La fuerza productiva de los trabajadores en una sociedad depende en gran medida de la educación y la salud. Además de su efecto indirecto en la calidad de vida, mediado por la distribución económica de la producción, la salud y educación son en sí mismos factores determinantes del bienestar social. La implementación de las políticas neoliberales a partir de la dictadura militar y sobre todo durante los 90 implicó la privatización de servicios y empresas estatales. Si bien los sistemas de salud y educación no fueron privatizados como tales, avanzó la provisión privada en los sectores. Ese proceso económico tuvo un correlato en el terreno de la lucha ideológica, cuyo resultado fue la instalación en el imaginario colectivo de la idea de que la gestión privada es más eficiente que la pública, que las mejores soluciones son las soluciones de mercado. Las políticas de desfinanciamiento público fortalecieron la imagen de ineficiencia estatal que el propio neoliberalismo predicaba.
La liberalización de los servicios sociales, aún cuando no se avanza en la privatización total, pone en primer lugar una etiqueta de precio a los derechos humanos más básicos; conspira contra la igualdad de oportunidades, tan pregonada por el liberalismo en su juventud revolucionaria; conlleva a la fragmentación social, dividiendo a la clase obrera en estratos de tal forma que se rompen lazos de solidaridad e intereses comunes de la clase como tal. Esta diferenciación hacia dentro de la clase obrera responde a la diferenciación en el proceso de producción. La minimización de los costos de reproducción de la fuerza de trabajo requiere una provisión diferenciada de salud y educación según el tipo de labor desempeñada.
Por otro lado, la liberalización configura un sistema perverso, en el que se constituye un círculo vicioso. Puntualmente, el desfinanciamiento de la salud pública reduce la calidad y la accesibilidad de la misma. Esa disminución de la accesibilidad se pone de manifiesto en los tiempos de espera para conseguir turnos. En la salud privada, ese problema no existe. Cualquier exceso de demanda se resuelve o bien, a través del clásico mecanismo de precios, o bien mediante la sobreexplotación de los trabajadores de la salud. Esa sobreexplotación se manifiesta en tiempos insuficientes de atención a los pacientes, con turnos de duración predeterminada. Quienes quedan excluidos del sistema por los precios crecientes, pasan a presionar al sector público, aumentando la deseabilidad del sistema privado. Esto es así a pesar de la regulación estatal de facto (vía acuerdos de precios) en el sector privado, ya que el poder de lobby hacia el gobierno y de mercado hacia los prestadores que poseen las prepagas tiende a neutralizar los efectos de dicha regulación.
Otra faceta perversa de la liberalización con desfinanciamiento público radica en la mayor capacidad de atracción de médicos que posee el sector privado. Una parte importante de esos profesionales se van formando primero en la Universidad pública y después en los hospitales públicos a través del sistema de residencias. Es decir, con una altísima inversión por parte del Estado. Pero una vez superada la etapa de formación, la capacidad de retener profesionales en el sistema público disminuye de forma acentuada. La capacidad de atracción que ejerce el sector privado refuerza la idea de superioridad de la gestión privada sobre la pública.
El sistema mixto se presenta como una forma de ampliar la libertad de elección. Pero lo que desde el punto de vista individual aparenta ser una decisión libre, pagar para obtener mejor provisión de salud o utilizar un servicio gratuito de menor calidad, es a nivel agregado un resultado que ya está determinado. Existe una capacidad dada para proveer salud. La distribución de esa capacidad entre el sector privado y el público depende de una puja por los recursos en la que las empresas llevan las de ganar y el Estado va a menos por el desfinanciamiento crónico del sector. A su vez, el sector privado puede excluir del servicio mediante precios mayores, para mantener los márgenes de ganancia y los niveles de calidad. También puede desconocer la cobertura a enfermedades preexistentes en cada caso. El Estado no puede recurrir a esas opciones.
En cuanto a la educación, para tomar por caso el nivel superior, existe una avanzada de las universidades privadas que se remonta a la sanción de la resistida ley de enseñanza libre del ’58, pero que se ha ido durante los años de políticas neoliberales. En este caso, también se perfila una oferta diferenciada de trabajo. Aquí no solo se trata de restringir la educación de mayor calidad a los ricos, sino también de abaratar los costos de la fuerza laboral formada a medida de las necesidades del capital, con carreras orientadas a la especialización técnica, desprovistas de la formación científica-humanística. Se conforman entonces 2 tipos de educación superior privada. Uno de alto costo, con carreras orientadas a la actividad científica, la formación de cuadros técnicos y políticos, con altos niveles de exigencia y articulado con prestigiosas universidades extranjeras; y uno de bajo costo y de menor exigencia, destinado a abaratar la mano de obra especializada. La degradación del rol científico de las universidades y su subordinación a los sistemas académicos internacionales condiciona severamente la capacidad de desarrollo del país a largo plazo.
