¿qué se hizo al respecto? Sin creencias de por medio… no se hizo nada. El GCBA depende en casi un 70% de la recaudación de IIBB, uno de los impuestos más regresivos y procíclicos que existen: apenas baja el nivel de actividad lo mismo sucede con la recaudación. Lejos de querer modificar la estructura impositiva, el GCBA, pretende intensificarla a través de la suba generalizada de dicho impuesto. ¿Qué otro recurso utiliza la actual gestión? Endeudamiento externo pero, ¿cómo se supone que pagará los futuros vencimientos si no hay inversión? ¿Qué otras fuentes de ingresos podría tener la CABA? Echemos un vistazo a lo siguiente:
“Las administraciones que han manejado la CABA desde el inicio de su autonomía formal no han podido romper con un modelo heredado de gestión. La captura de recursos y el nivel del gasto público se encuentran muy retrasados respecto de la riqueza que la Ciudad genera.
El producto geográfico per cápita en la Ciudad de Buenos Aires está en el orden de los u$d 26.000. El gasto público per cápita, en tanto, no alcanza los u$d 1.600. Esta desproporción es la que explica una provisión de bienes públicos locales sumamente deficiente y alejada de los niveles de riqueza creada por el distrito.
Los altos niveles de PBG per cápita permiten a muchos porteños resolver en el mercado estas deficiencias de los bienes públicos locales reforzando un círculo “vicioso” de desinversión y retirada del Estado, reforzando la desigualdad que caracteriza a la Ciudad.” (1)
Estos números reflejan que el GCBA tiene un gasto per cápita del 5,7% del total de riqueza generado, contra el 11,4% de la Provincia de Bs As, el 15,2% de Santa Fé y el 18,5% de Córdoba. Para ir directamente a los números: de los casi 300 mil millones de pesos que se generan en la CABA el GCBA recauda menos de 17 mil millones de los cuales el un poco más del 11% proviene de la colocación de deuda.
Primero tuvimos a un Macri candidato que aseguraba que con la plata que existía en la CABA alcanzaba para cubrir los gastos y generar inversión “con el mismo criterio que utilizaba una ama de casa”. Luego, y después de prometer en su campaña que no lo haría, el Jefe de Gobierno hasta ese entonces electo decidió promover y apoyar en la legislatura una suba de ABL. Luego de asumir con un mayor presupuesto que en años anteriores empezó a hacer uso de la colocación de deuda, aunque de limitado uso dado el impedimento que le genera su relación con el gobierno nacional. Luego de asegurar que alcanzaba con lo que había y de aumentar la tasa impositiva de ABL negó que haya disponibilidad para aumentos en los salarios de los trabajadores de la educación y la salud. Luego de asignar partidas en el presupuesto generado y votado por la legislatura porteña, donde el macrismo tenía hasta el momento la primera minoría, decidió reasignar todas las partidas, principalmente las de inversión, subejecutándolas en su mayoría. Luego de acordar un supuesto aumento con ciertos sectores públicos anuncia que sin el aumento en los IIBB de la CABA esos aumentos no tendrían de dónde salir, es decir, primero decidió que iba a aumentar sin siquiera preguntar de dónde saldría el dinero. En fin, la tan ansiada planificación y gestión apolítica del macrismo resultó ser un fiasco absurdo que no puede justificarse a sí mismo, que una y otra vez tropieza con sus propios razonamientos y que se muestra inútil a la hora de resolver los problemas más básicos de la ciudad.

Nota al pie 1: Bloque Igualdad Social. Observación al despacho 891/09. Presupuesto 2010 para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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18 abril, 2010

Mauricio … ¿1 + 1 = 3? - Análisis de la gestión educativa en la CABA

Como hemos comentado en otros post, la relación entre el macrismo y la educación no han sido para nada agradable. Desde los paros docentes, las escuchas telefónicas dirigidas dentro del ministerio de educación, la consecuente renuncia del ministro Narodowski, la designación y pronta retirada de Abel Posse, y la entrada de una entera camada de egresados de la UCA, lugar de egreso del actual Jefe de Gobierno Porteño Mauricio Macri, con estrechos vínculos a represores de la dictadura y al episcopado como Antonio Bussi.
Pero en este caso queremos enfocar la mirada en otro aspecto, que no es para nada ajeno a todo lo anterior. Queremos evaluar la tan famosa gestión de Macri, en particular en el área de educación. Para ello haremos una revisión de la situación general de la educación pública en la Ciudad de Buenos Aires, en términos de estructura y financiamiento.
La Ciudad de Buenos Aires, en materia educativa, tiene un gran déficit edilicio, esto se traduce a una enorme diferencia entre las vacantes demandadas por la ciudadanía y lo que la ciudad oferta (http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-122051-2009-03-25.html). Es común escuchar que la parte sur de la CABA es siempre discriminada en lo que compete a los servicios públicos. En el eje educativo, esto tiene una fuerte relación en tanto que es la zona de mayor ratio cantidad de alumnos/cantidad de establecimientos:
Gráfico 1: Indicador Alumnos por unidad educativa (2005)

Elaboración propia en base a los datos de la Dirección de Investigación y Estadística. GCBA
En este cuadro vemos la enorme diferencia que existe entre la zona sur de la CABA y el resto (ver Mapa de Distritos Escolares y Barrios). Citando el caso más crudo, el distrito 21, que comprende los barrios de Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo, el promedio de alumnos de nivel primario duplica al promedio general de la ciudad (664 vs. 332). En el caso de los alumnos de nivel medio la situación se acentúa, ya que el promedio de los alumnos por U.E. (pública y privada) es de 396, pero el promedio en la U.E. de gestión estatal es de 717.
Claramente la forma de resolver este problema es a través de la creación de nuevos establecimientos en las áreas donde más se demandan ¿cuáles son estos? El gobierno de la ciudad no brinda ningún dato sobre la demanda puntual de vacantes, esto puede ser porque no tienen interés de divulgarlo o porque, lisa y llanamente, no tienen datos. Sobre esto existen informes brindados por ONG’s de distinto tipo. El informe más concreto es el de ACIJ donde aparecen datos sobre las diferencias entre las vacantes demandas contra las que la Ciudad asegura.
Pero dado que la mayoría coincide en que la forma de resolver esto es a través de nuevos edificios educativos, veamos cuánto dinero ha destinado el GCBA a ese propósito en los últimos dos años:
En el presupuesto 2009 se asignó a Educación un total de $4.518.170.379, siendo $4.191.855.901 destinado a los gastos corrientes y $326.314.478 en materia de inversión, es decir: menos de un 8% del presupuesto total se dirige al mantenimiento y creación de nuevas escuelas. Pero sigamos mirando un poco más de cerca el asunto, ya que hasta aquí tenemos la asignación inicial, por lo que debiéramos ver es si de ello se ejecutó todo lo planeado. Para el 4to trimestre del año 2009 se ejecutó un total de $123.092.514, es decir un 37,72%. Para el año 2010 se aprobó el presupuesto presentado por el Ejecutivo que asigna $177.216.817 en materia de inversión en educación, una baja nominal del 45% y una real del 50%(1).
La única conclusión que puede sacarse de estos números es que la gestión de Mauricio Macri no solo no quiere resolver el problema educacional, sino que pareciera querer empeorarlo.
Hasta aquí uno puede pensar que a la gestión actual no le importa en lo más mínimo la educación, sin embargo a la gestión le queda un as bajo la manga o, mejor dicho, dentro de la billetera. Existe una partida, dentro de la cartera de educación, que ha venido aumentando año tras año: Transferencias a Escuelas de Dominio Privado.



