La ciudad tiene un gran problema y, a la vez, existe un principio de solución al mismo. Lamentablemente, no suelen pensarse en conjunto.
En el marco de los objetivos políticos del macrismo, aunque sea durante su campaña, la cuestión de la transferencia de jurisdicción fue un tema nodal de la relación entre la Ciudad y la Nación. Aunque, claro, sólo se impulsó una “solución” para el caso de la policía. Sin embargo, otro de los supuestos objetivos propuestos era mejorar el tránsito en la ciudad. Aquí también se planteó la problemática respecto de la jurisdicción de la Nación sobre el sistema de transporte urbano del Gran Buenos Aires (GBA), pero, aparentemente, como simple excusa. Pareciera que una discusión es más relevante que otra.
En el marco de la misma discusión, es inentendible la poca importancia que le presta el Gobierno de la Ciudad a las demoras y problemas que postergan la puesta en funcionamiento del SUBE.
Claramente, parte de la cuestión del tránsito se puede solucionar extendiendo la red de subterráneos. Siendo que no se avanzó prácticamente en nada en ese rubro en los últimos años, sólo queda esperar que la coordinación entre sistemas ya existentes se planifique en pos de una optimización.
En este aspecto el SUBE es fundamental. Se trata, ni más ni menos, de la principal herramienta para incentivar al público a utilizar una combinación de medios de transporte, por ejemplo, a través de un boleto intermodal. Al mismo tiempo, se descongestiona el sistema de tránsito debido a la reducción en el uso de autos particulares y colectivos.
Decimos esto porque un sistema automático como el SUBE permitiría cobrar tarifas diferenciales tomando en cuenta si el usuario combinó diferentes tipos de transporte (sea colectivo local hasta el tren suburbano y luego subterráneo u otro colectivo local) y de esa manera incentivar el uso de medios alternativos que reemplacen en parte a los extensos recorridos en colectivos desde el conurbano. No hay duda de que este sistema sería más eficiente, lo que debería agregarse a su vez es que sea más económico para el usuario que la actual situación. Es incomprensible que, en este marco, la Ciudad no tome, sobre la base de las atribuciones y recursos con los que cuenta, todas las medidas necesarias para acelerar la implementación del sistema. (Comentario: dos ejemplos de estas aplicaciones son el TranSantiago y el sistema de transportes de Sydney, entre otros. Los gráficos muestran que esa planificación suele tomar la forma de pasajes por “zonas” y no por viajes, priorizando así el uso de transportes cortos para combinar con otros. Pensemos además que el GBA es varias veces más extenso y populoso que esas ciudades, lo que implica que si estas ciudades lo necesitaron…).
En segundo lugar, queda claro –como ya venimos sosteniendo en otros textos- que la bandera de la gestión como algo ajeno a las decisiones políticas es una completa mentira ya que toda administración prioriza algunos temas sobre otros. O sea, el gobierno impulsa los temas más cercanos a sus objetivos políticos. En este sentido, queda claro que la seguridad le interesa más a Macri (que gastó cientos de millones de pesos en crear un segunda policía que no tiene atribuciones aún) que el transporte. Si fuera simple “gestión”, ¿por qué no realizar un esfuerzo por la transferencia a un ente tripartito (nacional, provincial y de la ciudad) de la autoridad sobre los medios de transporte locales y regionales?
En tercer lugar, el Sube implicará, en caso de aplicarse las modificaciones que permitan incentivar un uso más eficiente de los medios de transporte ya existentes, un esquema de transferencias de recursos entre medios de transporte y empresas. Asimismo, generará una redistribución de subsidios sólo posible con una centralización de los pagos.
Una parte importante de los recursos requeridos para implementar el SUBE pueden provenir del mismo sistema de transporte. La propuesta, que viene dando vueltas hace un tiempo, consiste en aplicar un cambio en la base tecnológica del transporte automotor. Como el GNC cuesta un tercio de su equivalente en gasoil (además de ser menos contaminante), una porción importante de los recursos utilizados en el subsidio de la tarifa del gasoil podría, en primera instancia, redirigirse a la implementación del Sube y, luego, a obras para mejorar los Centros de Transferencia entre medios de transporte. En este mismo sentido, se puede empezar a concebir la implementación de colectivos híbridos, sobre todo si este plan va de la mano de un estímulo a la producción nacional de las nuevas unidades. (Comentario: muchos sistemas de transporte de otras ciudades lo utilizan justamente por ser más económico y menos contaminante; al tiempo que reduciría la demanda de gasoil que hoy se importa a altos costos).
Por último, el sistema de prepago del SUBE permite también mejorar las condiciones de seguridad de los colectiveros y los pasajeros del sistema ya que las unidades no transportan dinero producto de los pasajes vendidos. Más que blindar la cabina de los colectivos, que es costoso e igual puede derivar en situaciones peligrosas para los pasajeros, ¿por qué no eliminamos el pago de pasajes en la unidad? (Comentario: el prepago no sólo es más seguro sino que es más rápido para permitir el acceso de pasajeros a la unidad que el pago en el momento).
Claramente, el sistema de transportes de la Ciudad de Buenos Aires es deficiente. La centralización del pago, a través del SUBE, es la puerta de ingreso de cambios importantes que, a su vez, requieren el traspaso de autoridades. En ese contexto, el mismo SUBE, una vez implementado, podría llevar a la estatización del sistema de manera de diagramar de una forma más eficiente el servicio, al tiempo que desaparecerían los problemas para controlar el pago y la utilización de subsidios ya que sería el Estado el que se subsidia a “sí mismo” (Comentario: en la mayoría de las ciudades el sistema de transporte público es estatal).