En el ámbito de la ciudad, a partir del retroceso a la derecha a partir de la asunción de Macri, se volvió a la senda del privatismo y las privaciones para los sectores populares. A modo de ejemplo, en el terreno de la salud el gobierno PRO avanzó en la tercerización de la facturación de servicios a obras sociales y prepagas en los hospitales públicos. La idea es que los hospitales empiecen a tener fuentes de financiamiento propio, de forma de liberar recursos públicos y orientar la actividad hacia una lógica de maximización de ingresos. En el plano de la educación, la maniobra de mercantilización es todavía más clara, con una reducción del presupuesto de inversión en escuelas públicas y un aumento de los subsidios a las escuelas privadas de la ciudad (próximamente, profundizaremos sobre este tema).
No se trata de adoptar un estatismo a ultranza como reacción a las posturas privatistas. Para desarrollar soluciones superadoras, es necesario reconocer los problemas propios de la gestión pública. La burocracia, la ineficiencia y la insuficiencia de incentivos para brindar servicios de calidad son problemas reales. El financiamiento insuficiente es un problema con el que habrá que lidiar durante mucho tiempo, ya que no es exclusivamente un problema de voluntad política sino que depende además de restricciones económicas reales. Por un lado, la creación de sistemas universales, sin espacio para la apropiación privada de rentas y de servicios, constituye un paso importantísimo en el aumento de la calidad de vida de la población y en la construcción de una sociedad igualitaria. Por otro lado, ese sistema no podrá superar las contradicciones que se usaron como excusa para las privatizaciones si no se lleva a cabo con la participación democrática directa en los procesos de dirección y control. Esto es lo original, la tercera vía en la trampa ideológica de Estado vs. Mercado. El gran desafío es lograr imbricar procesos de participación genuinamente democráticos en la provisión de servicios sociales. En dicha construcción, el actor clave es el colectivo de trabajadores. Pero la construcción no puede detenerse allí. Es necesario involucrar a los destinatarios, especialmente a los sectores vulnerables. El riesgo es que se formen camarillas, que terminen apropiándose de las estructuras estatales para beneficio personal.
Si bien a partir de la crisis del 2001 existe una reacción al paradigma neoliberal, la misma fue hasta ahora tibia e insuficiente. No se llegó aún al punto de plantear reformas radicales en la provisión de la salud y la educación. La crisis mundial y la coyuntura política actual están abriendo la oportunidad para reabrir el debate. Para llevar adelante mejoras sustanciales en el bienestar social es necesario rediscutir la forma de provisión de los servicios estratégicos. No se trata de volver a un pasado idílico, sino de ir más allá. El capitalismo está llevando a niveles crecientes de exclusión y marginación. La acumulación de capital relega a la condición de sobrantes a grandes masas humanas, que pierden el acceso a la salud y la educación. Es decir, en un mismo proceso, desperdicia la capacidad de trabajo actual y deteriora la capacidad de trabajo futura. Es el momento de brindar respuestas originales, que conjuguen las necesidades económicas con la potencialidad de la organización de los sectores populares.
La liberalización de los servicios sociales, aún cuando no se avanza en la privatización total, pone en primer lugar una etiqueta de precio a los derechos humanos más básicos; conspira contra la igualdad de oportunidades, tan pregonada por el liberalismo en su juventud revolucionaria; conlleva a la fragmentación social, dividiendo a la clase obrera en estratos de tal forma que se rompen lazos de solidaridad e intereses comunes de la clase como tal. Esta diferenciación hacia dentro de la clase obrera responde a la diferenciación en el proceso de producción. La minimización de los costos de reproducción de la fuerza de trabajo requiere una provisión diferenciada de salud y educación según el tipo de labor desempeñada.
Por otro lado, la liberalización configura un sistema perverso, en el que se constituye un círculo vicioso. Puntualmente, el desfinanciamiento de la salud pública reduce la calidad y la accesibilidad de la misma. Esa disminución de la accesibilidad se pone de manifiesto en los tiempos de espera para conseguir turnos. En la salud privada, ese problema no existe. Cualquier exceso de demanda se resuelve o bien, a través del clásico mecanismo de precios, o bien mediante la sobreexplotación de los trabajadores de la salud. Esa sobreexplotación se manifiesta en tiempos insuficientes de atención a los pacientes, con turnos de duración predeterminada. Quienes quedan excluidos del sistema por los precios crecientes, pasan a presionar al sector público, aumentando la deseabilidad del sistema privado. Esto es así a pesar de la regulación estatal de facto (vía acuerdos de precios) en el sector privado, ya que el poder de lobby hacia el gobierno y de mercado hacia los prestadores que poseen las prepagas tiende a neutralizar los efectos de dicha regulación.
Otra faceta perversa de la liberalización con desfinanciamiento público radica en la mayor capacidad de atracción de médicos que posee el sector privado. Una parte importante de esos profesionales se van formando primero en la Universidad pública y después en los hospitales públicos a través del sistema de residencias. Es decir, con una altísima inversión por parte del Estado. Pero una vez superada la etapa de formación, la capacidad de retener profesionales en el sistema público disminuye de forma acentuada. La capacidad de atracción que ejerce el sector privado refuerza la idea de superioridad de la gestión privada sobre la pública.
