Un marco contagioso
Dentro de la política general de subejecución presupuestaria del gobierno de Mauricio Macri, la administración de la salud pública ocupa un lugar muy relevante. El gasto presupuestado en salud alcanzó los 3.600 millones de pesos (20% del total presupuestado), de los cuales fueron ejecutados hacia el tercer trimestre del año un 81%, es decir un número aceptable. Sin embargo, si nos centramos en solamente en la inversión, dejando de lado el gasto corriente del área (fundamentalmente remuneraciones), el panorama es muy distinto. En efecto, los datos del año 2009 revelan que del total presupuestado de 440 millones de pesos aprox. sólo se ejecutaron hacia el tercer trimestre poco más del 50%. Así, se utiliza la subejecución en salud (junto con servicios de Educación y Vivienda, otros dos rubros muy importantes del presupuesto) a modo de ajuste (relativamente) encubierto, como ya hemos mencionado anteriormente. Obviamente, no se trata de un ajuste obligado para enfrentar una situación de guerra o una catástrofe natural (más allá de lo que las reiteradas inundaciones de la ciudad podrían hacer presuponer), ya que el total de recursos faltantes en relación a lo presupuestado para el año pasado no alcanzó al 6% (se recaudaron 12.300 millones de pesos de un total presupuestado de 12.900 millones). Se trata lisa y llanamente de un cambio de prioridades, donde la educación y la salud han sido relegadas por necesidades, a consideración del gobierno, mucho más urgentes.
¿Qué significa realmente “sub-ejecutar”?
Más allá de la definición textual que en cualquier diccionario podría ser encontrada, lo necesario a tener en cuenta es que el recorte de los gastos originalmente previstos provoca serios problemas a la provisión de los servicios de salud públicos. Así, vemos, por ejemplo, que el Hospital María Ferrer no cuenta con guardia pediátrica, o que no existen camas disponibles en casi todos los hospitales de la Ciudad (Cosme Argerich, Durand, Rawson, Ramos Mejía, etc.). De más está decir que estos ejemplos no son más que aproximaciones a una situación por demás desesperante y popularmente conocida.
A esto se agrega una generalizada falta de insumos hospitalarios reiteradamente denunciada por los trabajadores de los centros de salud públicos, junto a una política de reducción de personal que pone en riesgo el normal funcionamiento de los mismos.
Respecto a las obras, el caso más paradigmático es el del Hospital Tobar García, en el barrio de Barracas, que, de ser hace décadas un centro de excelencia de atención psiquiátrico infanto-juvenil, se encuentra en un estado deplorable a pesar de que la Ley 448 del año 2000 proyectaba su total remodelación y ampliación. Más allá del ambicioso proyecto, sólo fue completada la primera etapa de los trabajos (centrados en los servicios de internación) por lo que el Hospital aún permanece con la guardia y los consultorios externos clausurados, además del ya mencionado pésimo estado edilicio general. Y a esto se le suma directamente el intento de clausura de algunos centros, como el oftalmológico Lagleyze, otrora instituto de excelencia con un servicio insustituible para la comunidad, no solo cercana, sino de todo el país.
Se puede apreciar entonces que cuando hablamos de subejecución, estamos lejos de referirnos a un tecnicismo burocrático. Estamos, sin ir más lejos, tratando de hallar la respuesta para los problemas concretos que perjudican, en este caso, la atención de salud de los vecinos de la Ciudad.
Sobre los Laboratorios
El problema no concluye allí, sin embargo, ya que la actitud del macrismo hacia la provisión de medicamentos constituye un capítulo aparte digno de ser mencionado.
Por un lado, la administración macrista intentó rápidamente redireccionar la política de compra de medicamentos, en un intento declarado de “terminar con la corrupción”. Así, la compra directa por parte de los centros de salud fue reemplazada por una compleja red logística de manejo centralizado. Esta medida, que en principio podría redundar en ahorros gracias a compras en cantidad pronto mostró sus límites. La excesiva velocidad y falta de planificación con la que fue ejecutada saltaron a la luz por problemas tales como el desabastecimiento abrupto provocado por la medida y los consecuentes reclamos de los hospitales, así como el vencimiento de medicamentos en depósitos sin ser entregados, por lo que algunos sectores llegaron a reclamar incluso la renuncia del ministro de salud. Las excusas desde el Ministerio apuntaron a lo escaso del material vencido en consideración a la compra total (menos del 5% según se adujo), “un error difícil de evitar dada la necesidad de realizar la compra por adelantado”.