Para todo ello, evidentemente, necesitaremos desarrollar un plan integral de transporte para el Gran Buenos Aires.
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En el marco de los objetivos políticos del macrismo, aunque sea durante su campaña, la cuestión de la transferencia de jurisdicción fue un tema nodal de la relación entre la Ciudad y la Nación. Aunque, claro, sólo se impulsó una “solución” para el caso de la policía. Sin embargo, otro de los supuestos objetivos propuestos era mejorar el tránsito en la ciudad. Aquí también se planteó la problemática respecto de la jurisdicción de la Nación sobre el sistema de transporte urbano del Gran Buenos Aires (GBA), pero, aparentemente, como simple excusa. Pareciera que una discusión es más relevante que otra.
En el marco de la misma discusión, es inentendible la poca importancia que le presta el Gobierno de la Ciudad a las demoras y problemas que postergan la puesta en funcionamiento del SUBE.
Claramente, parte de la cuestión del tránsito se puede solucionar extendiendo la red de subterráneos. Siendo que no se avanzó prácticamente en nada en ese rubro en los últimos años, sólo queda esperar que la coordinación entre sistemas ya existentes se planifique en pos de una optimización.
En este aspecto el SUBE es fundamental. Se trata, ni más ni menos, de la principal herramienta para incentivar al público a utilizar una combinación de medios de transporte, por ejemplo, a través de un boleto intermodal. Al mismo tiempo, se descongestiona el sistema de tránsito debido a la reducción en el uso de autos particulares y colectivos.
Decimos esto porque un sistema automático como el SUBE permitiría cobrar tarifas diferenciales tomando en cuenta si el usuario combinó diferentes tipos de transporte (sea colectivo local hasta el tren suburbano y luego subterráneo u otro colectivo local) y de esa manera incentivar el uso de medios alternativos que reemplacen en parte a los extensos recorridos en colectivos desde el conurbano. No hay duda de que este sistema sería más eficiente, lo que debería agregarse a su vez es que sea más económico para el usuario que la actual situación. Es incomprensible que, en este marco, la Ciudad no tome, sobre la base de las atribuciones y recursos con los que cuenta, todas las medidas necesarias para acelerar la implementación del sistema. (Comentario: dos ejemplos de estas aplicaciones son el TranSantiago y el sistema de transportes de Sydney, entre otros. Los gráficos muestran que esa planificación suele tomar la forma de pasajes por “zonas” y no por viajes, priorizando así el uso de transportes cortos para combinar con otros. Pensemos además que el GBA es varias veces más extenso y populoso que esas ciudades, lo que implica que si estas ciudades lo necesitaron…).
En segundo lugar, queda claro –como ya venimos sosteniendo en otros textos- que la bandera de la gestión como algo ajeno a las decisiones políticas es una completa mentira ya que toda administración prioriza algunos temas sobre otros. O sea, el gobierno impulsa los temas más cercanos a sus objetivos políticos. En este sentido, queda claro que la seguridad le interesa más a Macri (que gastó cientos de millones de pesos en crear un segunda policía que no tiene atribuciones aún) que el transporte. Si fuera simple “gestión”, ¿por qué no realizar un esfuerzo por la transferencia a un ente tripartito (nacional, provincial y de la ciudad) de la autoridad sobre los medios de transporte locales y regionales?
En tercer lugar, el Sube implicará, en caso de aplicarse las modificaciones que permitan incentivar un uso más eficiente de los medios de transporte ya existentes, un esquema de transferencias de recursos entre medios de transporte y empresas. Asimismo, generará una redistribución de subsidios sólo posible con una centralización de los pagos.
Una parte importante de los recursos requeridos para implementar el SUBE pueden provenir del mismo sistema de transporte. La propuesta, que viene dando vueltas hace un tiempo, consiste en aplicar un cambio en la base tecnológica del transporte automotor. Como el GNC cuesta un tercio de su equivalente en gasoil (además de ser menos contaminante), una porción importante de los recursos utilizados en el subsidio de la tarifa del gasoil podría, en primera instancia, redirigirse a la implementación del Sube y, luego, a obras para mejorar los Centros de Transferencia entre medios de transporte. En este mismo sentido, se puede empezar a concebir la implementación de colectivos híbridos, sobre todo si este plan va de la mano de un estímulo a la producción nacional de las nuevas unidades. (Comentario: muchos sistemas de transporte de otras ciudades lo utilizan justamente por ser más económico y menos contaminante; al tiempo que reduciría la demanda de gasoil que hoy se importa a altos costos).
Por último, el sistema de prepago del SUBE permite también mejorar las condiciones de seguridad de los colectiveros y los pasajeros del sistema ya que las unidades no transportan dinero producto de los pasajes vendidos. Más que blindar la cabina de los colectivos, que es costoso e igual puede derivar en situaciones peligrosas para los pasajeros, ¿por qué no eliminamos el pago de pasajes en la unidad? (Comentario: el prepago no sólo es más seguro sino que es más rápido para permitir el acceso de pasajeros a la unidad que el pago en el momento).
Claramente, el sistema de transportes de la Ciudad de Buenos Aires es deficiente. La centralización del pago, a través del SUBE, es la puerta de ingreso de cambios importantes que, a su vez, requieren el traspaso de autoridades. En ese contexto, el mismo SUBE, una vez implementado, podría llevar a la estatización del sistema de manera de diagramar de una forma más eficiente el servicio, al tiempo que desaparecerían los problemas para controlar el pago y la utilización de subsidios ya que sería el Estado el que se subsidia a “sí mismo” (Comentario: en la mayoría de las ciudades el sistema de transporte público es estatal).
Para todo ello, evidentemente, necesitaremos desarrollar un plan integral de transporte para el Gran Buenos Aires.