En este gráfico podemos observar la relación inversamente proporcional que existe entre los subsidios que da el GCBA a los colegios privados y el dinero que destina a la creación de nuevos establecimientos.
Lo primero que uno debiera preguntarse es: ¿por qué motivo el Estado debe financiar el gasto de escuelas privadas? Para esto conviene revisar el texto del decreto Nº 2542/91, donde vemos, en su considerando, lo siguiente:
“Que la nueva normativa debe contribuir a garantizar el derecho de aprender y consecuentemente de elegir escuela, en ejercicio de la libertad de enseñanza, según lo establece la Constitución Nacional.
Que corresponde asegurar a todos los habitantes la igualdad de oportunidades para acceder a la educación mediante un sistema de financiamiento de la educación pública de gestión privada, que prevea la aplicación equitativa, racional y eficiente de los recursos de Estado.”
Es decir, los subsidios debieran destinarse a los sectores de la CABA donde existen déficits altos a la hora de garantizar el acceso de los chicos a un aula. Veamos entonces cómo se distribuyen los subsidios, agrupando los distritos escolares que están por encima y por debajo del promedio según los datos del Gráfico 1:


Elaboración propia en base a los datos de la Dirección General de Educación Privada. GCBA.
Este cuadro pone en evidencia que no existe ninguna política distributiva que intente resolver la garantía efectiva del acceso a la educación. En el caso del nivel primario la distribución es casi igual y en el caso del nivel secundario hay más dinero para las zonas con menor cantidad de alumnos por U.E. que el promedio de la CABA.
Si efectivamente los subsidios a los colegios privados son un mecanismo de igualación de oportunidades, el macrismo no ha entendido absolutamente nada. Pero hay un dato curioso: según la constitución nacional, el Estado debe garantizar la educación pública, gratuita y laica. Cuando uno observa la cantidad de escuelas privadas financiadas por el GCBA va a encontrarse con una enorme cantidad de colegios católicos que, en su mayoría, cobran cuotas irrisoriamente inaccesibles para la gente que debe mandar a sus chicos al colegio. Tomemos el caso puntual del colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, colegio católico emblema del barrio de Belgrano, que cobra una cuota promedio de $1.200, tiene un nivel de aporte, los cuales se destinan exclusivamente al pago de sueldos docentes, del 40% (más de $310.000) en concepto de subsidios. Este colegio está ubicado en el D.E. Nº 9 donde tanto la cantidad de alumnos del nivel primario (249 por U.E.) como del secundario (266 por U.E.) se encuentra por debajo del promedio (292 y 396 respectivamente).
De lo visto hasta ahora podemos sacar la evidente conclusión de que la educación pública no tiene lugar en la agenda del macrismo y que los únicos beneficiarios de su gestión son los colegios privados, católicos en su mayoría, que ven crecer año a año sus ingresos en concepto de subsidios.
Síntesis del diagnóstico:
  • Falta de vacantes en la CABA.
  • Hacinamiento en la mayoría de la aulas de la zona sur de la ciudad.
  • Caída abrupta en la inversión en nuevos edificios educativos.
  • Alta subejecución en materia de inversión educativa.
  • Inexistencia de política distributiva a través de subsidios destinados a garantizar el acceso de los chicos a las escuelas.
  • Excesivo crecimiento de subsidios a colegios privados.

Nuestra propuesta:
Para resolver el problema de las vacantes, obviamente, hay que crear nuevos edificios, pero mientras tanto ¿qué hacemos con los subsidios?
Opción I:
En primer término podrían reasignarse de forma tal que, en las zonas que realmente tienen problemas serios de infraestructura y vacantes, se pueda asegurar el ingreso de todos los chicos al colegio, es decir, virar los recursos a las zonas más afectadas quitándolos de las que menos problemas tienen. A su vez, se debe crear un fondo de inversión en materia educativa que esté destinado específicamente a la creación de nuevos establecimientos. De esta forma el Estado podrá asegurar mayor cantidad de matrículas año a año y, progresivamente, ir quitando subsidios a colegios privados de la zona, ya que ahora el Estado puede garantizar mayor cantidad de ingresantes. En otras palabras, la solución sería invertir la relación del Cuadro 2, y lograr que, año tras año, la partida de subsidios vaya disminuyendo a la par que aumenta la de inversión. De esa forma, los considerandos del decreto quedarán sin sustento y no habrá necesidad de destinar recursos en concepto de subsidios y el dinero que hacia allí se destinaba, podrá ser utilizado, tanto en materia de remuneraciones como materia edilicia, para el mantenimiento de los nuevos colegios públicos.
Opción II:
Pero dado que la obligación por parte del Estado, de garantizar la educación pública, gratuita y laica, es con los chicos y no con los colegios privados ¿por qué los subsidios van a los colegios y no a las familias? ¿cómo lograríamos que los subsidios lleguen directamente a la familias? Para resolver ese problema se podría implementar un sistema centralizado de inscripción a través de Internet, CGP o Comunas donde se puedan anotar los chicos, durante un determinado período de tiempo, estableciendo preferencias de colegios y zonas. Una vez finalizado el período de inscripción se determinará, mediante un criterio específico, qué chico irá a qué colegio, tratando de respetar las preferencias de cada familia. En caso de que ello no se logre, se brindaran otras opciones, dentro del propio distrito escolar, donde puedan enviar a sus hijos. Si el colegio elegido queda lejos se le deberá brindar un subsidio a la familia, en concepto de viáticos, para poder garantizar el acceso al establecimiento. En caso de que no haya más establecimientos públicos en la zona se deberá brindar un subsidio, en caso de que lo necesite, a la familia, para que pueda inscribir a su hijo en un colegio privado. De esta forma evitamos que el dinero vaya a las instituciones, con las cuales el Estado no tiene ningún tipo de compromiso, y se redirija a las familias. Esto requerirá de un seguimiento mensual de cada estudiante para garantizar que cada uno de ellos esté yendo al colegio, misma condición del Ingreso Universal por Hijo. De esta forma centralizada se evitaría una doble asignación y generaría una información mucho más potente para poder hacer el seguimiento de la eficiencia del plan en cuestión. A su vez, un análisis sobre las preferencias por determinados colegios podrá dar un indicio del nivel de cada uno de ellos (no es novedad el hecho de que existen colegios públicos con distintos niveles académicos) y del por qué en cada caso. A la postre el Estado tendrá las suficientes vacantes, en cantidad y calidad, para poder cubrir la demanda de toda la ciudadanía.

Nota al pie 1: Tal como lo hicimos en el post sobre el Presupuesto 2010 propuesto por el GCBA, tomamos la inflación en un 9%, dato extraído de los considerandos del proyecto de ley presupuestaria: “Por ello, dado el tipo de cambio promedio estimado en el Presupuesto Nacional y la expansión moderada del consumo esperada, la tasa de inflación debería estar dentro del rango de un dígito de crecimiento.” Al parecer, a veces conviene ser un poco oficialista y defender la intervención en el INDEC.

