Agrotóxicos

Hace ya varios meses que lo que se denominó “la cuestión del campo” ha pasado a ocupar la agenda y los discursos de los funcionarios. Mucho se ha hablado respecto de la forma de solucionar el problema de la renta, de la política agropecuaria y demás. Sin embargo, poco se discutió en el pasado conflicto sobre la utilización constante de cultivos transgénicos y agroquímicos que conforman la base sobre la cual se sustenta el modelo agropecuario instalado a mediados de los noventa. En este marco, poco se ha avanzado en la discusión respecto a la forma que toma la producción con la honrosa excepción de los movimientos campesinos y organizaciones ecologistas (a estos habría que sumar a FAA, pero en algún momento del 2008 se les olvidó su posición). En Europa, por el contrario, ya se ha prohibido la comercialización de, por ejemplo, un tipo de maíz transgénico elaborado por las mismas compañías que proveen a los productores locales. Sin embargo, en los últimos tiempos se han empezado a discutir las consecuencias que posee ese paquete tecnológico. Es el caso de los habitantes de diferentes regiones del país, quienes reiteradas veces han denunciado que la utilización constante y de manera normal de pesticidas resulta perjudicial en términos sanitarios y ambientales. A partir de sus reclamos, se ha limitado el uso de tales instrumentos, prohibiendo su utilización en tierras cercanas a zonas urbanas. Ciertamente, esto implica un avance concreto en el buen camino. Pero es necesario considerar que la medida se limita simplemente a que no se rocíe con tóxicos directamente a la población, lo cual constituye una acción de mero sentido común. En efecto, nada se ha reglamentado respecto de la permanencia de éstos por extensos períodos en el ambiente y su dispersión mediante el viento y el agua. Claramente, estas cuestiones deben resolverse de manera integral o de lo contrario continuarán efectuándose bajo las peores formas, como son los denominados “niños bandera". En este desalentador marco, en el último tiempo, dichos reclamos se han visto respaldados por estudios de laboratorio que demuestran los daños que provocan esos agrotóxicos, aún cuando se suministran en dosis mucho más pequeñas que las sugeridas. Frente a esta situación, se ha realizado una presentación para prohibir preventivamente la venta de tales productos en la Argentina. Sin embargo, la importancia que tiene esta problemática se demuestra por las diferentes presiones que recibió el equipo investigador (ver nota Indymedia; nota Página/12). A su vez, las autoridades nacionales responsables se desligaron de las consecuencias del trabajo realizado por sus propios investigadores, al tiempo que los medios de comunicación minimizaron la importancia de esos resultados. Claramente, al plantearse una nueva política agropecuaria, es esencial saldar las discusiones respecto del problema de la renta. Pero, al mismo tiempo, no es posible dejar fuera el debate sobre la forma en que se realiza la producción y las consecuencias que ésta acarrea sobre la población.
Una política agropecuaria integral debe necesariamente responder a las cuestiones fundamentales de quiénes, cómo y para quién producirá el campo.

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Sobre la cuestión minera

Durante las últimas décadas, América Latina ha sido testigo del surgimiento de innumerables movilizaciones populares en defensa de los recursos naturales y por la “recuperación” de los mismos, esto es, por el control nacional de las producciones basadas en ellos. Lo cierto es que esta lucha enconada de los pueblos latinoamericanos ha sido de tal magnitud que acabó, en algunos casos, siendo un factor determinante en la vida política de ciertos países -como el caso boliviano. De hecho, de fuerte carácter nacionalista y antiimperialista, la oposición al modelo de desarrollo basado en el virtual “saqueo” de las riquezas naturales, ha ido ganando aceptación entre los sectores más vulnerados, al punto de convertirse en el eje de los planes de acción política de varios partidos de izquierda de la región.
Creemos, por tanto, necesario comenzar a discutir acerca de esta problemática. Las producciones basadas en recursos naturales, renovables y no renovables, dan lugar a la existencia de renta diferencial y absoluta. Si las producciones basadas en la explotación de los mismos no se encuentran fuertemente reguladas o directamente bajo el control estatal, se corre el riesgo de que un gran flujo de riqueza, que podría destinarse a la acumulación de capital en los países que poseen dichos recursos, termine alimentando la acumulación en otros puntos del globo, allí donde la empresa multinacional del caso decida enviar sus ganancias -que incluirán ahora una renta- para ser invertidas. Por otra parte, se trata de procesos productivos que, por lo general, no generan una gran cantidad de puestos de trabajo -es decir, se trata de producciones con una baja elasticidad empleo-producto-, al mismo tiempo que provocan serios daños al medioambiente, lo cual termina por elevar los costos de otras producciones, al punto de impedir la normal inversión de capital en ellas.
Esto es, nuestra postura trasciende la condena a las producciones basadas en los recursos naturales por el sólo hecho de que destruyan el medio ambiente con una celeridad mayor que otras. Hay mucho más en discusión.
En consecuencia, y para dar inicio al debate, hacemos eco de una nota de opinión del Espacio “Chico Mendes” sobre la producción minera y sus implicancias para el desarrollo económico.

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