Jornadas de formación junto a los compañeros de Usina Cultural del Sur.

Los compañeros de Usina Cultural del Sur nos invitaron a participar en el dictado de unas jornadas de formación denominadas "A una década del 19/20 de Diciembre. Balance y escena contemporánea.", las cuales constarán de cuatro encuentros que se realizarán durante el mes de agosto y la primera semana de septiembre en Bulnes 326, Almagro. A continuación detallamos el cronograma de encuentros y sus respectivos contenidos, los cuales también se encuentran contenidos en la gacetilla de difusión.
Los invitamos a asistir y participar activamente de los mismos.

***
CRONOGRAMA Y CONTENIDOS.
Todos los encuentros se realizarán de 19 a 21 hs.
En Usina Cultural del Sur (Bulnes 326, Almagro).

1er Encuentro: VIERNES 13 de Agosto.
Introducción: del '76 al 20-D. Transformaciones estructurales.
Bibliografía.
Basualdo, Eduardo, Sistema político y modelo de acumulación en la Argentina: notas sobre el transformismo argentino durante la valorización financiera, 1976-2001. Bernal: FLACSO. Programa Argentina, UNQUI, IDEP, 2001.
Villareal, Juan, Los Hilos Sociales del Poder, en Crisis de la Dictadura Argentina, Buenos Aires, Siglo XXI, 1985.
2do Encuentro: MIÉRCOLES 18 de Agosto.
El 2001. Caracterización de la crisis. Actores sociales y cambio de época. De las caracterización realizadas en el 2002 hacia el presente.
Bibliografía
Svampa, Maristella, Cambio de época. Movimientos sociales y política (selección), Buenos Aires, Siglo XXI, 2009.
Colectivo Nuevo Proyecto Histórico, Crisis orgánica en la Argentina, Buenos Aires, enero de 2002.
Colectivo Situaciones, 19 y 20: apuntes para el nuevo protagonismo social (selección), Buenos Aires, Tinta Limón, 2002.
Lozano, Claudio, Avance Popular, Crisis de Hegemonía y Obstáculos para la profundización democrática (Argentina 2001-2006), en Revista Pampa, Nº1, Agosto 2006.
3er encuentro: VIERNES 27 de Agosto.
Introducción crítica a la post- convertibilidad. Renta de la tierra, salarios, inflación, deuda externa y reservas.
Bibliografía
Grupo TPI - Conciencia Crítica, Salarios e inflación: ¿una dicotomía perversa? Las causas de la inflación actual y sus consecuencias en la distribución del ingreso, en Revista Kamchatka Nº 4, editada por la Agrupación SoS , Buenos Aires, marzo 2010.
Grupo TPI - Conciencia Crítica, Documento de Discusión Nº 3, Buenos Aires. (en prensa)
4to Encuentro (CIERRE): MIÉRCOLES 1º de Septiembre.
Recomposición política y cambios en el modelo económico y social. Cambio de etapa, bipartidismo. La escena contemporánea a una década de kirchnerismo. Recortes: 2003- 2008, 2008- 2010.
Bibliografía.
Lozano, Claudio, Una mirada sobre la coyuntura económica y social, Buenos Aires, febrero de 2008.
Palombi, Ariel, Análisis de Coyuntura , Septiembre de 2010.

Los textos podrán retirarse en forma gratuita en Bulnes 326, a partir del jueves 6 de agosto, de 16:30 a 20:30.

***

Continuar leyendo...

La inflación y el límite a la suba del salario real: ¿simple voluntad de los capitalistas o consecuencia necesaria del “modelo”?

A continuación incluimos un artículo elaborado por nosotros sobre el fenómeno inflacionario en Argentina, publicado en la revista Kamchatka, la cual es editada por la agrupación SoS de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. A su vez, la nota se puede descargar en formato pdf haciendo clic AQUÍ.