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23 marzo, 2010

La inflación y el límite a la suba del salario real: ¿simple voluntad de los capitalistas o consecuencia necesaria del “modelo”?

A continuación incluimos un artículo elaborado por nosotros sobre el fenómeno inflacionario en Argentina, publicado en la revista Kamchatka, la cual es editada por la agrupación SoS de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. A su vez, la nota se puede descargar en formato pdf haciendo clic AQUÍ.
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Introducción
En las próximas paritarias, una cuestión central para los trabajadores será recomponer el poder adquisitivo del salario, el cual se ha visto seriamente afectado por la persistencia del proceso inflacionario. Por ello, en el presente artículo intentaremos dar cuenta de esto. Sin embargo, analizar simplemente la suba de precios no resulta suficiente, sino que, necesariamente, debe comprenderse el marco en el que se desencadenó. En otras palabras, se vuelve necesario comprender el “modelo económico” inaugurado con la salida de la Convertibilidad, a principios de 2002. Comencemos, entonces, por allí.
El modelo de tipo de cambio alto y la dinámica de los precios.
El denominado “modelo kirchnerista” se sostiene, fundamentalmente, sobre dos pilares. Un tipo de cambio real “competitivo”, combinado con retenciones a las exportaciones de ciertos bienes, y una política de desendeudamiento. ¿Qué rol juega y en dónde radica la importancia de cada una de estas dos cuestiones? Analicemos la primera.
Los capitales nacionales se caracterizan, en general, por tener una escala muy pequeña y, por lo tanto, un fuerte atraso en términos de la productividad del trabajo que ponen en movimiento, por lo cual presentan serias dificultades para competir a escala mundial. Para compensar dicha desventaja, esgrimen, recurrentemente, la necesidad de contar con un tipo de cambio “alto”, asegurándoles mercado interno. Pero ¿cuáles son los mecanismos detrás de esta aparentemente sencilla “solución”, en particular tal como se presenta tras la devaluación de 2002?
Por un lado, la devaluación se tradujo en una brutal caída de los salarios reales (del orden del 30%), reduciendo, en consecuencia, los costos laborales. Dicha caída de los salarios reales implicó para los trabajadores la imposibilidad de obtener el valor íntegro de su fuerza de trabajo, profundizando una tendencia iniciada hacia mediados de los setenta. La caída de los salarios significó también una fuente importante de incremento de la rentabilidad de las empresas, que motorizó el incremento en el ritmo de acumulación de capital nacional. Por el otro, la nueva paridad cambiaria determinó una subvaluación del peso, encareciendo artificialmente la producción extranjera. Esto se debe a que con un peso subvaluado un bien importado cuesta, en pesos, más de lo que costaría en situación de paridad cambiaria. Ambas cuestiones permiten que los capitales locales puedan competir en el mercado interno, aun cuando la productividad del trabajo sea menor que en el resto de los países.
Sin embargo, la devaluación no establece, necesariamente, un precio del dólar al nivel mínimo necesario para garantizar la producción nacional. De hecho, en muchas ramas el mismo se ubicó, tras la devaluación, por encima de este valor: al abandonar la Convertibilidad, la subvaluación del peso fue tan pronunciada que no sólo compensó la baja productividad de los capitales nacionales, sino que además les permitió a las empresas disponer de un margen que hiciera posible un aumento de precios con el objetivo de obtener ganancias extraordinarias, o eventualmente soportar un incremento de los costos sin dejar de obtener la ganancia normal.
Por otra parte, dado que para los bienes transables rige la denominada ley del precio único, el mantenimiento de un tipo de cambio “alto” genera las condiciones para un incremento de precios internos: al devaluarse la moneda nacional, aquellos sectores ligados a la exportación se encuentran con que, mediante la venta de su producción en el mercado mundial, obtienen una mayor cantidad de pesos que antes, lo cual los impulsa a incrementar sus precios de venta internos hasta que estos coinciden con el precio externo traducido en pesos. Asimismo, cada situación de aumento de los precios internacionales de los productos primarios -como sucedió sostenidamente desde 2003 a 2007- puede traducirse internamente en suba de precios de las mercancías exportables. Ante tal situación, la implementación de retenciones tras la devaluación actúa reduciendo dichas tendencias inflacionarias (lo mismo ocurriría en caso de implementarse un esquema de retenciones móviles, medida de política económica impulsada en 2008, mediante la Resolución 125, que no logró ponerse en práctica).
Al respecto, un elemento no menor en la discusión acerca de las tendencias inflacionarias es la cuestión agropecuaria. El avance del cultivo de soja, que es exportada casi en su totalidad, ha ido abarcando crecientes superficies de la pampa húmeda e, incluso, territorios marginales, aun con la mediación de las retenciones. Consecuentemente, parte de la producción de los restantes cultivos y de la ganadería, que sí son parte importante de la canasta de alimentos de la población local, ha sido desplazada, implicando una menor oferta interna de alimentos, lo cual obliga, eventualmente, a la importación, que, en un contexto de precios internos desacoplados de los internacionales y tipo de cambio subvaluado –como ocurrió hasta 2006-, incrementa, también, las presiones inflacionarias.
En síntesis, la devaluación impuso, en un principio, una subvaluación del peso mantenida gracias a la venta por debajo de su valor de la fuerza de trabajo, que impulsó la recomposición de la tasa de ganancia y, por tanto, un fuerte crecimiento de la inversión y de la producción. Esta ventaja (general y gratuita para los capitales) que se le otorga a los sectores productivos locales tiene, sin embargo, otras aristas. En efecto, a partir de la fuerte reducción inicial de salarios, el gobierno se vio presionado a llevar adelante una progresiva (y lenta) política de recomposición salarial. Frente a esta situación, dado el margen mencionado anteriormente con el que cuentan las empresas, el aumento de los salarios puede ser trasladado a precios sin necesidad de resignar márgenes de ganancia. Veamos la cuestión más de cerca.
Para que el mecanismo mencionado actúe, las empresas deben contar con una demanda que les permita validar su producción a un precio más alto, cosa que durante los primeros años del nuevo régimen no ocurrió, pues en el estallido de 2001 la demanda interna se encontraba en niveles de profunda depresión. Sin embargo, a medida que se recupera el nivel de actividad y se fortalece la demanda, la protección cambiaria le permite a las empresas aprovechar la posibilidad de obtener ganancias extraordinarias vía suba de precios, o bien de trasladar la suba de los costos de producción. En este marco, se podría creer, erróneamente, que la inflación es un fenómeno derivado del aumento de los salarios. Pero como se desprende de lo dicho anteriormente, lejos de deberse al aumento salarial, el fenómeno inflacionario es una consecuencia necesaria del mantenimiento de un tipo de cambio “alto” con una estructura productiva signada por la necesidad de mantener en operación a pequeños capitales, estableciendo, así, un techo a la suba del salario real.
Además, es necesario tener en cuenta que las subas del tipo de cambio nominal actúan desplazando hacia arriba el techo hasta el cual pueden subir los precios. Es decir, incentivan la posibilidad de trasladar la suba de los salarios y los costos a los precios. Podría pensarse que este es el proceso que está operando como impulso a la suba de precios a partir del año pasado. (Claro que, resulta necesario decirlo, sólo se pueden realizar conjeturas al respecto, puesto que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) se encuentra intervenido y sus estadísticas “retocadas”. De hecho, el IPC - índice utilizado para medir la inflación- es el más fuertemente cuestionado. El “retoque” de dicho índice, que es en general un insumo utilizado por los trabajadores en las negociaciones salariales, termina imponiendo, de hecho, un techo al ajuste salarial que, en general, no permite mantener el poder de compra de los trabajadores: ni más ni menos que uno de los elementos fundamentales del "modelo".)
