Perversiones neoliberales

La fuerza productiva de los trabajadores en una sociedad depende en gran medida de la educación y la salud. Además de su efecto indirecto en la calidad de vida, mediado por la distribución económica de la producción, la salud y educación son en sí mismos factores determinantes del bienestar social. La implementación de las políticas neoliberales a partir de la dictadura militar y sobre todo durante los 90 implicó la privatización de servicios y empresas estatales. Si bien los sistemas de salud y educación no fueron privatizados como tales, avanzó la provisión privada en los sectores. Ese proceso económico tuvo un correlato en el terreno de la lucha ideológica, cuyo resultado fue la instalación en el imaginario colectivo de la idea de que la gestión privada es más eficiente que la pública, que las mejores soluciones son las soluciones de mercado. Las políticas de desfinanciamiento público fortalecieron la imagen de ineficiencia estatal que el propio neoliberalismo predicaba.
La liberalización de los servicios sociales, aún cuando no se avanza en la privatización total, pone en primer lugar una etiqueta de precio a los derechos humanos más básicos; conspira contra la igualdad de oportunidades, tan pregonada por el liberalismo en su juventud revolucionaria; conlleva a la fragmentación social, dividiendo a la clase obrera en estratos de tal forma que se rompen lazos de solidaridad e intereses comunes de la clase como tal. Esta diferenciación hacia dentro de la clase obrera responde a la diferenciación en el proceso de producción. La minimización de los costos de reproducción de la fuerza de trabajo requiere una provisión diferenciada de salud y educación según el tipo de labor desempeñada.
Por otro lado, la liberalización configura un sistema perverso, en el que se constituye un círculo vicioso. Puntualmente, el desfinanciamiento de la salud pública reduce la calidad y la accesibilidad de la misma. Esa disminución de la accesibilidad se pone de manifiesto en los tiempos de espera para conseguir turnos. En la salud privada, ese problema no existe. Cualquier exceso de demanda se resuelve o bien, a través del clásico mecanismo de precios, o bien mediante la sobreexplotación de los trabajadores de la salud. Esa sobreexplotación se manifiesta en tiempos insuficientes de atención a los pacientes, con turnos de duración predeterminada. Quienes quedan excluidos del sistema por los precios crecientes, pasan a presionar al sector público, aumentando la deseabilidad del sistema privado. Esto es así a pesar de la regulación estatal de facto (vía acuerdos de precios) en el sector privado, ya que el poder de lobby hacia el gobierno y de mercado hacia los prestadores que poseen las prepagas tiende a neutralizar los efectos de dicha regulación.
Otra faceta perversa de la liberalización con desfinanciamiento público radica en la mayor capacidad de atracción de médicos que posee el sector privado. Una parte importante de esos profesionales se van formando primero en la Universidad pública y después en los hospitales públicos a través del sistema de residencias. Es decir, con una altísima inversión por parte del Estado. Pero una vez superada la etapa de formación, la capacidad de retener profesionales en el sistema público disminuye de forma acentuada. La capacidad de atracción que ejerce el sector privado refuerza la idea de superioridad de la gestión privada sobre la pública.
El sistema mixto se presenta como una forma de ampliar la libertad de elección. Pero lo que desde el punto de vista individual aparenta ser una decisión libre, pagar para obtener mejor provisión de salud o utilizar un servicio gratuito de menor calidad, es a nivel agregado un resultado que ya está determinado. Existe una capacidad dada para proveer salud. La distribución de esa capacidad entre el sector privado y el público depende de una puja por los recursos en la que las empresas llevan las de ganar y el Estado va a menos por el desfinanciamiento crónico del sector. A su vez, el sector privado puede excluir del servicio mediante precios mayores, para mantener los márgenes de ganancia y los niveles de calidad. También puede desconocer la cobertura a enfermedades preexistentes en cada caso. El Estado no puede recurrir a esas opciones.
En cuanto a la educación, para tomar por caso el nivel superior, existe una avanzada de las universidades privadas que se remonta a la sanción de la resistida ley de enseñanza libre del ’58, pero que se ha ido durante los años de políticas neoliberales. En este caso, también se perfila una oferta diferenciada de trabajo. Aquí no solo se trata de restringir la educación de mayor calidad a los ricos, sino también de abaratar los costos de la fuerza laboral formada a medida de las necesidades del capital, con carreras orientadas a la especialización técnica, desprovistas de la formación científica-humanística. Se conforman entonces 2 tipos de educación superior privada. Uno de alto costo, con carreras orientadas a la actividad científica, la formación de cuadros técnicos y políticos, con altos niveles de exigencia y articulado con prestigiosas universidades extranjeras; y uno de bajo costo y de menor exigencia, destinado a abaratar la mano de obra especializada. La degradación del rol científico de las universidades y su subordinación a los sistemas académicos internacionales condiciona severamente la capacidad de desarrollo del país a largo plazo.