***

Introducción

En las próximas paritarias, una cuestión central para los trabajadores será recomponer el poder adquisitivo del salario, el cual se ha visto seriamente afectado por la persistencia del proceso inflacionario. Por ello, en el presente artículo intentaremos dar cuenta de esto. Sin embargo, analizar simplemente la suba de precios no resulta suficiente, sino que, necesariamente, debe comprenderse el marco en el que se desencadenó. En otras palabras, se vuelve necesario comprender el “modelo económico” inaugurado con la salida de la Convertibilidad, a principios de 2002. Comencemos, entonces, por allí.
El modelo de tipo de cambio alto y la dinámica de los precios.
El denominado “modelo kirchnerista” se sostiene, fundamentalmente, sobre dos pilares. Un tipo de cambio real “competitivo”, combinado con retenciones a las exportaciones de ciertos bienes, y una política de desendeudamiento. ¿Qué rol juega y en dónde radica la importancia de cada una de estas dos cuestiones? Analicemos la primera.
Los capitales nacionales se caracterizan, en general, por tener una escala muy pequeña y, por lo tanto, un fuerte atraso en términos de la productividad del trabajo que ponen en movimiento, por lo cual presentan serias dificultades para competir a escala mundial. Para compensar dicha desventaja, esgrimen, recurrentemente, la necesidad de contar con un tipo de cambio “alto”, asegurándoles mercado interno. Pero ¿cuáles son los mecanismos detrás de esta aparentemente sencilla “solución”, en particular tal como se presenta tras la devaluación de 2002?
Por un lado, la devaluación se tradujo en una brutal caída de los salarios reales (del orden del 30%), reduciendo, en consecuencia, los costos laborales. Dicha caída de los salarios reales implicó para los trabajadores la imposibilidad de obtener el valor íntegro de su fuerza de trabajo, profundizando una tendencia iniciada hacia mediados de los setenta. La caída de los salarios significó también una fuente importante de incremento de la rentabilidad de las empresas, que motorizó el incremento en el ritmo de acumulación de capital nacional. Por el otro, la nueva paridad cambiaria determinó una subvaluación del peso, encareciendo artificialmente la producción extranjera. Esto se debe a que con un peso subvaluado un bien importado cuesta, en pesos, más de lo que costaría en situación de paridad cambiaria. Ambas cuestiones permiten que los capitales locales puedan competir en el mercado interno, aun cuando la productividad del trabajo sea menor que en el resto de los países.
Sin embargo, la devaluación no establece, necesariamente, un precio del dólar al nivel mínimo necesario para garantizar la producción nacional. De hecho, en muchas ramas el mismo se ubicó, tras la devaluación, por encima de este valor: al abandonar la Convertibilidad, la subvaluación del peso fue tan pronunciada que no sólo compensó la baja productividad de los capitales nacionales, sino que además les permitió a las empresas disponer de un margen que hiciera posible un aumento de precios con el objetivo de obtener ganancias extraordinarias, o eventualmente soportar un incremento de los costos sin dejar de obtener la ganancia normal.
Por otra parte, dado que para los bienes transables rige la denominada ley del precio único, el mantenimiento de un tipo de cambio “alto” genera las condiciones para un incremento de precios internos: al devaluarse la moneda nacional, aquellos sectores ligados a la exportación se encuentran con que, mediante la venta de su producción en el mercado mundial, obtienen una mayor cantidad de pesos que antes, lo cual los impulsa a incrementar sus precios de venta internos hasta que estos coinciden con el precio externo traducido en pesos. Asimismo, cada situación de aumento de los precios internacionales de los productos primarios -como sucedió sostenidamente desde 2003 a 2007- puede traducirse internamente en suba de precios de las mercancías exportables. Ante tal situación, la implementación de retenciones tras la devaluación actúa reduciendo dichas tendencias inflacionarias (lo mismo ocurriría en caso de implementarse un esquema de retenciones móviles, medida de política económica impulsada en 2008, mediante la Resolución 125, que no logró ponerse en práctica).
Al respecto, un elemento no menor en la discusión acerca de las tendencias inflacionarias es la cuestión agropecuaria. El avance del cultivo de soja, que es exportada casi en su totalidad, ha ido abarcando crecientes superficies de la pampa húmeda e, incluso, territorios marginales, aun con la mediación de las retenciones. Consecuentemente, parte de la producción de los restantes cultivos y de la ganadería, que sí son parte importante de la canasta de alimentos de la población local, ha sido desplazada, implicando una menor oferta interna de alimentos, lo cual obliga, eventualmente, a la importación, que, en un contexto de precios internos desacoplados de los internacionales y tipo de cambio subvaluado –como ocurrió hasta 2006-, incrementa, también, las presiones inflacionarias.
En síntesis, la devaluación impuso, en un principio, una subvaluación del peso mantenida gracias a la venta por debajo de su valor de la fuerza de trabajo, que impulsó la recomposición de la tasa de ganancia y, por tanto, un fuerte crecimiento de la inversión y de la producción. Esta ventaja (general y gratuita para los capitales) que se le otorga a los sectores productivos locales tiene, sin embargo, otras aristas. En efecto, a partir de la fuerte reducción inicial de salarios, el gobierno se vio presionado a llevar adelante una progresiva (y lenta) política de recomposición salarial. Frente a esta situación, dado el margen mencionado anteriormente con el que cuentan las empresas, el aumento de los salarios puede ser trasladado a precios sin necesidad de resignar márgenes de ganancia. Veamos la cuestión más de cerca.
Para que el mecanismo mencionado actúe, las empresas deben contar con una demanda que les permita validar su producción a un precio más alto, cosa que durante los primeros años del nuevo régimen no ocurrió, pues en el estallido de 2001 la demanda interna se encontraba en niveles de profunda depresión. Sin embargo, a medida que se recupera el nivel de actividad y se fortalece la demanda, la protección cambiaria le permite a las empresas aprovechar la posibilidad de obtener ganancias extraordinarias vía suba de precios, o bien de trasladar la suba de los costos de producción. En este marco, se podría creer, erróneamente, que la inflación es un fenómeno derivado del aumento de los salarios. Pero como se desprende de lo dicho anteriormente, lejos de deberse al aumento salarial, el fenómeno inflacionario es una consecuencia necesaria del mantenimiento de un tipo de cambio “alto” con una estructura productiva signada por la necesidad de mantener en operación a pequeños capitales, estableciendo, así, un techo a la suba del salario real.
Además, es necesario tener en cuenta que las subas del tipo de cambio nominal actúan desplazando hacia arriba el techo hasta el cual pueden subir los precios. Es decir, incentivan la posibilidad de trasladar la suba de los salarios y los costos a los precios. Podría pensarse que este es el proceso que está operando como impulso a la suba de precios a partir del año pasado. (Claro que, resulta necesario decirlo, sólo se pueden realizar conjeturas al respecto, puesto que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) se encuentra intervenido y sus estadísticas “retocadas”. De hecho, el IPC - índice utilizado para medir la inflación- es el más fuertemente cuestionado. El “retoque” de dicho índice, que es en general un insumo utilizado por los trabajadores en las negociaciones salariales, termina imponiendo, de hecho, un techo al ajuste salarial que, en general, no permite mantener el poder de compra de los trabajadores: ni más ni menos que uno de los elementos fundamentales del "modelo".)