Por otra parte, esta estrategia de “tipo de cambio competitivo” presenta límites inmediatos. En la medida que se generalice el aumento de precios, el tipo de cambio real comienza a apreciarse, erosionando la protección cambiaria inicial. En otras palabras, la “competitividad” de la que gozaban pierde vigencia progresivamente. Así, la serpiente parece morderse la cola. ¿Son acaso irracionales las empresas que suben los precios de esta manera? Aun cuando este proceso desplegado colectivamente lleve a un perjuicio de los pequeños capitales en general, siempre que cada capital individual pueda incrementar su tasa de ganancia a través de aumentos de precios, lo hará. Por lo tanto, no hacen más que poner en evidencia la lógica que las mueve como capitales individuales: la maximización de su tasa de ganancia.
Llegados a este punto podemos concluir que esta caracterización corresponde, esencialmente, a una inflación cambiaria. Y es sobre esta base que resulta posible, ahora sí, comprender con mayor nitidez el discurso de la burguesía nacional; por ejemplo, el reclamo por parte de la UIA de una nueva devaluación "ante la pérdida de competitividad" como expresión elocuente de la dicotomía perversa "inflación vs. desocupación".
Asimismo, dicha inflación cambiaria termina apreciando indefectiblemente la moneda, eliminando la subvaluación inicial, y vuelve a poner de relieve que la base sobre la cual se puede continuar acumulando capital en Argentina es mediante la transferencia hacia los capitales industriales de renta la de la tierra que fluye hacia el país mediante la exportación de bienes primarios, con el fin de compensar el atraso tecnológico.
Esta política de tipo de cambio “competitivo”, sumada a un contexto internacional favorable, le permitió al país registrar un superávit comercial importante que, sumado a la mejora de la actividad, impulsó al alza a la recaudación estatal. Ante esto, el gobierno pudo sostener el segundo pilar del “modelo” que mencionamos: la política de desendeudamiento.
Esta política contribuye, también, a evitar la apreciación del tipo de cambio: dada la existencia de grandes superávits de la balanza comercial, y también de la balanza de pagos, se acumula una masa importante de riqueza que es necesario colocar de alguna manera. Las opciones pueden ser: que esta masa de riqueza expresada en divisas internacionales ingrese a la circulación, lo que incrementaría la demanda de pesos y terminaría apreciando el tipo de cambio; que sea acumulada en reservas que el BCRA adquiere con pesos que luego se encarga de retirar de la circulación a través de la colocación de LEBACs y/o NOBACs; o bien, que se utilicen para cancelar pasivos externos. Tanto la segunda como la tercera opción fueron llevadas a cabo. Para mantener el “modelo” en funcionamiento y evitar la apreciación de la moneda, se acumuló una gran cantidad de dólares en manos del BCRA y se llevó a cabo una política de cancelación de deuda externa (pago de capital además de intereses). Por lo tanto, más allá de la retórica con que se la presenta, esta “política de desendeudamiento” constituye una medida necesaria para el mantenimiento del funcionamiento de la estructura económica tal cual la venimos describiendo.
Pero además de embarcarse en la mencionada política de desendeudamiento, el aumento de la recaudación que se tradujo en importantes superávits fiscales permitió al gobierno tomar una medida adicional para contribuir con el sostenimiento de los pequeños capitales: el otorgamiento directo de subsidios, fundamentalmente al transporte y la energía.
Los subsidios actúan abaratando la fuerza de trabajo: una parte del valor de la fuerza de trabajo es pagada con los impuestos que recauda el Estado, que otorga subsidios a ciertos capitales a condición de que no incrementen los precios, abaratando los salarios (en valor), lo cual incentiva el nivel de empleo. Nuevamente, al igual que la protección cambiaria, aunque esta vez de modo mucho más explícito, tenemos aquí un sostenimiento de los pequeños capitales en funcionamiento. Ahora bien, si se eliminasen los subsidios y aumentaran las tarifas, caería fuertemente el salario real. Eventualmente, éste debería recuperarse, erosionando la competitividad de las empresas. Resultado: si éstas salieran de producción, se pasaría nuevamente a importar gran cantidad de mercancías y se destruirían puestos de trabajo; si, en cambio, aún tuvieran protección cambiaria, se incrementarían los precios.
En suma, el costo de mantener este “modelo” es la existencia de tendencias inflacionarias, que llegado cierto punto le ponen un techo al salario real. Entonces, se desata la puja distributiva y los incrementos salariales son trasladados a precios hasta que se acaba la protección cambiaria. Después de eso, se comienza a importar y las empresas salen de operación, presentando, nuevamente, la dicotomía perversa: inflación vs. desocupación.
Cierre y perspectivas
Hasta acá, hemos dado cuenta del contenido del “modelo” de tipo de cambio alto, así como enunciado los límites inmediatos que este esquema encuentra en la medida en que se recomponen los salarios, de la mano con aumentos de precios y la consecuente pérdida de “competitividad”: la base del modelo se erosiona, la serpiente se come la cola, una vez más. El reconocimiento de esta cuestión nos obliga a pensar en la necesidad de trascender este esquema, de corto alcance y largas penas.
En este sentido, es necesario pensar en la aplicación de políticas industriales que identifiquen dónde actúan estos capitales ineficientes y cuáles son, entre ellos, los que tienen algún potencial para incrementar productividad. Sin embargo, y a modo de evitar una explosión del desempleo, quizás sea necesario que la economía argentina actúe, durante algún tiempo, con pequeños capitales que ayuden a mantener altos niveles de empleo, pero teniendo como norte, necesariamente, una política económica que reconozca el problema estructural y busque solucionarlo.
Un primer paso, creemos, debe ser el reconocimiento del atraso industrial y de la necesidad de compensar la falta de competitividad de la producción nacional. Para lograrlo, consideramos necesario que se transfiera riqueza hacia los capitales industriales, pero siempre en el marco de una política económica orientada a la obtención de mejoras significativas en términos de productividad y en la calidad de los empleos generados, y no ”a ciegas”. Luego, dado que las fuentes de dicha riqueza a ser transferida pueden ser o bien la venta por debajo de su valor de la fuerza de trabajo o bien la renta de la tierra, salta a la vista que la acción política debe estar siempre orientada en el sentido de lograr que el Estado apropie porciones crecientes de renta con tal fin. De otro modo, no haríamos más que reproducir el atraso económico argentino, condenándonos al empeoramiento constante y creciente de nuestras condiciones de vida, y al incremento de la pobreza y de la marginalidad.
Por otra parte, es sumamente necesario que los trabajadores luchemos por conseguir incrementos salariales, pues la suba del salario actúa, en condiciones normales, de manera progresiva al imponer a los capitales la necesidad de introducir nuevas técnicas productivas con el fin de lograr un incremento de las ganancias, que incrementan la productividad del trabajo, es decir, actúa como un incentivo al desarrollo de las fuerzas productivas, condición necesaria para el desarrollo económico y la mejora en las condiciones de vida de los trabajadores.
En definitiva, al sostener que el fenómeno inflacionario no es “una desgracia que nos cae del cielo”, sino que es un resultado necesario del “modelo”, y más aún de las características propias de la economía argentina, no podemos más que concluir que es equivocada tanto la posición que únicamente destaca los logros alcanzados y sostiene que la mejora en las condiciones de vida de la clase obrera y la reducción de la pobreza son metas que se alcanzarán si el rumbo se mantiene lo suficiente en el tiempo, como su opuesta de sobrevaluar la moneda y liberalizar la economía. Desde nuestra perspectiva, la actual configuración, en particular, pone límites inmediatos a la suba del salario real y, por tanto, atenta contra el incremento sostenido de la productividad del trabajo, lo cual también ocurre con la sobrevaluación y la apertura indiscriminada. Es imposible, así, resolver los problemas que tanto aquejan a nuestra sociedad. El acento debe ponerse, por lo tanto, en evitar nuevamente la “dicotomía perversa” y empezar un verdadero proceso de desarrollo en nuestro país.
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09 febrero, 2010