En el ámbito de la ciudad, a partir del retroceso a la derecha a partir de la asunción de Macri, se volvió a la senda del privatismo y las privaciones para los sectores populares. A modo de ejemplo, en el terreno de la salud el gobierno PRO avanzó en la tercerización de la facturación de servicios a obras sociales y prepagas en los hospitales públicos. La idea es que los hospitales empiecen a tener fuentes de financiamiento propio, de forma de liberar recursos públicos y orientar la actividad hacia una lógica de maximización de ingresos. En el plano de la educación, la maniobra de mercantilización es todavía más clara, con una reducción del presupuesto de inversión en escuelas públicas y un aumento de los subsidios a las escuelas privadas de la ciudad (próximamente, profundizaremos sobre este tema).
No se trata de adoptar un estatismo a ultranza como reacción a las posturas privatistas. Para desarrollar soluciones superadoras, es necesario reconocer los problemas propios de la gestión pública. La burocracia, la ineficiencia y la insuficiencia de incentivos para brindar servicios de calidad son problemas reales. El financiamiento insuficiente es un problema con el que habrá que lidiar durante mucho tiempo, ya que no es exclusivamente un problema de voluntad política sino que depende además de restricciones económicas reales. Por un lado, la creación de sistemas universales, sin espacio para la apropiación privada de rentas y de servicios, constituye un paso importantísimo en el aumento de la calidad de vida de la población y en la construcción de una sociedad igualitaria. Por otro lado, ese sistema no podrá superar las contradicciones que se usaron como excusa para las privatizaciones si no se lleva a cabo con la participación democrática directa en los procesos de dirección y control. Esto es lo original, la tercera vía en la trampa ideológica de Estado vs. Mercado. El gran desafío es lograr imbricar procesos de participación genuinamente democráticos en la provisión de servicios sociales. En dicha construcción, el actor clave es el colectivo de trabajadores. Pero la construcción no puede detenerse allí. Es necesario involucrar a los destinatarios, especialmente a los sectores vulnerables. El riesgo es que se formen camarillas, que terminen apropiándose de las estructuras estatales para beneficio personal.
Si bien a partir de la crisis del 2001 existe una reacción al paradigma neoliberal, la misma fue hasta ahora tibia e insuficiente. No se llegó aún al punto de plantear reformas radicales en la provisión de la salud y la educación. La crisis mundial y la coyuntura política actual están abriendo la oportunidad para reabrir el debate. Para llevar adelante mejoras sustanciales en el bienestar social es necesario rediscutir la forma de provisión de los servicios estratégicos. No se trata de volver a un pasado idílico, sino de ir más allá. El capitalismo está llevando a niveles crecientes de exclusión y marginación. La acumulación de capital relega a la condición de sobrantes a grandes masas humanas, que pierden el acceso a la salud y la educación. Es decir, en un mismo proceso, desperdicia la capacidad de trabajo actual y deteriora la capacidad de trabajo futura. Es el momento de brindar respuestas originales, que conjuguen las necesidades económicas con la potencialidad de la organización de los sectores populares.

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El Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento y la profundización del modelo

Arrancó el año, y arrancó con todo. Aprovechando el receso parlamentario, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, firmó el Decreto 2010/09, a través del cual se da lugar a la creación del Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento (FBD). En el mismo se establece que, para garantizar el crecimiento, “resulta necesario profundizar el proceso de desendeudamiento iniciado en 2003, para permitir un mayor y mejor acceso al financiamiento tanto para el sector público, como para el sector privado.” O sea, desde la perspectiva del gobierno, reducir el peso de la deuda externa a mediano/largo plazo es una condición necesaria para lograr un crecimiento sustentable. No obstante, en lo inmediato, ante la necesidad de efectuar políticas de impulso a la demanda, resulta necesario tomar deuda al menor costo posible.