Al respecto, si bien consideramos que los beneficios en el mediano plazo pueden superar a los costos de implementación, dichos problemas evidencian una falta total de gestión y planificación, justamente aquello por lo que tanto se enorgullece el Jefe de Gobierno. A futuro debería pensarse en hacer más eficiente la red, mejorando la logística, ordenando por grado de urgencia los reclamos de los centros de salud e implementando acuerdos con hospitales e institutos de otras jurisdicciones, para facilitarles los medicamentos que no vayan a ser utilizados, evitando su vencimiento y necesidad forzosa de descarte.
Por otro lado, la gestión de Mauricio vetó la creación de un Laboratorio Estatal de Provisión de Medicamentos. La medida, de por si cuestionable, es además incoherente con la decisión anterior de la administración de adherir a la creación de la Red de Producción Pública de Medicamentos, impulsada por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Nación en noviembre de 2007
El proyecto presentado por dos legisladoras del Frente para la Victoria en la legislatura porteña fue reiteradamente revisado por el macrismo, arribándose a un acuerdo en torno al compromiso de producir sólo para los centros de salud públicos y en líneas que sean desatendidas por la producción privada por ser inviables comercialmente. Más allá de estos compromisos en la Legislatura, el proyecto fue vetado por el Jefe de Gobierno en su totalidad en febrero del 2008, aduciendo... sí, exactamente, razones presupuestarias.
Una vez más, el chivo expiatorio preferido por el macrismo vino a ser utilizado por las autoridades públicas ante el pedido de explicación de varios sectores. Esta vez, la justificación estuvo centrada en la imposibilidad de poner en marcha, en el corto plazo, un laboratorio con las características solicitadas por la medida, con el personal idóneo y los recursos físicos necesarios. Los legisladores se ocuparon rápidamente de demostrar la falacia de dicha afirmación, explicando que parte de la infraestructura ya se encuentra disponible en los llamados Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica. A esto se suma que en el momento de ser aprobada la ley de creación del Polo Farmacéutico en el año 2007 se dejó asentado expresamente la asignación de un espacio para un laboratorio público. Finalmente, los legisladores remarcan que en este caso, negar la suma necesaria (aproximadamente 1 millón de pesos) no se condice con la asignación de partidas ya realizadas por el gobierno para la adquisición directa sin licitación de diversos insumos.
¿Es este un intento poco velado de proteger la rentabilidad privada en la producción de fármacos?. No podríamos asegurarlo de manera fehaciente, aunque obviamente constituye la hipótesis con más consenso entre los sectores opositores al macrismo.
¿Y entonces?
No pretendemos con esto simplemente mencionar un aspecto recortado de lo que, como mencionamos previamente en otro lado, constituye una avanzada general hacia el desmantelamiento de la provisión pública de los servicios básicos, en este caso la salud pública. No obstante, creemos que en este caso de la Ciudad de Buenos Aires, el desfinanciamiento progresivo de la prestación de los servicios de salud, así como su vaciamiento de recursos físicos y humanos, se encuentra impregnado de la lógica neoliberal que privilegia la prestación privada y la supuesta superioridad del mercado en la asignación de los recursos. Recursos que, vale decirlo, en gran parte son formados de manera gratuita por el mismo Estado en las universidades públicas.
En este sentido, el PRO, además de las medidas ya mencionadas, abogó por la idea de “autofinanciación” de los hospitales, mediante la tercerización y la facturación a obras sociales y prepagas, permitiendo así reducir el presupuesto público y dejando en el camino, librados a su suerte, a aquellos que no cuentan con ningún tipo de protección social y dependen del hospital público. La mencionada actitud hacia la creación de un laboratorio de fabricación pública de medicamentos se inscribe en la misma lógica.