Documento de Discusión Nº2 - Crisis económica internacional. Causas y formas de superación.

En este segundo documento de discusión nos proponemos, a la luz del análisis del origen de la crisis económica, presentar una serie de medidas que debería impulsar la clase trabajadora para enfrentarla. Para ello, el documento se organiza de la siguiente manera:
En primer lugar, en base a las políticas adoptadas por los diferentes gobiernos para enfrentarla, deducimos la explicación subyacente que tienen de la crisis.
En segundo lugar, habiendo puesto de manifiesto los inconvenientes que enfrenta dicha explicación, desarrollamos conceptualmente la causa de las crisis económicas, dando cuenta de la necesidad de las mismas y, en particular, del estallido reciente.
Finalmente, en base a este sustento teórico, realizamos una serie de propuestas a impulsarse desde la clase trabajadora nacional para superar la crisis actual de la manera más rápida y potente, y que, al mismo tiempo, reduzca los efectos que sobre ella recaigan en los próximos ciclos que la economía enfrente.



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25 enero, 2010

Perversiones neoliberales

La fuerza productiva de los trabajadores en una sociedad depende en gran medida de la educación y la salud. Además de su efecto indirecto en la calidad de vida, mediado por la distribución económica de la producción, la salud y educación son en sí mismos factores determinantes del bienestar social. La implementación de las políticas neoliberales a partir de la dictadura militar y sobre todo durante los 90 implicó la privatización de servicios y empresas estatales. Si bien los sistemas de salud y educación no fueron privatizados como tales, avanzó la provisión privada en los sectores. Ese proceso económico tuvo un correlato en el terreno de la lucha ideológica, cuyo resultado fue la instalación en el imaginario colectivo de la idea de que la gestión privada es más eficiente que la pública, que las mejores soluciones son las soluciones de mercado. Las políticas de desfinanciamiento público fortalecieron la imagen de ineficiencia estatal que el propio neoliberalismo predicaba.
La liberalización de los servicios sociales, aún cuando no se avanza en la privatización total, pone en primer lugar una etiqueta de precio a los derechos humanos más básicos; conspira contra la igualdad de oportunidades, tan pregonada por el liberalismo en su juventud revolucionaria; conlleva a la fragmentación social, dividiendo a la clase obrera en estratos de tal forma que se rompen lazos de solidaridad e intereses comunes de la clase como tal. Esta diferenciación hacia dentro de la clase obrera responde a la diferenciación en el proceso de producción. La minimización de los costos de reproducción de la fuerza de trabajo requiere una provisión diferenciada de salud y educación según el tipo de labor desempeñada.
Por otro lado, la liberalización configura un sistema perverso, en el que se constituye un círculo vicioso. Puntualmente, el desfinanciamiento de la salud pública reduce la calidad y la accesibilidad de la misma. Esa disminución de la accesibilidad se pone de manifiesto en los tiempos de espera para conseguir turnos. En la salud privada, ese problema no existe. Cualquier exceso de demanda se resuelve o bien, a través del clásico mecanismo de precios, o bien mediante la sobreexplotación de los trabajadores de la salud. Esa sobreexplotación se manifiesta en tiempos insuficientes de atención a los pacientes, con turnos de duración predeterminada. Quienes quedan excluidos del sistema por los precios crecientes, pasan a presionar al sector público, aumentando la deseabilidad del sistema privado. Esto es así a pesar de la regulación estatal de facto (vía acuerdos de precios) en el sector privado, ya que el poder de lobby hacia el gobierno y de mercado hacia los prestadores que poseen las prepagas tiende a neutralizar los efectos de dicha regulación.
Otra faceta perversa de la liberalización con desfinanciamiento público radica en la mayor capacidad de atracción de médicos que posee el sector privado. Una parte importante de esos profesionales se van formando primero en la Universidad pública y después en los hospitales públicos a través del sistema de residencias. Es decir, con una altísima inversión por parte del Estado. Pero una vez superada la etapa de formación, la capacidad de retener profesionales en el sistema público disminuye de forma acentuada. La capacidad de atracción que ejerce el sector privado refuerza la idea de superioridad de la gestión privada sobre la pública.
El sistema mixto se presenta como una forma de ampliar la libertad de elección. Pero lo que desde el punto de vista individual aparenta ser una decisión libre, pagar para obtener mejor provisión de salud o utilizar un servicio gratuito de menor calidad, es a nivel agregado un resultado que ya está determinado. Existe una capacidad dada para proveer salud. La distribución de esa capacidad entre el sector privado y el público depende de una puja por los recursos en la que las empresas llevan las de ganar y el Estado va a menos por el desfinanciamiento crónico del sector. A su vez, el sector privado puede excluir del servicio mediante precios mayores, para mantener los márgenes de ganancia y los niveles de calidad. También puede desconocer la cobertura a enfermedades preexistentes en cada caso. El Estado no puede recurrir a esas opciones.
En cuanto a la educación, para tomar por caso el nivel superior, existe una avanzada de las universidades privadas que se remonta a la sanción de la resistida ley de enseñanza libre del ’58, pero que se ha ido durante los años de políticas neoliberales. En este caso, también se perfila una oferta diferenciada de trabajo. Aquí no solo se trata de restringir la educación de mayor calidad a los ricos, sino también de abaratar los costos de la fuerza laboral formada a medida de las necesidades del capital, con carreras orientadas a la especialización técnica, desprovistas de la formación científica-humanística. Se conforman entonces 2 tipos de educación superior privada. Uno de alto costo, con carreras orientadas a la actividad científica, la formación de cuadros técnicos y políticos, con altos niveles de exigencia y articulado con prestigiosas universidades extranjeras; y uno de bajo costo y de menor exigencia, destinado a abaratar la mano de obra especializada. La degradación del rol científico de las universidades y su subordinación a los sistemas académicos internacionales condiciona severamente la capacidad de desarrollo del país a largo plazo.
En el ámbito de la ciudad, a partir del retroceso a la derecha a partir de la asunción de Macri, se volvió a la senda del privatismo y las privaciones para los sectores populares. A modo de ejemplo, en el terreno de la salud el gobierno PRO avanzó en la tercerización de la facturación de servicios a obras sociales y prepagas en los hospitales públicos. La idea es que los hospitales empiecen a tener fuentes de financiamiento propio, de forma de liberar recursos públicos y orientar la actividad hacia una lógica de maximización de ingresos. En el plano de la educación, la maniobra de mercantilización es todavía más clara, con una reducción del presupuesto de inversión en escuelas públicas y un aumento de los subsidios a las escuelas privadas de la ciudad (próximamente, profundizaremos sobre este tema).
No se trata de adoptar un estatismo a ultranza como reacción a las posturas privatistas. Para desarrollar soluciones superadoras, es necesario reconocer los problemas propios de la gestión pública. La burocracia, la ineficiencia y la insuficiencia de incentivos para brindar servicios de calidad son problemas reales. El financiamiento insuficiente es un problema con el que habrá que lidiar durante mucho tiempo, ya que no es exclusivamente un problema de voluntad política sino que depende además de restricciones económicas reales. Por un lado, la creación de sistemas universales, sin espacio para la apropiación privada de rentas y de servicios, constituye un paso importantísimo en el aumento de la calidad de vida de la población y en la construcción de una sociedad igualitaria. Por otro lado, ese sistema no podrá superar las contradicciones que se usaron como excusa para las privatizaciones si no se lleva a cabo con la participación democrática directa en los procesos de dirección y control. Esto es lo original, la tercera vía en la trampa ideológica de Estado vs. Mercado. El gran desafío es lograr imbricar procesos de participación genuinamente democráticos en la provisión de servicios sociales. En dicha construcción, el actor clave es el colectivo de trabajadores. Pero la construcción no puede detenerse allí. Es necesario involucrar a los destinatarios, especialmente a los sectores vulnerables. El riesgo es que se formen camarillas, que terminen apropiándose de las estructuras estatales para beneficio personal.
Si bien a partir de la crisis del 2001 existe una reacción al paradigma neoliberal, la misma fue hasta ahora tibia e insuficiente. No se llegó aún al punto de plantear reformas radicales en la provisión de la salud y la educación. La crisis mundial y la coyuntura política actual están abriendo la oportunidad para reabrir el debate. Para llevar adelante mejoras sustanciales en el bienestar social es necesario rediscutir la forma de provisión de los servicios estratégicos. No se trata de volver a un pasado idílico, sino de ir más allá. El capitalismo está llevando a niveles crecientes de exclusión y marginación. La acumulación de capital relega a la condición de sobrantes a grandes masas humanas, que pierden el acceso a la salud y la educación. Es decir, en un mismo proceso, desperdicia la capacidad de trabajo actual y deteriora la capacidad de trabajo futura. Es el momento de brindar respuestas originales, que conjuguen las necesidades económicas con la potencialidad de la organización de los sectores populares.