Por otra parte, esta estrategia de “tipo de cambio competitivo” presenta límites inmediatos. En la medida que se generalice el aumento de precios, el tipo de cambio real comienza a apreciarse, erosionando la protección cambiaria inicial. En otras palabras, la “competitividad” de la que gozaban pierde vigencia progresivamente. Así, la serpiente parece morderse la cola. ¿Son acaso irracionales las empresas que suben los precios de esta manera? Aun cuando este proceso desplegado colectivamente lleve a un perjuicio de los pequeños capitales en general, siempre que cada capital individual pueda incrementar su tasa de ganancia a través de aumentos de precios, lo hará. Por lo tanto, no hacen más que poner en evidencia la lógica que las mueve como capitales individuales: la maximización de su tasa de ganancia.
Llegados a este punto podemos concluir que esta caracterización corresponde, esencialmente, a una inflación cambiaria. Y es sobre esta base que resulta posible, ahora sí, comprender con mayor nitidez el discurso de la burguesía nacional; por ejemplo, el reclamo por parte de la UIA de una nueva devaluación "ante la pérdida de competitividad" como expresión elocuente de la dicotomía perversa "inflación vs. desocupación".
Asimismo, dicha inflación cambiaria termina apreciando indefectiblemente la moneda, eliminando la subvaluación inicial, y vuelve a poner de relieve que la base sobre la cual se puede continuar acumulando capital en Argentina es mediante la transferencia hacia los capitales industriales de renta la de la tierra que fluye hacia el país mediante la exportación de bienes primarios, con el fin de compensar el atraso tecnológico.
Esta política de tipo de cambio “competitivo”, sumada a un contexto internacional favorable, le permitió al país registrar un superávit comercial importante que, sumado a la mejora de la actividad, impulsó al alza a la recaudación estatal. Ante esto, el gobierno pudo sostener el segundo pilar del “modelo” que mencionamos: la política de desendeudamiento.
Esta política contribuye, también, a evitar la apreciación del tipo de cambio: dada la existencia de grandes superávits de la balanza comercial, y también de la balanza de pagos, se acumula una masa importante de riqueza que es necesario colocar de alguna manera. Las opciones pueden ser: que esta masa de riqueza expresada en divisas internacionales ingrese a la circulación, lo que incrementaría la demanda de pesos y terminaría apreciando el tipo de cambio; que sea acumulada en reservas que el BCRA adquiere con pesos que luego se encarga de retirar de la circulación a través de la colocación de LEBACs y/o NOBACs; o bien, que se utilicen para cancelar pasivos externos. Tanto la segunda como la tercera opción fueron llevadas a cabo. Para mantener el “modelo” en funcionamiento y evitar la apreciación de la moneda, se acumuló una gran cantidad de dólares en manos del BCRA y se llevó a cabo una política de cancelación de deuda externa (pago de capital además de intereses). Por lo tanto, más allá de la retórica con que se la presenta, esta “política de desendeudamiento” constituye una medida necesaria para el mantenimiento del funcionamiento de la estructura económica tal cual la venimos describiendo.
Pero además de embarcarse en la mencionada política de desendeudamiento, el aumento de la recaudación que se tradujo en importantes superávits fiscales permitió al gobierno tomar una medida adicional para contribuir con el sostenimiento de los pequeños capitales: el otorgamiento directo de subsidios, fundamentalmente al transporte y la energía.
Los subsidios actúan abaratando la fuerza de trabajo: una parte del valor de la fuerza de trabajo es pagada con los impuestos que recauda el Estado, que otorga subsidios a ciertos capitales a condición de que no incrementen los precios, abaratando los salarios (en valor), lo cual incentiva el nivel de empleo. Nuevamente, al igual que la protección cambiaria, aunque esta vez de modo mucho más explícito, tenemos aquí un sostenimiento de los pequeños capitales en funcionamiento. Ahora bien, si se eliminasen los subsidios y aumentaran las tarifas, caería fuertemente el salario real. Eventualmente, éste debería recuperarse, erosionando la competitividad de las empresas. Resultado: si éstas salieran de producción, se pasaría nuevamente a importar gran cantidad de mercancías y se destruirían puestos de trabajo; si, en cambio, aún tuvieran protección cambiaria, se incrementarían los precios.
En suma, el costo de mantener este “modelo” es la existencia de tendencias inflacionarias, que llegado cierto punto le ponen un techo al salario real. Entonces, se desata la puja distributiva y los incrementos salariales son trasladados a precios hasta que se acaba la protección cambiaria. Después de eso, se comienza a importar y las empresas salen de operación, presentando, nuevamente, la dicotomía perversa: inflación vs. desocupación.
Cierre y perspectivas
Hasta acá, hemos dado cuenta del contenido del “modelo” de tipo de cambio alto, así como enunciado los límites inmediatos que este esquema encuentra en la medida en que se recomponen los salarios, de la mano con aumentos de precios y la consecuente pérdida de “competitividad”: la base del modelo se erosiona, la serpiente se come la cola, una vez más. El reconocimiento de esta cuestión nos obliga a pensar en la necesidad de trascender este esquema, de corto alcance y largas penas.
En este sentido, es necesario pensar en la aplicación de políticas industriales que identifiquen dónde actúan estos capitales ineficientes y cuáles son, entre ellos, los que tienen algún potencial para incrementar productividad. Sin embargo, y a modo de evitar una explosión del desempleo, quizás sea necesario que la economía argentina actúe, durante algún tiempo, con pequeños capitales que ayuden a mantener altos niveles de empleo, pero teniendo como norte, necesariamente, una política económica que reconozca el problema estructural y busque solucionarlo.
Un primer paso, creemos, debe ser el reconocimiento del atraso industrial y de la necesidad de compensar la falta de competitividad de la producción nacional. Para lograrlo, consideramos necesario que se transfiera riqueza hacia los capitales industriales, pero siempre en el marco de una política económica orientada a la obtención de mejoras significativas en términos de productividad y en la calidad de los empleos generados, y no ”a ciegas”. Luego, dado que las fuentes de dicha riqueza a ser transferida pueden ser o bien la venta por debajo de su valor de la fuerza de trabajo o bien la renta de la tierra, salta a la vista que la acción política debe estar siempre orientada en el sentido de lograr que el Estado apropie porciones crecientes de renta con tal fin. De otro modo, no haríamos más que reproducir el atraso económico argentino, condenándonos al empeoramiento constante y creciente de nuestras condiciones de vida, y al incremento de la pobreza y de la marginalidad.
Por otra parte, es sumamente necesario que los trabajadores luchemos por conseguir incrementos salariales, pues la suba del salario actúa, en condiciones normales, de manera progresiva al imponer a los capitales la necesidad de introducir nuevas técnicas productivas con el fin de lograr un incremento de las ganancias, que incrementan la productividad del trabajo, es decir, actúa como un incentivo al desarrollo de las fuerzas productivas, condición necesaria para el desarrollo económico y la mejora en las condiciones de vida de los trabajadores.
En definitiva, al sostener que el fenómeno inflacionario no es “una desgracia que nos cae del cielo”, sino que es un resultado necesario del “modelo”, y más aún de las características propias de la economía argentina, no podemos más que concluir que es equivocada tanto la posición que únicamente destaca los logros alcanzados y sostiene que la mejora en las condiciones de vida de la clase obrera y la reducción de la pobreza son metas que se alcanzarán si el rumbo se mantiene lo suficiente en el tiempo, como su opuesta de sobrevaluar la moneda y liberalizar la economía. Desde nuestra perspectiva, la actual configuración, en particular, pone límites inmediatos a la suba del salario real y, por tanto, atenta contra el incremento sostenido de la productividad del trabajo, lo cual también ocurre con la sobrevaluación y la apertura indiscriminada. Es imposible, así, resolver los problemas que tanto aquejan a nuestra sociedad. El acento debe ponerse, por lo tanto, en evitar nuevamente la “dicotomía perversa” y empezar un verdadero proceso de desarrollo en nuestro país.

