Agrotóxicos

Hace ya varios meses que lo que se denominó “la cuestión del campo” ha pasado a ocupar la agenda y los discursos de los funcionarios. Mucho se ha hablado respecto de la forma de solucionar el problema de la renta, de la política agropecuaria y demás. Sin embargo, poco se discutió en el pasado conflicto sobre la utilización constante de cultivos transgénicos y agroquímicos que conforman la base sobre la cual se sustenta el modelo agropecuario instalado a mediados de los noventa. En este marco, poco se ha avanzado en la discusión respecto a la forma que toma la producción con la honrosa excepción de los movimientos campesinos y organizaciones ecologistas (a estos habría que sumar a FAA, pero en algún momento del 2008 se les olvidó su posición). En Europa, por el contrario, ya se ha prohibido la comercialización de, por ejemplo, un tipo de maíz transgénico elaborado por las mismas compañías que proveen a los productores locales. Sin embargo, en los últimos tiempos se han empezado a discutir las consecuencias que posee ese paquete tecnológico. Es el caso de los habitantes de diferentes regiones del país, quienes reiteradas veces han denunciado que la utilización constante y de manera normal de pesticidas resulta perjudicial en términos sanitarios y ambientales. A partir de sus reclamos, se ha limitado el uso de tales instrumentos, prohibiendo su utilización en tierras cercanas a zonas urbanas. Ciertamente, esto implica un avance concreto en el buen camino. Pero es necesario considerar que la medida se limita simplemente a que no se rocíe con tóxicos directamente a la población, lo cual constituye una acción de mero sentido común. En efecto, nada se ha reglamentado respecto de la permanencia de éstos por extensos períodos en el ambiente y su dispersión mediante el viento y el agua. Claramente, estas cuestiones deben resolverse de manera integral o de lo contrario continuarán efectuándose bajo las peores formas, como son los denominados “niños bandera". En este desalentador marco, en el último tiempo, dichos reclamos se han visto respaldados por estudios de laboratorio que demuestran los daños que provocan esos agrotóxicos, aún cuando se suministran en dosis mucho más pequeñas que las sugeridas. Frente a esta situación, se ha realizado una presentación para prohibir preventivamente la venta de tales productos en la Argentina. Sin embargo, la importancia que tiene esta problemática se demuestra por las diferentes presiones que recibió el equipo investigador (ver nota Indymedia; nota Página/12). A su vez, las autoridades nacionales responsables se desligaron de las consecuencias del trabajo realizado por sus propios investigadores, al tiempo que los medios de comunicación minimizaron la importancia de esos resultados. Claramente, al plantearse una nueva política agropecuaria, es esencial saldar las discusiones respecto del problema de la renta. Pero, al mismo tiempo, no es posible dejar fuera el debate sobre la forma en que se realiza la producción y las consecuencias que ésta acarrea sobre la población.
Una política agropecuaria integral debe necesariamente responder a las cuestiones fundamentales de quiénes, cómo y para quién producirá el campo.

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De la amenaza de un nuevo IAPI a la coparticipación de las retenciones