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18 enero, 2010

El Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento y la profundización del modelo

Arrancó el año, y arrancó con todo. Aprovechando el receso parlamentario, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, firmó el Decreto 2010/09, a través del cual se da lugar a la creación del Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento (FBD). En el mismo se establece que, para garantizar el crecimiento, “resulta necesario profundizar el proceso de desendeudamiento iniciado en 2003, para permitir un mayor y mejor acceso al financiamiento tanto para el sector público, como para el sector privado.” O sea, desde la perspectiva del gobierno, reducir el peso de la deuda externa a mediano/largo plazo es una condición necesaria para lograr un crecimiento sustentable. No obstante, en lo inmediato, ante la necesidad de efectuar políticas de impulso a la demanda, resulta necesario tomar deuda al menor costo posible.
Desde la perspectiva del gobierno, la opción que permite minimizar los costos del endeudamiento es hacer uso de las reservas del BCRA a cambio de una “Letra intransferible denominada en U$S, a DIEZ (10) años con amortización íntegra al vencimiento, la que devengará una tasa de interés igual a la que devenguen las reservas internacionales del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA para el mismo período.” De este modo, el gobierno consigue tomar crédito a una tasa como la que obtendría el gobierno de un país central .
Esta iniciativa –sostienen los cuadros técnicos del gobierno- se halla fundamentada en la existencia de un excedente de Reservas: el nivel óptimo de las mismas estaría dado por el equivalente en dólares de la base monetaria, lo que correspondería a un total de US$ 30.800 millones. El cálculo realizado por el gobierno es el siguiente: las Reservas Internacionales en poder del BCRA alcanzan los U$s 48.000 millones; la Base Monetaria suma $ 118.000 millones; dado que el tipo de cambio vendedor es 1 U$s = $ 3,83, entones la Base Monetaria equivale a U$s 30.800 millones, lo que determina la existencia de un excedente de U$s 17.200 millones. Los fondos que el gobierno pretende utilizar para la conformación del FBD constituyen, por tanto, el 37% de las Reservas excedentes, siendo U$S 6.569 millones.
A su vez -argumentan-, la existencia de tal stock de Reservas Internacionales responde a una política económica deliberada del gobierno. Política que ha dado buenos resultados, “especialmente en Argentina, que ha logrado obtener superávits a nivel externo y fiscal simultáneamente por primera vez en más de medio siglo, en el marco de un proceso de crecimiento sostenido con creación de empleos y creciente inclusión social.” El éxito de dicha política, denominada de auto-seguro ante posibles ataques especulativos a la moneda nacional, se manifiesta en el crecimiento observado del stock de Reservas, que “se quintuplicaron entre comienzos de 2003 y diciembre de 2009, pasando de US$ 8.245 millones a US$ 47.539 millones; aun a pesar de haber pagado con ellas US$ 9.530 millones al Fondo Monetario Internacional a principios de 2006. Como porcentaje del producto bruto interno, las reservas pasaron de 9.5% a alrededor de 16.4% en el mismo período.”
Por otra parte -continúan argumentando-, es necesario tener en cuenta, además, que tal política de acumulación de reservas supone un costo, dado por la tasa de interés pagada por el BCRA por la colocación de LEBACs y NOBACs con el fin de esterilizar la compra de dólares, superior al rendimiento obtenido por la administración de las mismas. En tal sentido, es necesario buscar un uso óptimo de las Reservas Internacionales, pues “si bien la acumulación de reservas internacionales contribuye al crecimiento a través de la estabilidad financiera, es decir, reduciendo la incidencia del ciclo ataques especulativos-crisis financieras, tal acumulación puede resultar demasiado onerosa si se lleva adelante muy por encima de niveles óptimos, al –como se dijo— subutilizar recursos.”
Finalmente, el Decreto sostiene que “en las condiciones actuales el uso acotado de reservas no tendrá mayor impacto sobre la política monetaria, ni es susceptible de lesionar el superávit cuasi fiscal, ni puede implicar un deterioro en la calidad de la cartera de activos, que quedará más indisolublemente ligada al desendeudamiento y fortalecimiento de nuestra economía.”
Bien, hasta aquí los argumentos económicos de la medida. Sin embargo, para comprender cabalmente la forma que ha adoptado el conflicto político desatado por la medida presidencial resulta esencial tener en cuenta, además, los siguientes aspectos jurídicos: el Decreto 2010/09 es modificatorio del “artículo 6º de la Ley Nº 23.928, previendo en su segundo párrafo que las reservas de libre disponibilidad podrán aplicarse además al pago de servicios de la deuda pública del Estado Nacional.” Asimismo, se establece que la transferencia de las Reservas Internacionales excedentes “al Tesoro Nacional no se encuentra alcanzada por la prohibición contenida en el artículo 19 inciso a) y en lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta Orgánica del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, ni puede ser considerado a los fines de la autorización concedida por el artículo 43 de la Ley Nº 26.546.”