Ante semejante falta de atención respecto de la salud pública demostrada hasta el momento por el gobierno macrista, no podemos sino especular con un tan improbable como necesario cambio de rumbo. El Estado cumple una función indelegable en la provisión de los servicios de salud y educación, y no solo de seguridad, como parece derivarse de las prioridades establecidas por la actual gestión. La lucha por la mejora en la provisión de insumos, la fabricación pública de medicamentos, la recuperación salarial de los trabajadores ocupados del servicio así como la mera necesidad de ejecutar lo presupuestado originalmente, constituyen medidas urgentes y necesarias para no tener que seguir presenciando atónitamente el progresivo desfallecimiento de la salud pública de la Ciudad.
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¿Qué significa realmente “sub-ejecutar”?
Más allá de la definición textual que en cualquier diccionario podría ser encontrada, lo necesario a tener en cuenta es que el recorte de los gastos originalmente previstos provoca serios problemas a la provisión de los servicios de salud públicos. Así, vemos, por ejemplo, que el Hospital María Ferrer no cuenta con guardia pediátrica, o que no existen camas disponibles en casi todos los hospitales de la Ciudad (Cosme Argerich, Durand, Rawson, Ramos Mejía, etc.). De más está decir que estos ejemplos no son más que aproximaciones a una situación por demás desesperante y popularmente conocida.
A esto se agrega una generalizada falta de insumos hospitalarios reiteradamente denunciada por los trabajadores de los centros de salud públicos, junto a una política de reducción de personal que pone en riesgo el normal funcionamiento de los mismos.
Respecto a las obras, el caso más paradigmático es el del Hospital Tobar García, en el barrio de Barracas, que, de ser hace décadas un centro de excelencia de atención psiquiátrico infanto-juvenil, se encuentra en un estado deplorable a pesar de que la Ley 448 del año 2000 proyectaba su total remodelación y ampliación. Más allá del ambicioso proyecto, sólo fue completada la primera etapa de los trabajos (centrados en los servicios de internación) por lo que el Hospital aún permanece con la guardia y los consultorios externos clausurados, además del ya mencionado pésimo estado edilicio general. Y a esto se le suma directamente el intento de clausura de algunos centros, como el oftalmológico Lagleyze, otrora instituto de excelencia con un servicio insustituible para la comunidad, no solo cercana, sino de todo el país.
Se puede apreciar entonces que cuando hablamos de subejecución, estamos lejos de referirnos a un tecnicismo burocrático. Estamos, sin ir más lejos, tratando de hallar la respuesta para los problemas concretos que perjudican, en este caso, la atención de salud de los vecinos de la Ciudad.
Sobre los Laboratorios
El problema no concluye allí, sin embargo, ya que la actitud del macrismo hacia la provisión de medicamentos constituye un capítulo aparte digno de ser mencionado.
Por un lado, la administración macrista intentó rápidamente redireccionar la política de compra de medicamentos, en un intento declarado de “terminar con la corrupción”. Así, la compra directa por parte de los centros de salud fue reemplazada por una compleja red logística de manejo centralizado. Esta medida, que en principio podría redundar en ahorros gracias a compras en cantidad pronto mostró sus límites. La excesiva velocidad y falta de planificación con la que fue ejecutada saltaron a la luz por problemas tales como el desabastecimiento abrupto provocado por la medida y los consecuentes reclamos de los hospitales, así como el vencimiento de medicamentos en depósitos sin ser entregados, por lo que algunos sectores llegaron a reclamar incluso la renuncia del ministro de salud. Las excusas desde el Ministerio apuntaron a lo escaso del material vencido en consideración a la compra total (menos del 5% según se adujo), “un error difícil de evitar dada la necesidad de realizar la compra por adelantado”.
Al respecto, si bien consideramos que los beneficios en el mediano plazo pueden superar a los costos de implementación, dichos problemas evidencian una falta total de gestión y planificación, justamente aquello por lo que tanto se enorgullece el Jefe de Gobierno. A futuro debería pensarse en hacer más eficiente la red, mejorando la logística, ordenando por grado de urgencia los reclamos de los centros de salud e implementando acuerdos con hospitales e institutos de otras jurisdicciones, para facilitarles los medicamentos que no vayan a ser utilizados, evitando su vencimiento y necesidad forzosa de descarte.