Continuar leyendo...

El Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento y la profundización del modelo

Arrancó el año, y arrancó con todo. Aprovechando el receso parlamentario, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, firmó el Decreto 2010/09, a través del cual se da lugar a la creación del Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento (FBD). En el mismo se establece que, para garantizar el crecimiento, “resulta necesario profundizar el proceso de desendeudamiento iniciado en 2003, para permitir un mayor y mejor acceso al financiamiento tanto para el sector público, como para el sector privado.” O sea, desde la perspectiva del gobierno, reducir el peso de la deuda externa a mediano/largo plazo es una condición necesaria para lograr un crecimiento sustentable. No obstante, en lo inmediato, ante la necesidad de efectuar políticas de impulso a la demanda, resulta necesario tomar deuda al menor costo posible.
Desde la perspectiva del gobierno, la opción que permite minimizar los costos del endeudamiento es hacer uso de las reservas del BCRA a cambio de una “Letra intransferible denominada en U$S, a DIEZ (10) años con amortización íntegra al vencimiento, la que devengará una tasa de interés igual a la que devenguen las reservas internacionales del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA para el mismo período.” De este modo, el gobierno consigue tomar crédito a una tasa como la que obtendría el gobierno de un país central .
Esta iniciativa –sostienen los cuadros técnicos del gobierno- se halla fundamentada en la existencia de un excedente de Reservas: el nivel óptimo de las mismas estaría dado por el equivalente en dólares de la base monetaria, lo que correspondería a un total de US$ 30.800 millones. El cálculo realizado por el gobierno es el siguiente: las Reservas Internacionales en poder del BCRA alcanzan los U$s 48.000 millones; la Base Monetaria suma $ 118.000 millones; dado que el tipo de cambio vendedor es 1 U$s = $ 3,83, entones la Base Monetaria equivale a U$s 30.800 millones, lo que determina la existencia de un excedente de U$s 17.200 millones. Los fondos que el gobierno pretende utilizar para la conformación del FBD constituyen, por tanto, el 37% de las Reservas excedentes, siendo U$S 6.569 millones.
A su vez -argumentan-, la existencia de tal stock de Reservas Internacionales responde a una política económica deliberada del gobierno. Política que ha dado buenos resultados, “especialmente en Argentina, que ha logrado obtener superávits a nivel externo y fiscal simultáneamente por primera vez en más de medio siglo, en el marco de un proceso de crecimiento sostenido con creación de empleos y creciente inclusión social.” El éxito de dicha política, denominada de auto-seguro ante posibles ataques especulativos a la moneda nacional, se manifiesta en el crecimiento observado del stock de Reservas, que “se quintuplicaron entre comienzos de 2003 y diciembre de 2009, pasando de US$ 8.245 millones a US$ 47.539 millones; aun a pesar de haber pagado con ellas US$ 9.530 millones al Fondo Monetario Internacional a principios de 2006. Como porcentaje del producto bruto interno, las reservas pasaron de 9.5% a alrededor de 16.4% en el mismo período.”
Por otra parte -continúan argumentando-, es necesario tener en cuenta, además, que tal política de acumulación de reservas supone un costo, dado por la tasa de interés pagada por el BCRA por la colocación de LEBACs y NOBACs con el fin de esterilizar la compra de dólares, superior al rendimiento obtenido por la administración de las mismas. En tal sentido, es necesario buscar un uso óptimo de las Reservas Internacionales, pues “si bien la acumulación de reservas internacionales contribuye al crecimiento a través de la estabilidad financiera, es decir, reduciendo la incidencia del ciclo ataques especulativos-crisis financieras, tal acumulación puede resultar demasiado onerosa si se lleva adelante muy por encima de niveles óptimos, al –como se dijo— subutilizar recursos.”
Finalmente, el Decreto sostiene que “en las condiciones actuales el uso acotado de reservas no tendrá mayor impacto sobre la política monetaria, ni es susceptible de lesionar el superávit cuasi fiscal, ni puede implicar un deterioro en la calidad de la cartera de activos, que quedará más indisolublemente ligada al desendeudamiento y fortalecimiento de nuestra economía.”
Bien, hasta aquí los argumentos económicos de la medida. Sin embargo, para comprender cabalmente la forma que ha adoptado el conflicto político desatado por la medida presidencial resulta esencial tener en cuenta, además, los siguientes aspectos jurídicos: el Decreto 2010/09 es modificatorio del “artículo 6º de la Ley Nº 23.928, previendo en su segundo párrafo que las reservas de libre disponibilidad podrán aplicarse además al pago de servicios de la deuda pública del Estado Nacional.” Asimismo, se establece que la transferencia de las Reservas Internacionales excedentes “al Tesoro Nacional no se encuentra alcanzada por la prohibición contenida en el artículo 19 inciso a) y en lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta Orgánica del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, ni puede ser considerado a los fines de la autorización concedida por el artículo 43 de la Ley Nº 26.546.”