En el marco del conflicto que desde hace más de un año se desenvuelve entre el gobierno y el “campo”, comenzó a circular en el último mes la versión de una posible nacionalización del comercio internacional de granos.
Se difundieron distintas versiones de la supuesta medida que vendría a dar por terminada la discusión en torno al nivel de la alícuota de las retenciones. Las más audaces hacían referencia a un retorno a organismos como el IAPI, creado durante el gobierno de Perón, o la Junta Nacional de Granos de los años ’30. Otras, más moderadas, sostenían que se trataría de un organismo similar a los existentes en Australia y Canadá, sin constituirse en un monopolio estatal.
El proyecto del gobierno consistía, aparentemente, en conformar un organismo que quedaría bajo la órbita del flamante Ministerio de Producción a cargo de Débora Giorgi. El instrumento apuntaría, según sus impulsores, a diversos objetivos: evitar la intermediación, asegurar un precio sostén y destinar una mayor proporción de la producción a industrias transformativas, como aceiteras y molineras, con el objeto de agregarle valor a esos productos. La diferencia de una agencia de este tipo con un monopolio estatal del comercio radicaría en que su intervención se limitaría a aquellos mercados cuyas estructuras internas provocan “distorsiones” en la distribución de la renta de la tierra.
De esta manera, un organismo nacional de control del comercio exterior de granos permitiría al Estado la eliminación de las retenciones sin perder la capacidad de captar la renta extraordinaria generada por el sector primario. Más aun, podría brindarle el control sobre la parte de la ganancia que fluía de los pequeños productores a las grandes empresas acopiadoras.
La cadena de comercialización de granos, tal como funciona en la actualidad, comprende a productores, acopiadores y exportadores. Estas dos últimas fases de la cadena suelen estar directa o indirectamente ligadas. Se trata de un reducido número de grandes empresas entre las que se cuentan AGD, Bunge, Dreyfus y Cargill, entre pocas otras. El acopio de la producción les permite especular con las variaciones de los precios internacionales lo que, junto con el poder de negociación que obtienen en su carácter de empresas oligopólicas, les hace posible apropiar gran parte de la renta generada en el sector primario, en detrimento de los propios productores. De hecho, la desequilibrada estructura del sector fue mentada varias veces en los discursos por los voceros de “el campo”, sobre todo los representantes de los pequeños y medianos productores, como argumento contra las retenciones.
Se suponía que un organismo estatal como el propuesto actuaría como único comprador de ciertos productos (soja, trigo, maíz y girasol), desplazando de este nicho a los mencionados capitales. Así, podría tener el control de los precios internos sin recurrir a los impuestos a la exportación y captando (con objetivos redistributivos) la parte de la renta que escapaba hacia las grandes empresas agroexportadoras.
Lo cierto es que la suerte que corrió este rumor dejó al descubierto los muchos intereses que permanecían ocultos en los discursos tanto de los dirigentes rurales como del gobierno mismo. Ante este anuncio informal del gobierno, las reacciones de la Mesa de Enlace no se hicieron esperar, esta vez provenientes, principalmente, de representantes de la Sociedad Rural (SRA) y de Carbap. Hugo Biolcatti, presidente de la SRA, declaró que esta medida no sería otra cosa que un intento más del gobierno de “hacer caja”, mientras que otros representantes sostuvieron la hipótesis de que este rumor se corría con la única intención de forzar la venta de los granos de la cosecha pasada que se mantienen ensilados y cuya magnitud, según éstos, está sobreestimada por el gobierno.
Resulta notable que, además de que esa reacción proviniera del sector de la Mesa de Enlace que representa a los productores de mayor tamaño (quienes tienen una relación mucho más estrecha con las acopiadoras), la medida en sí no fuera discutida en ningún momento. Las acusaciones se limitaron a señalar los propósitos ocultos del gobierno sin poner en tela de juicio el papel que las empresas agroexportadoras cumplen en la cadena productiva.
Por su parte, el Ejecutivo anuncia -unas semanas después- una medida en relación al campo: la coparticipación de las retenciones obtenidas sobre la soja. Lejos del supuesto plan para su eliminación y sustitución por un mecanismo de control de tinte “desarrollista” como el mismo gobierno lo calificó, la búsqueda de una “solución” al conflicto con el sector se dirigió a elevar el porcentaje de las retenciones destinado a las provincias, que pasó a ser del 30%. De ese total, un 70% quedaría en manos de los gobiernos provinciales mientras que el 30% restante pasaría a los municipios. Así, se retoca el destino de los fondos conservándose las cuestiones esenciales sobre las que gira el conflicto. Todo esto en un momento más que propicio, dado el calendario electoral.
Independientemente del contenido mismo de esta “solución”, lo cierto es que la estructura de la comercialización de granos quedó intacta. Las grandes empresas acopiadoras no habían asomado las narices ante el conflicto por la resolución 125 ya que el mismo no las afectaba directamente. Su voz, sin embargo, se hizo escuchar, aunque indirectamente, ante el rumor de la nacionalización del comercio de granos. Pero, a fin de cuentas, la cuestión se reduce a que, con o sin coparticipación, siguen detentando la potestad de apoderarse de una parte de la renta de la tierra en base al control oligopólico del comercio de materias primas.

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Documento de Discusión Nº1 - Soja, retenciones y después... Contenido y limitaciones de las 125.

En este primer documento de discusión nos proponemos, a partir del debate sobre las características específicas de la producción agropecuaria en nuestro país, tomar posición en el conflicto “campo” vs. gobierno. En primer lugar, planteamos la discusión sobre la renta agraria, su procedencia y rol en la acumulación de capital, tanto como en el modelo macro actual de Argentina. En segundo lugar, discutimos el instrumento “retenciones”, sus efectos y límites. En tercer lugar, pasamos revista al conflicto político desarrollado entre marzo y julio, que -con menor intensidad que en aquel momento- continúa hasta hoy. Para esto, realizamos una breve descripción de los principales actores políticos participantes, al tiempo que presentamos una línea de tiempo que describe cómo fue evolucionando el conflicto día a día. Finalmente, teniendo en cuenta lo expuesto, desarrollamos nuestra posición y se exponen algunas líneas de acción en base a los siguientes ejes: cuál es el camino a seguir en la captación de renta, los destinos prioritarios de la misma, los posibles efectos indeseados de su apropiación estatal, el rol de la renta entre los demás impuestos y la cuestión de la propiedad de la tierra.

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