Desde la perspectiva del gobierno, la opción que permite minimizar los costos del endeudamiento es hacer uso de las reservas del BCRA a cambio de una “Letra intransferible denominada en U$S, a DIEZ (10) años con amortización íntegra al vencimiento, la que devengará una tasa de interés igual a la que devenguen las reservas internacionales del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA para el mismo período.” De este modo, el gobierno consigue tomar crédito a una tasa como la que obtendría el gobierno de un país central .
Esta iniciativa –sostienen los cuadros técnicos del gobierno- se halla fundamentada en la existencia de un excedente de Reservas: el nivel óptimo de las mismas estaría dado por el equivalente en dólares de la base monetaria, lo que correspondería a un total de US$ 30.800 millones. El cálculo realizado por el gobierno es el siguiente: las Reservas Internacionales en poder del BCRA alcanzan los U$s 48.000 millones; la Base Monetaria suma $ 118.000 millones; dado que el tipo de cambio vendedor es 1 U$s = $ 3,83, entones la Base Monetaria equivale a U$s 30.800 millones, lo que determina la existencia de un excedente de U$s 17.200 millones. Los fondos que el gobierno pretende utilizar para la conformación del FBD constituyen, por tanto, el 37% de las Reservas excedentes, siendo U$S 6.569 millones.
A su vez -argumentan-, la existencia de tal stock de Reservas Internacionales responde a una política económica deliberada del gobierno. Política que ha dado buenos resultados, “especialmente en Argentina, que ha logrado obtener superávits a nivel externo y fiscal simultáneamente por primera vez en más de medio siglo, en el marco de un proceso de crecimiento sostenido con creación de empleos y creciente inclusión social.” El éxito de dicha política, denominada de auto-seguro ante posibles ataques especulativos a la moneda nacional, se manifiesta en el crecimiento observado del stock de Reservas, que “se quintuplicaron entre comienzos de 2003 y diciembre de 2009, pasando de US$ 8.245 millones a US$ 47.539 millones; aun a pesar de haber pagado con ellas US$ 9.530 millones al Fondo Monetario Internacional a principios de 2006. Como porcentaje del producto bruto interno, las reservas pasaron de 9.5% a alrededor de 16.4% en el mismo período.”
Por otra parte -continúan argumentando-, es necesario tener en cuenta, además, que tal política de acumulación de reservas supone un costo, dado por la tasa de interés pagada por el BCRA por la colocación de LEBACs y NOBACs con el fin de esterilizar la compra de dólares, superior al rendimiento obtenido por la administración de las mismas. En tal sentido, es necesario buscar un uso óptimo de las Reservas Internacionales, pues “si bien la acumulación de reservas internacionales contribuye al crecimiento a través de la estabilidad financiera, es decir, reduciendo la incidencia del ciclo ataques especulativos-crisis financieras, tal acumulación puede resultar demasiado onerosa si se lleva adelante muy por encima de niveles óptimos, al –como se dijo— subutilizar recursos.”
Finalmente, el Decreto sostiene que “en las condiciones actuales el uso acotado de reservas no tendrá mayor impacto sobre la política monetaria, ni es susceptible de lesionar el superávit cuasi fiscal, ni puede implicar un deterioro en la calidad de la cartera de activos, que quedará más indisolublemente ligada al desendeudamiento y fortalecimiento de nuestra economía.”
Bien, hasta aquí los argumentos económicos de la medida. Sin embargo, para comprender cabalmente la forma que ha adoptado el conflicto político desatado por la medida presidencial resulta esencial tener en cuenta, además, los siguientes aspectos jurídicos: el Decreto 2010/09 es modificatorio del “artículo 6º de la Ley Nº 23.928, previendo en su segundo párrafo que las reservas de libre disponibilidad podrán aplicarse además al pago de servicios de la deuda pública del Estado Nacional.” Asimismo, se establece que la transferencia de las Reservas Internacionales excedentes “al Tesoro Nacional no se encuentra alcanzada por la prohibición contenida en el artículo 19 inciso a) y en lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta Orgánica del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, ni puede ser considerado a los fines de la autorización concedida por el artículo 43 de la Ley Nº 26.546.”

El conflicto político
Días después del anuncio apareció el primer obstáculo para el gobierno de CFK: el presidente del Banco Central, Martín Redrado, se negó a transferir las Reservas para la creación del FBD, desatando un enfrentamiento político de gran dimensión. Ante tal gesto de desacato por parte del conductor de la autoridad monetaria, la presidenta decidió despedirlo, también mediante un Decreto, por incurrir en mala conducta e incumplimiento de los deberes del funcionario público, y desató el conflicto.