El conflicto político
Días después del anuncio apareció el primer obstáculo para el gobierno de CFK: el presidente del Banco Central, Martín Redrado, se negó a transferir las Reservas para la creación del FBD, desatando un enfrentamiento político de gran dimensión. Ante tal gesto de desacato por parte del conductor de la autoridad monetaria, la presidenta decidió despedirlo, también mediante un Decreto, por incurrir en mala conducta e incumplimiento de los deberes del funcionario público, y desató el conflicto.
Ante esta situación, desde el gobierno comenzaron a ensayarse una serie de argumentos para justificar el Decreto 2010/09, el pecado original. En primer lugar, se sostiene, desde el oficialismo, que las reservas constituyen un fondo que no necesariamente será utilizado para cancelar deuda. O sea, formalmente -y resaltamos lo de "formalmente"-, no se trata del uso de reservas para cancelar deuda. El argumento del gobierno es que la constitución de dicho fondo permite reducir el riesgo país, lo cual redunda en una menor tasa a pagar por deudas a contraer en lo inmediato. En otras palabras, la constitución del fondo -argumentan- permite reducir el costo del endeudamiento futuro de corto plazo.
La reacción del arco opositor de derecha fue tan rápida, como convergente en sus argumentos: los Kirchner atropellan, nuevamente, la institucionalidad –coincidieron todos. Así, desde los diversos sectores de la oposición política se argumentó que se trata de un nuevo manotazo del gobierno en el “raid manoteador” que comenzara en 2005 con el uso de Reservas para el pago al Fondo Monetario Internacional; que continuara con el intento fallido de la 125, y luego con la "confiscación de los ahorros de los argentinos" -léase “estatización del sistema previsional”-, lo cual -sostendrían- habría "destruido" el mercado de capitales local, cerrando, en consecuencia, el acceso al crédito voluntario al gobierno (ver, por ejemplo, lectura Nº 51 del ITF creado por Frenkel y Damill). ¿Y cuál es el mayor miedo de la oposición política de derecha? La pérdida de independencia del BCRA, que podría llevar a una creciente emisión monetaria para validar el descontrolado gasto público, lo cual, a su vez, reabriría la posibilidad de sufrir una (hiper)inflación por monetización del déficit. O sea, no se discute la pertinencia o no del argumento del gobierno de constituir un fondo que reduzca el riesgo país, sino que se corre el eje de la discusión hacia la legalidad de la medida, es decir, hacia la tan mentada seguridad jurídica.
Cabe realizar algunas observaciones. En primer lugar, que mantener congeladas las Reservas del FBD hasta el inicio de los vencimientos importantes podría ser una opción técnicamente deficiente. Dicha medida podría estar justificada si la reducción obtenida en las tasas para el crédito a tomar fuera mayor que el costo financiero de mantener inmovilizadas las Reservas. Incluso, debería ser comparado también con el beneficio financiero que podría obtenerse en caso de adelantar algunos pagos previstos para el año.
En segundo lugar, resulta necesario diferenciar este uso de reservas de aquel que hiciera el gobierno de Néstor Kirchner en 2006, cuando se le adelantaron US$ 10.000 millones al FMI, bajo el argumento de “ganar grados de libertad para hacer política económica”. En dicha ocasión no se redujo el costo de la deuda; antes bien, se pagó deuda barata, por decirlo de algún modo. Es decir que se trataría de un caso opuesto al de la creación del FBD, hablando en términos de costos de endeudamiento. Y más aún, si finalmente las reservas no fueran utilizadas, se trataría de un caso completamente diferente. Aunque, desde luego, eso sólo podrá saberse a posteriori.
En tercer lugar, ante el accionar del (¿ex?) presidente del BCRA, y el conflicto desatado como consecuencia del mismo, probablemente resulte muy difícil cumplir el objetivo perseguido por la administración CFK de reducir el costo de la deuda pública externa.
Por último, cabe hacer una breve mención al debate sobre la independencia del BCRA que surgiera como motivo del corrimiento del eje del mismo, consecuencia de la defensa de la institucionalidad por parte del arco opositor. Existe una idea, aceptada no sólo por los economistas ortodoxos sino también por algunos considerados heterodoxos, que afirma que la política monetaria deber ser “gestionada” por cuadros técnicos independientes del poder político, de modo de evitar que la emisión monetaria sea utilizada como un instrumento de financiamiento del gobierno para la ejecución de sus políticas fiscales, que fácilmente pueden volcarse a la utilización de recursos con fines meramente electorales, populistas.
Según dicha visión, el objetivo que debe perseguir la autoridad monetaria es el de la estabilidad monetaria: preservar el valor de la moneda. Luego, dado que detrás de esta idea se encuentra subyacente la creencia de que rige lo que se denomina como Teoría Cuantitativa del Dinero, los técnicos encargados de ejecutar la política monetaria deben procurar que siempre exista equilibrio en el mercado de dinero, de modo que no deben no emitir moneda en exceso, pues el resultado asegurado de tal política es el incremento del nivel general de precios. Dicha visión descansa en la premisa según la cual el capitalismo es un sistema que funciona, en condiciones normales, en un equilibrio de pleno empleo de los recursos productivos, o en otras palabras, en el supuesto de que la producción es una cantidad fija. En consecuencia –sostiene esta teoría-, la sobreemisión monetaria se traducirá siempre en un incremento de la demanda que presionará sobre una oferta dada, lo cual redundará, indefectiblemente, en un incremento de los precios: se niega así a la política monetaria la potencia de poder influir (positivamente) sobre el nivel de producción y empleo. Se sostiene que la política monetaria es neutral aunque, dado el peligro que implica la emisión irresponsable, lo mejor es que su implementación quede siempre en mano de economistas… ¡formados bajo el paradigma de la teoría económica más vulgar!