El sistema mixto se presenta como una forma de ampliar la libertad de elección. Pero lo que desde el punto de vista individual aparenta ser una decisión libre, pagar para obtener mejor provisión de salud o utilizar un servicio gratuito de menor calidad, es a nivel agregado un resultado que ya está determinado. Existe una capacidad dada para proveer salud. La distribución de esa capacidad entre el sector privado y el público depende de una puja por los recursos en la que las empresas llevan las de ganar y el Estado va a menos por el desfinanciamiento crónico del sector. A su vez, el sector privado puede excluir del servicio mediante precios mayores, para mantener los márgenes de ganancia y los niveles de calidad. También puede desconocer la cobertura a enfermedades preexistentes en cada caso. El Estado no puede recurrir a esas opciones.
En cuanto a la educación, para tomar por caso el nivel superior, existe una avanzada de las universidades privadas que se remonta a la sanción de la resistida ley de enseñanza libre del ’58, pero que se ha ido durante los años de políticas neoliberales. En este caso, también se perfila una oferta diferenciada de trabajo. Aquí no solo se trata de restringir la educación de mayor calidad a los ricos, sino también de abaratar los costos de la fuerza laboral formada a medida de las necesidades del capital, con carreras orientadas a la especialización técnica, desprovistas de la formación científica-humanística. Se conforman entonces 2 tipos de educación superior privada. Uno de alto costo, con carreras orientadas a la actividad científica, la formación de cuadros técnicos y políticos, con altos niveles de exigencia y articulado con prestigiosas universidades extranjeras; y uno de bajo costo y de menor exigencia, destinado a abaratar la mano de obra especializada. La degradación del rol científico de las universidades y su subordinación a los sistemas académicos internacionales condiciona severamente la capacidad de desarrollo del país a largo plazo.
En el ámbito de la ciudad, a partir del retroceso a la derecha a partir de la asunción de Macri, se volvió a la senda del privatismo y las privaciones para los sectores populares. A modo de ejemplo, en el terreno de la salud el gobierno PRO avanzó en la tercerización de la facturación de servicios a obras sociales y prepagas en los hospitales públicos. La idea es que los hospitales empiecen a tener fuentes de financiamiento propio, de forma de liberar recursos públicos y orientar la actividad hacia una lógica de maximización de ingresos. En el plano de la educación, la maniobra de mercantilización es todavía más clara, con una reducción del presupuesto de inversión en escuelas públicas y un aumento de los subsidios a las escuelas privadas de la ciudad (próximamente, profundizaremos sobre este tema).
No se trata de adoptar un estatismo a ultranza como reacción a las posturas privatistas. Para desarrollar soluciones superadoras, es necesario reconocer los problemas propios de la gestión pública. La burocracia, la ineficiencia y la insuficiencia de incentivos para brindar servicios de calidad son problemas reales. El financiamiento insuficiente es un problema con el que habrá que lidiar durante mucho tiempo, ya que no es exclusivamente un problema de voluntad política sino que depende además de restricciones económicas reales. Por un lado, la creación de sistemas universales, sin espacio para la apropiación privada de rentas y de servicios, constituye un paso importantísimo en el aumento de la calidad de vida de la población y en la construcción de una sociedad igualitaria. Por otro lado, ese sistema no podrá superar las contradicciones que se usaron como excusa para las privatizaciones si no se lleva a cabo con la participación democrática directa en los procesos de dirección y control. Esto es lo original, la tercera vía en la trampa ideológica de Estado vs. Mercado. El gran desafío es lograr imbricar procesos de participación genuinamente democráticos en la provisión de servicios sociales. En dicha construcción, el actor clave es el colectivo de trabajadores. Pero la construcción no puede detenerse allí. Es necesario involucrar a los destinatarios, especialmente a los sectores vulnerables. El riesgo es que se formen camarillas, que terminen apropiándose de las estructuras estatales para beneficio personal.
Si bien a partir de la crisis del 2001 existe una reacción al paradigma neoliberal, la misma fue hasta ahora tibia e insuficiente. No se llegó aún al punto de plantear reformas radicales en la provisión de la salud y la educación. La crisis mundial y la coyuntura política actual están abriendo la oportunidad para reabrir el debate. Para llevar adelante mejoras sustanciales en el bienestar social es necesario rediscutir la forma de provisión de los servicios estratégicos. No se trata de volver a un pasado idílico, sino de ir más allá. El capitalismo está llevando a niveles crecientes de exclusión y marginación. La acumulación de capital relega a la condición de sobrantes a grandes masas humanas, que pierden el acceso a la salud y la educación. Es decir, en un mismo proceso, desperdicia la capacidad de trabajo actual y deteriora la capacidad de trabajo futura. Es el momento de brindar respuestas originales, que conjuguen las necesidades económicas con la potencialidad de la organización de los sectores populares.
No hay comentarios:
Publicar un comentario