Ante esta situación, desde el gobierno comenzaron a ensayarse una serie de argumentos para justificar el Decreto 2010/09, el pecado original. En primer lugar, se sostiene, desde el oficialismo, que las reservas constituyen un fondo que no necesariamente será utilizado para cancelar deuda. O sea, formalmente -y resaltamos lo de "formalmente"-, no se trata del uso de reservas para cancelar deuda. El argumento del gobierno es que la constitución de dicho fondo permite reducir el riesgo país, lo cual redunda en una menor tasa a pagar por deudas a contraer en lo inmediato. En otras palabras, la constitución del fondo -argumentan- permite reducir el costo del endeudamiento futuro de corto plazo.
La reacción del arco opositor de derecha fue tan rápida, como convergente en sus argumentos: los Kirchner atropellan, nuevamente, la institucionalidad –coincidieron todos. Así, desde los diversos sectores de la oposición política se argumentó que se trata de un nuevo manotazo del gobierno en el “raid manoteador” que comenzara en 2005 con el uso de Reservas para el pago al Fondo Monetario Internacional; que continuara con el intento fallido de la 125, y luego con la "confiscación de los ahorros de los argentinos" -léase “estatización del sistema previsional”-, lo cual -sostendrían- habría "destruido" el mercado de capitales local, cerrando, en consecuencia, el acceso al crédito voluntario al gobierno (ver, por ejemplo, lectura Nº 51 del ITF creado por Frenkel y Damill). ¿Y cuál es el mayor miedo de la oposición política de derecha? La pérdida de independencia del BCRA, que podría llevar a una creciente emisión monetaria para validar el descontrolado gasto público, lo cual, a su vez, reabriría la posibilidad de sufrir una (hiper)inflación por monetización del déficit. O sea, no se discute la pertinencia o no del argumento del gobierno de constituir un fondo que reduzca el riesgo país, sino que se corre el eje de la discusión hacia la legalidad de la medida, es decir, hacia la tan mentada seguridad jurídica.
Cabe realizar algunas observaciones. En primer lugar, que mantener congeladas las Reservas del FBD hasta el inicio de los vencimientos importantes podría ser una opción técnicamente deficiente. Dicha medida podría estar justificada si la reducción obtenida en las tasas para el crédito a tomar fuera mayor que el costo financiero de mantener inmovilizadas las Reservas. Incluso, debería ser comparado también con el beneficio financiero que podría obtenerse en caso de adelantar algunos pagos previstos para el año.
En segundo lugar, resulta necesario diferenciar este uso de reservas de aquel que hiciera el gobierno de Néstor Kirchner en 2006, cuando se le adelantaron US$ 10.000 millones al FMI, bajo el argumento de “ganar grados de libertad para hacer política económica”. En dicha ocasión no se redujo el costo de la deuda; antes bien, se pagó deuda barata, por decirlo de algún modo. Es decir que se trataría de un caso opuesto al de la creación del FBD, hablando en términos de costos de endeudamiento. Y más aún, si finalmente las reservas no fueran utilizadas, se trataría de un caso completamente diferente. Aunque, desde luego, eso sólo podrá saberse a posteriori.
En tercer lugar, ante el accionar del (¿ex?) presidente del BCRA, y el conflicto desatado como consecuencia del mismo, probablemente resulte muy difícil cumplir el objetivo perseguido por la administración CFK de reducir el costo de la deuda pública externa.
Por último, cabe hacer una breve mención al debate sobre la independencia del BCRA que surgiera como motivo del corrimiento del eje del mismo, consecuencia de la defensa de la institucionalidad por parte del arco opositor. Existe una idea, aceptada no sólo por los economistas ortodoxos sino también por algunos considerados heterodoxos, que afirma que la política monetaria deber ser “gestionada” por cuadros técnicos independientes del poder político, de modo de evitar que la emisión monetaria sea utilizada como un instrumento de financiamiento del gobierno para la ejecución de sus políticas fiscales, que fácilmente pueden volcarse a la utilización de recursos con fines meramente electorales, populistas.