Ante tal corrimiento del eje del debate hacia la independencia del BCRA, los cuadros del kirchnerismo comenzaron a argumentar que resulta primordial para la profundización del modelo que la política monetaria se ejecute en línea con el resto de la política económica. Sin embargo, creemos que es necesario tener en cuenta la siguiente cuestión.
Desde el gobierno se afirmó que para mantener las políticas de estímulo a la demanda vía incremento del gasto público, en el marco de un escenario de crisis mundial, la creación del FBD se constituye como una conditio sine qua non, pues resulta indispensable acceder al crédito externo a tasas más bajas a fin de mantener el superávit fiscal. De esto se desprenden, al menos, dos cuestiones: por un lado, que al gobierno le preocupa reducir la carga que implica para Estado el pago de intereses de la deuda, al mismo tiempo que el peso de la misma (reducción del ratio Deuda Externa/PBI); por otra parte, que el gobierno pretende continuar con el mismo esquema monetario de acumulación de reservas con esterilización para controlar la cantidad de dinero en circulación. “Equipo que gana, no se toca”, reza el saber popular futbolero, y parece que los Kirchner consideran que van ganando, porque la formación no se modifica en absoluto: superávit fiscal-tipo de cambio “competitivo”-superávit comercial-acumulación de reservas-esterilización de la Base Monetaria-contención salarial-fuerte desendeudamiento externo, y un discurso progresista, sobre todo. De lo cual surge que lo único que cambiaría, de mantenerse inalterado el rumbo de la política macroeconómica del gobierno, es que, en caso de lograr la tan mentada coordinación de la política monetaria con el resto de la política económica, existirían Reservas Internacionales a disposición del gobierno, aunque dichas Reservas se utilizarían para seguir cancelando deuda externa.
Por otra parte, resulta pertinente analizar el dilema planteado por el gobierno, según el cual o se usan Reservas para pagar la deuda externa o se recorta el gasto público. En caso de no utilizarse dichas reservas para la conformación del FBD, si el gobierno tuviera que cancelar deuda, usaría dichas Reservas de todos modos, aunque, ante la negativa del BCRA a aceptar un título público a cambio, debería comprárselas con recursos propios. La otra opción sería cancelar deuda con deuda, o sea, endeudarse para cumplir con el esquema de vencimientos de 2010. Al respecto, es necesario tener en cuenta que se estaría procediendo al pago de deuda bajo investigación por fraude al Estado. Desde nuestra perspectiva, creemos que antes de proceder a la cancelación de la deuda externa bajo investigación resulta necesario agotar las instancias judiciales, de otra manera se estaría validando, una vez más, el accionar de la dictadura militar.
Por otra parte, cabe remarcar que el uso de las Reservas a cambio de una Letra del Tesoro para cancelar deuda liberaría fondos del Presupuesto 2010 -los vencimientos de capital a renovar suman 13.700 millones de dólares y los intereses ascienden a US$ 5.100 millones-. Creemos que lo que debería hacerse es someter a debate parlamentario el uso de los fondos liberados por el uso de las Reservas, que rondan los $25.000 millones, de modo que no sea posible argumentar que el gobierno sólo quiere saciar su sed de caja para mantener, y fortalecer de cara a 2011, su aparato clientelista. Dada la actual conformación parlamentaria, esta cuestión obligaría al kirchnerismo a acordar con las fuerzas de centroizquierda, que tendrían, por tanto, un interesante poder de condicionamiento sobre la utilización de dichos fondos.
Ahora bien, detrás del debate respecto de la independencia del BCRA se esconde uno más profundo, de suma importancia para la definición de la política económica. Respetar la independencia del BCRA, impidiendo el uso de Reservas Internacionales para la constitución del FBD, conduciría, inevitablemente, a una reducción del gasto público y un férreo control de los salarios, formas clásicas de ajuste ortodoxo. No obstante, el sólo hecho de hacer uso de las Reservas no implica que no se efectúe ajuste alguno, sino que resulta fundamental el destino que se de a las mismas. De hecho, lo que se busca desde el gobierno es asegurar los recursos necesarios para cumplir con el superávit fiscal presupuestado para 2010 y no liberar recursos para incrementar el gasto público, es decir, se trata de un ajuste ya realizado, aunque menor que el propuesto por la oposición de derecha.
Por otra parte, el gobierno pretende hacer uso de parte de las decretadas “Reservas excedentes” con el objetivo de constituir el Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento, que sería utilizado para administrar los vencimientos de compromisos externos programados para 2010. Lo cierto es que en ninguna parte del Decreto se afirma que las reservas constituyan un fondo de garantía para negociar mejores condiciones de crédito externo, argumento que está siendo esgrimido por los funcionarios kirchneristas, apoyándose en la creación de un fondo anterior destinado al pago al club de París, que finalmente no fuera utilizado. Al respecto, cabe señalar que las condiciones no son las mismas: mientras que ahora se trata de vencimientos programados, en aquella oportunidad se trataba de una posible resolución de un conflicto por default previo del Estado argentino.
Ahora bien, si la cancelación de deuda con Reservas se hace con el fin de tomar más deuda a mejores tasas de modo de poder incrementar el gasto público sin incurrir en un déficit fiscal, entonces lo que deberíamos discutir es otra cuestión: resulta que en el marco de la ejecución de una política anticíclica, el grado de dominio de la ortodoxia liberal ha llegado al punto de convencer a los economistas heterodoxos que apoyan el “modelo kirchnerista” de que no se puede incurrir en un déficit fiscal, aun en el marco de una crisis mundial.

