Con la reciente presentación del proyecto oficial (ver Clarín, La Nación, Critica de la Argentina y Pagina/12) tendiente a la reformulación de las actividades de comunicación audiovisuales, el gobierno nacional da el primer paso en una problemática sobre la que se había pronunciado en varias ocasiones, sin nunca resolverla. Esto fue creando expectativas y hoy el tema tiene amplias repercusiones.
La situación claramente amerita el debate. En primer lugar, porque la legislación existente vino a respaldar la política de censura sobre los medios de comunicación vigente durante la última dictadura militar. En segundo lugar, es necesario reglamentar las nuevas tecnologías surgidas en el medio que evidencian la obsolescencia tecnológica de la actual normativa (véase un punteo sobre la misma y una comparación con la actual).
Frente a la cuestión creemos, por un lado, que en la actualidad se torna imprescindible asegurar mecanismos democráticos de acceso a la información, así como limitar a las sociedades comerciales que utilizan tales medios para realizar sus actividades lucrativas. En este -como en tantos otros casos donde entran en conflicto las necesidades sociales con la forma empresarial de satisfacerlas- el Estado no puede más que intervenir de manera de resolver momentáneamente tal contradicción. En ese sentido, tanto la reserva de frecuencias de medios para organizaciones sin fines de lucro, como la restricción en la cantidad de frecuencias en manos de una misma sociedad, son importantes.
Por el otro lado, la relevancia de una nueva Ley de Radiodifusión claramente radica en más de una dirección, esto es, impedir no sólo que las empresas manejen la información a su interés, sino además que el gobierno de turno lo utilice en beneficio propio. Por todo esto, compartimos la necesidad de debatir e impulsar reformas, manteniéndonos expectantes respecto al resultado final en términos del texto.
Sin embargo, creemos fundamental que la instrumentación de la misma dé cuenta de los mecanismos diseñados para poder llevar a la práctica tales objetivos. Si consideramos que sostener un medio de comunicación requiere de grandes sumas de dinero, la simple reserva del espacio a diversos organismos sociales no garantiza que estos puedan hacer uso de tal derecho y menos en igualdad de condiciones con los multimedios. En este sentido, debe generarse un fondo que asegure la vigencia de tal derecho, permitiendo subsidiar a aquellos que no producen una programación que atraiga sponsors, sobre todo si consideramos que ese debería ser otro de los objetivos: la calidad en los medios. En ese sentido, podría considerarse la aplicación de un canon a las frecuencias con mayor rating, de manera de financiar a las menos populares.
La situación claramente amerita el debate. En primer lugar, porque la legislación existente vino a respaldar la política de censura sobre los medios de comunicación vigente durante la última dictadura militar. En segundo lugar, es necesario reglamentar las nuevas tecnologías surgidas en el medio que evidencian la obsolescencia tecnológica de la actual normativa (véase un punteo sobre la misma y una comparación con la actual).
Frente a la cuestión creemos, por un lado, que en la actualidad se torna imprescindible asegurar mecanismos democráticos de acceso a la información, así como limitar a las sociedades comerciales que utilizan tales medios para realizar sus actividades lucrativas. En este -como en tantos otros casos donde entran en conflicto las necesidades sociales con la forma empresarial de satisfacerlas- el Estado no puede más que intervenir de manera de resolver momentáneamente tal contradicción. En ese sentido, tanto la reserva de frecuencias de medios para organizaciones sin fines de lucro, como la restricción en la cantidad de frecuencias en manos de una misma sociedad, son importantes.
Por el otro lado, la relevancia de una nueva Ley de Radiodifusión claramente radica en más de una dirección, esto es, impedir no sólo que las empresas manejen la información a su interés, sino además que el gobierno de turno lo utilice en beneficio propio. Por todo esto, compartimos la necesidad de debatir e impulsar reformas, manteniéndonos expectantes respecto al resultado final en términos del texto.
Sin embargo, creemos fundamental que la instrumentación de la misma dé cuenta de los mecanismos diseñados para poder llevar a la práctica tales objetivos. Si consideramos que sostener un medio de comunicación requiere de grandes sumas de dinero, la simple reserva del espacio a diversos organismos sociales no garantiza que estos puedan hacer uso de tal derecho y menos en igualdad de condiciones con los multimedios. En este sentido, debe generarse un fondo que asegure la vigencia de tal derecho, permitiendo subsidiar a aquellos que no producen una programación que atraiga sponsors, sobre todo si consideramos que ese debería ser otro de los objetivos: la calidad en los medios. En ese sentido, podría considerarse la aplicación de un canon a las frecuencias con mayor rating, de manera de financiar a las menos populares.
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