El conflicto político
Días después del anuncio apareció el primer obstáculo para el gobierno de CFK: el presidente del Banco Central, Martín Redrado, se negó a transferir las Reservas para la creación del FBD, desatando un enfrentamiento político de gran dimensión. Ante tal gesto de desacato por parte del conductor de la autoridad monetaria, la presidenta decidió despedirlo, también mediante un Decreto, por incurrir en mala conducta e incumplimiento de los deberes del funcionario público, y desató el conflicto.
Ante esta situación, desde el gobierno comenzaron a ensayarse una serie de argumentos para justificar el Decreto 2010/09, el pecado original. En primer lugar, se sostiene, desde el oficialismo, que las reservas constituyen un fondo que no necesariamente será utilizado para cancelar deuda. O sea, formalmente -y resaltamos lo de "formalmente"-, no se trata del uso de reservas para cancelar deuda. El argumento del gobierno es que la constitución de dicho fondo permite reducir el riesgo país, lo cual redunda en una menor tasa a pagar por deudas a contraer en lo inmediato. En otras palabras, la constitución del fondo -argumentan- permite reducir el costo del endeudamiento futuro de corto plazo.
La reacción del arco opositor de derecha fue tan rápida, como convergente en sus argumentos: los Kirchner atropellan, nuevamente, la institucionalidad –coincidieron todos. Así, desde los diversos sectores de la oposición política se argumentó que se trata de un nuevo manotazo del gobierno en el “raid manoteador” que comenzara en 2005 con el uso de Reservas para el pago al Fondo Monetario Internacional; que continuara con el intento fallido de la 125, y luego con la "confiscación de los ahorros de los argentinos" -léase “estatización del sistema previsional”-, lo cual -sostendrían- habría "destruido" el mercado de capitales local, cerrando, en consecuencia, el acceso al crédito voluntario al gobierno (ver, por ejemplo, lectura Nº 51 del ITF creado por Frenkel y Damill). ¿Y cuál es el mayor miedo de la oposición política de derecha? La pérdida de independencia del BCRA, que podría llevar a una creciente emisión monetaria para validar el descontrolado gasto público, lo cual, a su vez, reabriría la posibilidad de sufrir una (hiper)inflación por monetización del déficit. O sea, no se discute la pertinencia o no del argumento del gobierno de constituir un fondo que reduzca el riesgo país, sino que se corre el eje de la discusión hacia la legalidad de la medida, es decir, hacia la tan mentada seguridad jurídica.
Cabe realizar algunas observaciones. En primer lugar, que mantener congeladas las Reservas del FBD hasta el inicio de los vencimientos importantes podría ser una opción técnicamente deficiente. Dicha medida podría estar justificada si la reducción obtenida en las tasas para el crédito a tomar fuera mayor que el costo financiero de mantener inmovilizadas las Reservas. Incluso, debería ser comparado también con el beneficio financiero que podría obtenerse en caso de adelantar algunos pagos previstos para el año.
En segundo lugar, resulta necesario diferenciar este uso de reservas de aquel que hiciera el gobierno de Néstor Kirchner en 2006, cuando se le adelantaron US$ 10.000 millones al FMI, bajo el argumento de “ganar grados de libertad para hacer política económica”. En dicha ocasión no se redujo el costo de la deuda; antes bien, se pagó deuda barata, por decirlo de algún modo. Es decir que se trataría de un caso opuesto al de la creación del FBD, hablando en términos de costos de endeudamiento. Y más aún, si finalmente las reservas no fueran utilizadas, se trataría de un caso completamente diferente. Aunque, desde luego, eso sólo podrá saberse a posteriori.
En tercer lugar, ante el accionar del (¿ex?) presidente del BCRA, y el conflicto desatado como consecuencia del mismo, probablemente resulte muy difícil cumplir el objetivo perseguido por la administración CFK de reducir el costo de la deuda pública externa.
Por último, cabe hacer una breve mención al debate sobre la independencia del BCRA que surgiera como motivo del corrimiento del eje del mismo, consecuencia de la defensa de la institucionalidad por parte del arco opositor. Existe una idea, aceptada no sólo por los economistas ortodoxos sino también por algunos considerados heterodoxos, que afirma que la política monetaria deber ser “gestionada” por cuadros técnicos independientes del poder político, de modo de evitar que la emisión monetaria sea utilizada como un instrumento de financiamiento del gobierno para la ejecución de sus políticas fiscales, que fácilmente pueden volcarse a la utilización de recursos con fines meramente electorales, populistas.
Según dicha visión, el objetivo que debe perseguir la autoridad monetaria es el de la estabilidad monetaria: preservar el valor de la moneda. Luego, dado que detrás de esta idea se encuentra subyacente la creencia de que rige lo que se denomina como Teoría Cuantitativa del Dinero, los técnicos encargados de ejecutar la política monetaria deben procurar que siempre exista equilibrio en el mercado de dinero, de modo que no deben no emitir moneda en exceso, pues el resultado asegurado de tal política es el incremento del nivel general de precios. Dicha visión descansa en la premisa según la cual el capitalismo es un sistema que funciona, en condiciones normales, en un equilibrio de pleno empleo de los recursos productivos, o en otras palabras, en el supuesto de que la producción es una cantidad fija. En consecuencia –sostiene esta teoría-, la sobreemisión monetaria se traducirá siempre en un incremento de la demanda que presionará sobre una oferta dada, lo cual redundará, indefectiblemente, en un incremento de los precios: se niega así a la política monetaria la potencia de poder influir (positivamente) sobre el nivel de producción y empleo. Se sostiene que la política monetaria es neutral aunque, dado el peligro que implica la emisión irresponsable, lo mejor es que su implementación quede siempre en mano de economistas… ¡formados bajo el paradigma de la teoría económica más vulgar!
Ante tal corrimiento del eje del debate hacia la independencia del BCRA, los cuadros del kirchnerismo comenzaron a argumentar que resulta primordial para la profundización del modelo que la política monetaria se ejecute en línea con el resto de la política económica. Sin embargo, creemos que es necesario tener en cuenta la siguiente cuestión.
Desde el gobierno se afirmó que para mantener las políticas de estímulo a la demanda vía incremento del gasto público, en el marco de un escenario de crisis mundial, la creación del FBD se constituye como una conditio sine qua non, pues resulta indispensable acceder al crédito externo a tasas más bajas a fin de mantener el superávit fiscal. De esto se desprenden, al menos, dos cuestiones: por un lado, que al gobierno le preocupa reducir la carga que implica para Estado el pago de intereses de la deuda, al mismo tiempo que el peso de la misma (reducción del ratio Deuda Externa/PBI); por otra parte, que el gobierno pretende continuar con el mismo esquema monetario de acumulación de reservas con esterilización para controlar la cantidad de dinero en circulación. “Equipo que gana, no se toca”, reza el saber popular futbolero, y parece que los Kirchner consideran que van ganando, porque la formación no se modifica en absoluto: superávit fiscal-tipo de cambio “competitivo”-superávit comercial-acumulación de reservas-esterilización de la Base Monetaria-contención salarial-fuerte desendeudamiento externo, y un discurso progresista, sobre todo. De lo cual surge que lo único que cambiaría, de mantenerse inalterado el rumbo de la política macroeconómica del gobierno, es que, en caso de lograr la tan mentada coordinación de la política monetaria con el resto de la política económica, existirían Reservas Internacionales a disposición del gobierno, aunque dichas Reservas se utilizarían para seguir cancelando deuda externa.
Por otra parte, resulta pertinente analizar el dilema planteado por el gobierno, según el cual o se usan Reservas para pagar la deuda externa o se recorta el gasto público. En caso de no utilizarse dichas reservas para la conformación del FBD, si el gobierno tuviera que cancelar deuda, usaría dichas Reservas de todos modos, aunque, ante la negativa del BCRA a aceptar un título público a cambio, debería comprárselas con recursos propios. La otra opción sería cancelar deuda con deuda, o sea, endeudarse para cumplir con el esquema de vencimientos de 2010. Al respecto, es necesario tener en cuenta que se estaría procediendo al pago de deuda bajo investigación por fraude al Estado. Desde nuestra perspectiva, creemos que antes de proceder a la cancelación de la deuda externa bajo investigación resulta necesario agotar las instancias judiciales, de otra manera se estaría validando, una vez más, el accionar de la dictadura militar.
Por otra parte, cabe remarcar que el uso de las Reservas a cambio de una Letra del Tesoro para cancelar deuda liberaría fondos del Presupuesto 2010 -los vencimientos de capital a renovar suman 13.700 millones de dólares y los intereses ascienden a US$ 5.100 millones-. Creemos que lo que debería hacerse es someter a debate parlamentario el uso de los fondos liberados por el uso de las Reservas, que rondan los $25.000 millones, de modo que no sea posible argumentar que el gobierno sólo quiere saciar su sed de caja para mantener, y fortalecer de cara a 2011, su aparato clientelista. Dada la actual conformación parlamentaria, esta cuestión obligaría al kirchnerismo a acordar con las fuerzas de centroizquierda, que tendrían, por tanto, un interesante poder de condicionamiento sobre la utilización de dichos fondos.
Ahora bien, detrás del debate respecto de la independencia del BCRA se esconde uno más profundo, de suma importancia para la definición de la política económica. Respetar la independencia del BCRA, impidiendo el uso de Reservas Internacionales para la constitución del FBD, conduciría, inevitablemente, a una reducción del gasto público y un férreo control de los salarios, formas clásicas de ajuste ortodoxo. No obstante, el sólo hecho de hacer uso de las Reservas no implica que no se efectúe ajuste alguno, sino que resulta fundamental el destino que se de a las mismas. De hecho, lo que se busca desde el gobierno es asegurar los recursos necesarios para cumplir con el superávit fiscal presupuestado para 2010 y no liberar recursos para incrementar el gasto público, es decir, se trata de un ajuste ya realizado, aunque menor que el propuesto por la oposición de derecha.
Por otra parte, el gobierno pretende hacer uso de parte de las decretadas “Reservas excedentes” con el objetivo de constituir el Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento, que sería utilizado para administrar los vencimientos de compromisos externos programados para 2010. Lo cierto es que en ninguna parte del Decreto se afirma que las reservas constituyan un fondo de garantía para negociar mejores condiciones de crédito externo, argumento que está siendo esgrimido por los funcionarios kirchneristas, apoyándose en la creación de un fondo anterior destinado al pago al club de París, que finalmente no fuera utilizado. Al respecto, cabe señalar que las condiciones no son las mismas: mientras que ahora se trata de vencimientos programados, en aquella oportunidad se trataba de una posible resolución de un conflicto por default previo del Estado argentino.
Ahora bien, si la cancelación de deuda con Reservas se hace con el fin de tomar más deuda a mejores tasas de modo de poder incrementar el gasto público sin incurrir en un déficit fiscal, entonces lo que deberíamos discutir es otra cuestión: resulta que en el marco de la ejecución de una política anticíclica, el grado de dominio de la ortodoxia liberal ha llegado al punto de convencer a los economistas heterodoxos que apoyan el “modelo kirchnerista” de que no se puede incurrir en un déficit fiscal, aun en el marco de una crisis mundial.