¿Qué hacer…con las Reservas Internacionales del BCRA?
Desde nuestra perspectiva, creemos que la política monetaria no puede ejecutarse con total prescindencia del resto de la política económica, de modo que es necesario que, a la hora de tomar medidas en esa materia, el gobierno cuente entre sus herramientas con la disponibilidad de las Reservas Internacionales. Sin embargo, entendemos que es necesario invertir el razonamiento llevado a cabo por el kirchnerismo para justificar su uso, a saber, la identificación de Reservas excedentes. Creemos que primero es fundamental definir el uso al que serán aplicadas y, en consecuencia, definir el monto de recursos necesarios. De este modo, el punto de partida de la discusión sobre la pertinencia o no de la medida no es si el gobierno puede o no utilizar las Reservas, sino si las políticas a implementar son viables, o no lo son, y si encarnan una potencia transformadora del perfil productivo de la economía argentina, o no lo hacen.
Al respecto, creemos que utilizando una menor cantidad de recursos que la propuesta para conformación del FBD podría impulsarse la creación de un Banco Nacional para el Desarrollo -que el mismo gobierno viene postulando hace varios años-, orientado a la financiación de proyectos productivos –privados o públicos- de alto impacto en materia de creación de empleo de calidad, de exportaciones con alto contenido tecnológico y de fuertes encadenamientos con el resto de las ramas de la producción nacional .
Claro que este no es el único fin para el que podrían utilizarse las Reservas. También podrían ser utilizadas para ser invertidas productivamente, en forma directa, o bien para la adquisición de empresas, logrando así un rendimiento mayor que el irrisorio 0,5% obtenido por la colocación financiera en los EE.UU. como actualmente realiza el BCRA.
De una u otra manera, de lo que se trata es de conseguir un doble objetivo a través del uso de parte de la riqueza prácticamente atesorada por el BCRA: obtener un mayor rendimiento por la administración de las mismas y contribuir al crecimiento del empleo, la producción y los salarios. En definitiva, de lo que se trata es de orientar la política económica al desarrollo de las fuerzas productivas, condición necesaria para la mejora en las condiciones de vida de los trabajadores.