Según dicha visión, el objetivo que debe perseguir la autoridad monetaria es el de la estabilidad monetaria: preservar el valor de la moneda. Luego, dado que detrás de esta idea se encuentra subyacente la creencia de que rige lo que se denomina como Teoría Cuantitativa del Dinero, los técnicos encargados de ejecutar la política monetaria deben procurar que siempre exista equilibrio en el mercado de dinero, de modo que no deben no emitir moneda en exceso, pues el resultado asegurado de tal política es el incremento del nivel general de precios. Dicha visión descansa en la premisa según la cual el capitalismo es un sistema que funciona, en condiciones normales, en un equilibrio de pleno empleo de los recursos productivos, o en otras palabras, en el supuesto de que la producción es una cantidad fija. En consecuencia –sostiene esta teoría-, la sobreemisión monetaria se traducirá siempre en un incremento de la demanda que presionará sobre una oferta dada, lo cual redundará, indefectiblemente, en un incremento de los precios: se niega así a la política monetaria la potencia de poder influir (positivamente) sobre el nivel de producción y empleo. Se sostiene que la política monetaria es neutral aunque, dado el peligro que implica la emisión irresponsable, lo mejor es que su implementación quede siempre en mano de economistas… ¡formados bajo el paradigma de la teoría económica más vulgar!
Ante tal corrimiento del eje del debate hacia la independencia del BCRA, los cuadros del kirchnerismo comenzaron a argumentar que resulta primordial para la profundización del modelo que la política monetaria se ejecute en línea con el resto de la política económica. Sin embargo, creemos que es necesario tener en cuenta la siguiente cuestión.
Desde el gobierno se afirmó que para mantener las políticas de estímulo a la demanda vía incremento del gasto público, en el marco de un escenario de crisis mundial, la creación del FBD se constituye como una conditio sine qua non, pues resulta indispensable acceder al crédito externo a tasas más bajas a fin de mantener el superávit fiscal. De esto se desprenden, al menos, dos cuestiones: por un lado, que al gobierno le preocupa reducir la carga que implica para Estado el pago de intereses de la deuda, al mismo tiempo que el peso de la misma (reducción del ratio Deuda Externa/PBI); por otra parte, que el gobierno pretende continuar con el mismo esquema monetario de acumulación de reservas con esterilización para controlar la cantidad de dinero en circulación. “Equipo que gana, no se toca”, reza el saber popular futbolero, y parece que los Kirchner consideran que van ganando, porque la formación no se modifica en absoluto: superávit fiscal-tipo de cambio “competitivo”-superávit comercial-acumulación de reservas-esterilización de la Base Monetaria-contención salarial-fuerte desendeudamiento externo, y un discurso progresista, sobre todo. De lo cual surge que lo único que cambiaría, de mantenerse inalterado el rumbo de la política macroeconómica del gobierno, es que, en caso de lograr la tan mentada coordinación de la política monetaria con el resto de la política económica, existirían Reservas Internacionales a disposición del gobierno, aunque dichas Reservas se utilizarían para seguir cancelando deuda externa.
Por otra parte, resulta pertinente analizar el dilema planteado por el gobierno, según el cual o se usan Reservas para pagar la deuda externa o se recorta el gasto público. En caso de no utilizarse dichas reservas para la conformación del FBD, si el gobierno tuviera que cancelar deuda, usaría dichas Reservas de todos modos, aunque, ante la negativa del BCRA a aceptar un título público a cambio, debería comprárselas con recursos propios. La otra opción sería cancelar deuda con deuda, o sea, endeudarse para cumplir con el esquema de vencimientos de 2010. Al respecto, es necesario tener en cuenta que se estaría procediendo al pago de deuda bajo investigación por fraude al Estado. Desde nuestra perspectiva, creemos que antes de proceder a la cancelación de la deuda externa bajo investigación resulta necesario agotar las instancias judiciales, de otra manera se estaría validando, una vez más, el accionar de la dictadura militar.
Por otra parte, cabe remarcar que el uso de las Reservas a cambio de una Letra del Tesoro para cancelar deuda liberaría fondos del Presupuesto 2010 -los vencimientos de capital a renovar suman 13.700 millones de dólares y los intereses ascienden a US$ 5.100 millones-. Creemos que lo que debería hacerse es someter a debate parlamentario el uso de los fondos liberados por el uso de las Reservas, que rondan los $25.000 millones, de modo que no sea posible argumentar que el gobierno sólo quiere saciar su sed de caja para mantener, y fortalecer de cara a 2011, su aparato clientelista. Dada la actual conformación parlamentaria, esta cuestión obligaría al kirchnerismo a acordar con las fuerzas de centroizquierda, que tendrían, por tanto, un interesante poder de condicionamiento sobre la utilización de dichos fondos.