Por otro lado, la gestión de Mauricio vetó la creación de un Laboratorio Estatal de Provisión de Medicamentos. La medida, de por si cuestionable, es además incoherente con la decisión anterior de la administración de adherir a la creación de la Red de Producción Pública de Medicamentos, impulsada por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Nación en noviembre de 2007
El proyecto presentado por dos legisladoras del Frente para la Victoria en la legislatura porteña fue reiteradamente revisado por el macrismo, arribándose a un acuerdo en torno al compromiso de producir sólo para los centros de salud públicos y en líneas que sean desatendidas por la producción privada por ser inviables comercialmente. Más allá de estos compromisos en la Legislatura, el proyecto fue vetado por el Jefe de Gobierno en su totalidad en febrero del 2008, aduciendo... sí, exactamente, razones presupuestarias.
Una vez más, el chivo expiatorio preferido por el macrismo vino a ser utilizado por las autoridades públicas ante el pedido de explicación de varios sectores. Esta vez, la justificación estuvo centrada en la imposibilidad de poner en marcha, en el corto plazo, un laboratorio con las características solicitadas por la medida, con el personal idóneo y los recursos físicos necesarios. Los legisladores se ocuparon rápidamente de demostrar la falacia de dicha afirmación, explicando que parte de la infraestructura ya se encuentra disponible en los llamados Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica. A esto se suma que en el momento de ser aprobada la ley de creación del Polo Farmacéutico en el año 2007 se dejó asentado expresamente la asignación de un espacio para un laboratorio público. Finalmente, los legisladores remarcan que en este caso, negar la suma necesaria (aproximadamente 1 millón de pesos) no se condice con la asignación de partidas ya realizadas por el gobierno para la adquisición directa sin licitación de diversos insumos.
¿Es este un intento poco velado de proteger la rentabilidad privada en la producción de fármacos?. No podríamos asegurarlo de manera fehaciente, aunque obviamente constituye la hipótesis con más consenso entre los sectores opositores al macrismo.
¿Y entonces?
No pretendemos con esto simplemente mencionar un aspecto recortado de lo que, como mencionamos previamente en otro lado, constituye una avanzada general hacia el desmantelamiento de la provisión pública de los servicios básicos, en este caso la salud pública. No obstante, creemos que en este caso de la Ciudad de Buenos Aires, el desfinanciamiento progresivo de la prestación de los servicios de salud, así como su vaciamiento de recursos físicos y humanos, se encuentra impregnado de la lógica neoliberal que privilegia la prestación privada y la supuesta superioridad del mercado en la asignación de los recursos. Recursos que, vale decirlo, en gran parte son formados de manera gratuita por el mismo Estado en las universidades públicas.
En este sentido, el PRO, además de las medidas ya mencionadas, abogó por la idea de “autofinanciación” de los hospitales, mediante la tercerización y la facturación a obras sociales y prepagas, permitiendo así reducir el presupuesto público y dejando en el camino, librados a su suerte, a aquellos que no cuentan con ningún tipo de protección social y dependen del hospital público. La mencionada actitud hacia la creación de un laboratorio de fabricación pública de medicamentos se inscribe en la misma lógica.
Ante semejante falta de atención respecto de la salud pública demostrada hasta el momento por el gobierno macrista, no podemos sino especular con un tan improbable como necesario cambio de rumbo. El Estado cumple una función indelegable en la provisión de los servicios de salud y educación, y no solo de seguridad, como parece derivarse de las prioridades establecidas por la actual gestión. La lucha por la mejora en la provisión de insumos, la fabricación pública de medicamentos, la recuperación salarial de los trabajadores ocupados del servicio así como la mera necesidad de ejecutar lo presupuestado originalmente, constituyen medidas urgentes y necesarias para no tener que seguir presenciando atónitamente el progresivo desfallecimiento de la salud pública de la Ciudad.