Link a version en PDF.

Continuar leyendo...

Todo sigue igual...

Uno de los temas postergados por CFK durante las últimas elecciones fue el del INDEC y el controvertido IPC, fue por ello que, a menos de un mes de los comicios, la presidenta decidió lanzar un decreto (el 927/09) con el objetivo de recuperar la credibilidad en las estadísticas públicas y liberarse de la presión política, la cual se hizo sentir principalmente a lo largo de la campaña. Analicemos, entonces, cuáles son los principales cambios propuestos por la norma.
En su artículo tercero, se ordena la creación de un “Consejo Académico de Evaluación y Seguimiento”, integrado por representantes de las Universidades Públicas, para que evalúe la confección de indicadores económicos. Si bien en el decreto no estaba establecido, posteriormente se decidió que el mismo estuviera conformado por las Universidades que dictan carreras o postgrados sobre Estadísticas (UNTREF, UNMdP, UNT, UNR) y la UBA. Dicho Consejo “tendrá como misión prioritaria evaluar la elaboración, aplicación y pertinencia de la (…) metodología (…) utilizada para el cálculo del IPC desde el año 1999 a la fecha (…)”, y, a su vez, “podrá además asistir, evaluar y proponer al INDEC las metodologías de recolección, procesamiento y presentación de información estadística, diseño de muestras, diseño de construcción de índices y definición de indicadores y, en su caso, emitir recomendaciones técnicas”.
Evidentemente, a través de este cambio se busca la aprobación de las instituciones especializadas en la temática como respuesta a los cuestionamientos realizados a raíz de las discrepancias entre las estimaciones privadas y las oficiales. Sin embargo, hay una cuestión que parece menor, y no lo es. Es el hecho de poner en pie de igualdad a los cambios introducidos en 1999 y a los que se realizados a partir de 2007 (“oficializados” en 2008), siendo estos últimos los que fueron cuestionados y no los anteriores. Dejando esta cuestión de lado, uno podría considerar que una revisión “nunca viene mal”. Entonces, veamos ¿qué carácter fue adoptando dicha revisión? Desde el gobierno se sostuvo que si bien el IPC no se corregiría hacia atrás para evitar problemas legales, se introducirían los cambios propuestos por las universidades, siempre que constituyeran instancias superadoras. Sin embargo, ¿quién determina si el aporte es superador frente a la metodología vigente? Nadie dice nada al respecto (tampoco está establecido en el decreto). Lo “razonable” sería que dicha tarea quede en manos del Director Técnico del organismo, es decir de Itzcovich. En este sentido, vale decir que diez días después de que saliera el decreto 927, el mismo Itzcovich afirmó que la metodología no sería modificada, debido a que considera que la misma es correcta. Por lo tanto, aparentemente la evaluación realizada por las Universidades, como quién dice, no iría “ni para adelante, ni para atrás” y, por ende, terminaría siendo un hecho anecdótico, con el único objetivo de legitimar al organismo y a los indicadores publicados.
Además del Consejo Académico, se propuso la creación de un “Consejo de Observación Económico y Social” en materia de estadística, el que “estará integrado por representantes del sector primario, del sector secundario, del sector comercial y del sector servicios, como así también representantes de los trabajadores y de los usuarios y consumidores, que el Ministerio de Economía invite”. A diferencia de lo ocurrido con el anterior, en este caso no ha habido más novedades, sólo trascendió que entre los organismos que lo integrarían se incluyen a la UIA, otras cámaras empresarias y la CGT.
Ahora bien, las medidas mencionadas hasta el momento parecen apuntar a resolver la disputa respecto a los valores del IPC. Más allá de la relevancia del número en sí mismo, creemos que también es importante preguntarse acerca del funcionamiento institucional del INDEC, ya que el mismo condiciona las estadísticas producidas por el mismo. En relación con esta cuestión, nosotros creemos que es fundamental que el Instituto sea un órgano autónomo respecto a cualquiera de los poderes del Estado, que sus funcionarios y técnicos sean elegidos a través de un concurso público y que cuenten con estabilidad por un período preestablecido. Para poner de manifiesto la importancia de estas medidas, se pueden mencionar dos ejemplos actuales. El primero de ellos es que el mismo día que se anunció el decreto, el Ministro de Economía ratificó en su cargo a Ana Edwin, quien se encuentra al frente del organismo a partir de la intervención, y designó a Norberto Itzcovich, otro funcionario que ascendió rápidamente de la mano de Guillermo Moreno, como director técnico del INDEC; lo cual no hubiera sido posible si el mecanismo de selección de funcionarios no fuera tan discrecional como el vigente en la actualidad. El segundo es que tanto Edwin como Itzcovich inicialmente se oponían a la intervención del Instituto, hecho que nos lleva a preguntarnos sobre la idoneidad de estos funcionarios.
De esta forma, queda claro que las medidas propuestas garantizan, por un lado, que los funcionarios y técnicos no puedan ser cambiados por el gobierno según su conveniencia y, por el otro, que los mismos se encuentren capacitados para desempeñar dicha función. En este momento cabe preguntarse ¿el decreto 927 ha avanzado en este sentido?
Difícilmente se pueda decir que se ha “avanzado”. En primer lugar, se establece que el INDEC pase a funcionar dentro de la órbita del Ministerio de Economía, lo cual si bien no representa un cambio relevante respecto a la situación previa (formaba parte del ámbito correspondiente a una secretaría del MECON), tampoco contribuye a que el organismo funcione en forma autónoma, ya que continúa siendo susceptible de sufrir modificaciones en función de las decisiones del gobierno e incluso del ministro. En segundo lugar, se ordena que se mantenga a todo el personal en sus respectivos cargos vigentes al momento de la sanción del decreto. Este hecho que no sólo resulta contradictorio con el objetivo de dotar de credibilidad al INDEC (debido a que el reemplazo de personal histórico de la institución por personas de dudosa formación constituye uno de los grandes cuestionamientos a la intervención iniciada en enero de 2007), sino que tampoco intentar ofrecer soluciones respecto a la forma en la cual se determina la pericia de las personas a cargo del organismo.
En definitiva, sea por las trabas que se establecieron para la evaluación de la metodología aplicada por el INDEC o por la falta de cambios a nivel institucional, el decreto 927 parece avanzar en el sentido de legitimar la situación que se verifica de hecho, más que de revertirla o, aunque sea, modificarla.

Continuar leyendo...