Ahora bien, detrás del debate respecto de la independencia del BCRA se esconde uno más profundo, de suma importancia para la definición de la política económica. Respetar la independencia del BCRA, impidiendo el uso de Reservas Internacionales para la constitución del FBD, conduciría, inevitablemente, a una reducción del gasto público y un férreo control de los salarios, formas clásicas de ajuste ortodoxo. No obstante, el sólo hecho de hacer uso de las Reservas no implica que no se efectúe ajuste alguno, sino que resulta fundamental el destino que se de a las mismas. De hecho, lo que se busca desde el gobierno es asegurar los recursos necesarios para cumplir con el superávit fiscal presupuestado para 2010 y no liberar recursos para incrementar el gasto público, es decir, se trata de un ajuste ya realizado, aunque menor que el propuesto por la oposición de derecha.
Por otra parte, el gobierno pretende hacer uso de parte de las decretadas “Reservas excedentes” con el objetivo de constituir el Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento, que sería utilizado para administrar los vencimientos de compromisos externos programados para 2010. Lo cierto es que en ninguna parte del Decreto se afirma que las reservas constituyan un fondo de garantía para negociar mejores condiciones de crédito externo, argumento que está siendo esgrimido por los funcionarios kirchneristas, apoyándose en la creación de un fondo anterior destinado al pago al club de París, que finalmente no fuera utilizado. Al respecto, cabe señalar que las condiciones no son las mismas: mientras que ahora se trata de vencimientos programados, en aquella oportunidad se trataba de una posible resolución de un conflicto por default previo del Estado argentino.
Ahora bien, si la cancelación de deuda con Reservas se hace con el fin de tomar más deuda a mejores tasas de modo de poder incrementar el gasto público sin incurrir en un déficit fiscal, entonces lo que deberíamos discutir es otra cuestión: resulta que en el marco de la ejecución de una política anticíclica, el grado de dominio de la ortodoxia liberal ha llegado al punto de convencer a los economistas heterodoxos que apoyan el “modelo kirchnerista” de que no se puede incurrir en un déficit fiscal, aun en el marco de una crisis mundial.

¿Qué hacer…con las Reservas Internacionales del BCRA?
Desde nuestra perspectiva, creemos que la política monetaria no puede ejecutarse con total prescindencia del resto de la política económica, de modo que es necesario que, a la hora de tomar medidas en esa materia, el gobierno cuente entre sus herramientas con la disponibilidad de las Reservas Internacionales. Sin embargo, entendemos que es necesario invertir el razonamiento llevado a cabo por el kirchnerismo para justificar su uso, a saber, la identificación de Reservas excedentes. Creemos que primero es fundamental definir el uso al que serán aplicadas y, en consecuencia, definir el monto de recursos necesarios. De este modo, el punto de partida de la discusión sobre la pertinencia o no de la medida no es si el gobierno puede o no utilizar las Reservas, sino si las políticas a implementar son viables, o no lo son, y si encarnan una potencia transformadora del perfil productivo de la economía argentina, o no lo hacen.
Al respecto, creemos que utilizando una menor cantidad de recursos que la propuesta para conformación del FBD podría impulsarse la creación de un Banco Nacional para el Desarrollo -que el mismo gobierno viene postulando hace varios años-, orientado a la financiación de proyectos productivos –privados o públicos- de alto impacto en materia de creación de empleo de calidad, de exportaciones con alto contenido tecnológico y de fuertes encadenamientos con el resto de las ramas de la producción nacional .
Claro que este no es el único fin para el que podrían utilizarse las Reservas. También podrían ser utilizadas para ser invertidas productivamente, en forma directa, o bien para la adquisición de empresas, logrando así un rendimiento mayor que el irrisorio 0,5% obtenido por la colocación financiera en los EE.UU. como actualmente realiza el BCRA.
De una u otra manera, de lo que se trata es de conseguir un doble objetivo a través del uso de parte de la riqueza prácticamente atesorada por el BCRA: obtener un mayor rendimiento por la administración de las mismas y contribuir al crecimiento del empleo, la producción y los salarios. En definitiva, de lo que se trata es de orientar la política económica al desarrollo de las fuerzas productivas, condición necesaria para la mejora en las condiciones de vida de los trabajadores.

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