¿Qué hacer…con las Reservas Internacionales del BCRA?
Desde nuestra perspectiva, creemos que la política monetaria no puede ejecutarse con total prescindencia del resto de la política económica, de modo que es necesario que, a la hora de tomar medidas en esa materia, el gobierno cuente entre sus herramientas con la disponibilidad de las Reservas Internacionales. Sin embargo, entendemos que es necesario invertir el razonamiento llevado a cabo por el kirchnerismo para justificar su uso, a saber, la identificación de Reservas excedentes. Creemos que primero es fundamental definir el uso al que serán aplicadas y, en consecuencia, definir el monto de recursos necesarios. De este modo, el punto de partida de la discusión sobre la pertinencia o no de la medida no es si el gobierno puede o no utilizar las Reservas, sino si las políticas a implementar son viables, o no lo son, y si encarnan una potencia transformadora del perfil productivo de la economía argentina, o no lo hacen.
Al respecto, creemos que utilizando una menor cantidad de recursos que la propuesta para conformación del FBD podría impulsarse la creación de un Banco Nacional para el Desarrollo -que el mismo gobierno viene postulando hace varios años-, orientado a la financiación de proyectos productivos –privados o públicos- de alto impacto en materia de creación de empleo de calidad, de exportaciones con alto contenido tecnológico y de fuertes encadenamientos con el resto de las ramas de la producción nacional .
Claro que este no es el único fin para el que podrían utilizarse las Reservas. También podrían ser utilizadas para ser invertidas productivamente, en forma directa, o bien para la adquisición de empresas, logrando así un rendimiento mayor que el irrisorio 0,5% obtenido por la colocación financiera en los EE.UU. como actualmente realiza el BCRA.
De una u otra manera, de lo que se trata es de conseguir un doble objetivo a través del uso de parte de la riqueza prácticamente atesorada por el BCRA: obtener un mayor rendimiento por la administración de las mismas y contribuir al crecimiento del empleo, la producción y los salarios. En definitiva, de lo que se trata es de orientar la política económica al desarrollo de las fuerzas productivas, condición necesaria para la mejora en las condiciones de vida de los trabajadores.

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