En el marco del conflicto que desde hace más de un año se desenvuelve entre el gobierno y el “campo”, comenzó a circular en el último mes la versión de una posible nacionalización del comercio internacional de granos.
Se difundieron distintas versiones de la supuesta medida que vendría a dar por terminada la discusión en torno al nivel de la alícuota de las retenciones. Las más audaces hacían referencia a un retorno a organismos como el IAPI, creado durante el gobierno de Perón, o la Junta Nacional de Granos de los años ’30. Otras, más moderadas, sostenían que se trataría de un organismo similar a los existentes en Australia y Canadá, sin constituirse en un monopolio estatal.
El proyecto del gobierno consistía, aparentemente, en conformar un organismo que quedaría bajo la órbita del flamante Ministerio de Producción a cargo de Débora Giorgi. El instrumento apuntaría, según sus impulsores, a diversos objetivos: evitar la intermediación, asegurar un precio sostén y destinar una mayor proporción de la producción a industrias transformativas, como aceiteras y molineras, con el objeto de agregarle valor a esos productos. La diferencia de una agencia de este tipo con un monopolio estatal del comercio radicaría en que su intervención se limitaría a aquellos mercados cuyas estructuras internas provocan “distorsiones” en la distribución de la renta de la tierra.
De esta manera, un organismo nacional de control del comercio exterior de granos permitiría al Estado la eliminación de las retenciones sin perder la capacidad de captar la renta extraordinaria generada por el sector primario. Más aun, podría brindarle el control sobre la parte de la ganancia que fluía de los pequeños productores a las grandes empresas acopiadoras.
La cadena de comercialización de granos, tal como funciona en la actualidad, comprende a productores, acopiadores y exportadores. Estas dos últimas fases de la cadena suelen estar directa o indirectamente ligadas. Se trata de un reducido número de grandes empresas entre las que se cuentan AGD, Bunge, Dreyfus y Cargill, entre pocas otras. El acopio de la producción les permite especular con las variaciones de los precios internacionales lo que, junto con el poder de negociación que obtienen en su carácter de empresas oligopólicas, les hace posible apropiar gran parte de la renta generada en el sector primario, en detrimento de los propios productores. De hecho, la desequilibrada estructura del sector fue mentada varias veces en los discursos por los voceros de “el campo”, sobre todo los representantes de los pequeños y medianos productores, como argumento contra las retenciones.
Se suponía que un organismo estatal como el propuesto actuaría como único comprador de ciertos productos (soja, trigo, maíz y girasol), desplazando de este nicho a los mencionados capitales. Así, podría tener el control de los precios internos sin recurrir a los impuestos a la exportación y captando (con objetivos redistributivos) la parte de la renta que escapaba hacia las grandes empresas agroexportadoras.
Lo cierto es que la suerte que corrió este rumor dejó al descubierto los muchos intereses que permanecían ocultos en los discursos tanto de los dirigentes rurales como del gobierno mismo. Ante este anuncio informal del gobierno, las reacciones de la Mesa de Enlace no se hicieron esperar, esta vez provenientes, principalmente, de representantes de la Sociedad Rural (SRA) y de Carbap. Hugo Biolcatti, presidente de la SRA, declaró que esta medida no sería otra cosa que un intento más del gobierno de “hacer caja”, mientras que otros representantes sostuvieron la hipótesis de que este rumor se corría con la única intención de forzar la venta de los granos de la cosecha pasada que se mantienen ensilados y cuya magnitud, según éstos, está sobreestimada por el gobierno.
Resulta notable que, además de que esa reacción proviniera del sector de la Mesa de Enlace que representa a los productores de mayor tamaño (quienes tienen una relación mucho más estrecha con las acopiadoras), la medida en sí no fuera discutida en ningún momento. Las acusaciones se limitaron a señalar los propósitos ocultos del gobierno sin poner en tela de juicio el papel que las empresas agroexportadoras cumplen en la cadena productiva.
Por su parte, el Ejecutivo anuncia -unas semanas después- una medida en relación al campo: la coparticipación de las retenciones obtenidas sobre la soja. Lejos del supuesto plan para su eliminación y sustitución por un mecanismo de control de tinte “desarrollista” como el mismo gobierno lo calificó, la búsqueda de una “solución” al conflicto con el sector se dirigió a elevar el porcentaje de las retenciones destinado a las provincias, que pasó a ser del 30%. De ese total, un 70% quedaría en manos de los gobiernos provinciales mientras que el 30% restante pasaría a los municipios. Así, se retoca el destino de los fondos conservándose las cuestiones esenciales sobre las que gira el conflicto. Todo esto en un momento más que propicio, dado el calendario electoral.
Independientemente del contenido mismo de esta “solución”, lo cierto es que la estructura de la comercialización de granos quedó intacta. Las grandes empresas acopiadoras no habían asomado las narices ante el conflicto por la resolución 125 ya que el mismo no las afectaba directamente. Su voz, sin embargo, se hizo escuchar, aunque indirectamente, ante el rumor de la nacionalización del comercio de granos. Pero, a fin de cuentas, la cuestión se reduce a que, con o sin coparticipación, siguen detentando la potestad de apoderarse de una parte de la renta de la tierra en base al control oligopólico del comercio de materias primas.
Se difundieron distintas versiones de la supuesta medida que vendría a dar por terminada la discusión en torno al nivel de la alícuota de las retenciones. Las más audaces hacían referencia a un retorno a organismos como el IAPI, creado durante el gobierno de Perón, o la Junta Nacional de Granos de los años ’30. Otras, más moderadas, sostenían que se trataría de un organismo similar a los existentes en Australia y Canadá, sin constituirse en un monopolio estatal.
El proyecto del gobierno consistía, aparentemente, en conformar un organismo que quedaría bajo la órbita del flamante Ministerio de Producción a cargo de Débora Giorgi. El instrumento apuntaría, según sus impulsores, a diversos objetivos: evitar la intermediación, asegurar un precio sostén y destinar una mayor proporción de la producción a industrias transformativas, como aceiteras y molineras, con el objeto de agregarle valor a esos productos. La diferencia de una agencia de este tipo con un monopolio estatal del comercio radicaría en que su intervención se limitaría a aquellos mercados cuyas estructuras internas provocan “distorsiones” en la distribución de la renta de la tierra.
De esta manera, un organismo nacional de control del comercio exterior de granos permitiría al Estado la eliminación de las retenciones sin perder la capacidad de captar la renta extraordinaria generada por el sector primario. Más aun, podría brindarle el control sobre la parte de la ganancia que fluía de los pequeños productores a las grandes empresas acopiadoras.
La cadena de comercialización de granos, tal como funciona en la actualidad, comprende a productores, acopiadores y exportadores. Estas dos últimas fases de la cadena suelen estar directa o indirectamente ligadas. Se trata de un reducido número de grandes empresas entre las que se cuentan AGD, Bunge, Dreyfus y Cargill, entre pocas otras. El acopio de la producción les permite especular con las variaciones de los precios internacionales lo que, junto con el poder de negociación que obtienen en su carácter de empresas oligopólicas, les hace posible apropiar gran parte de la renta generada en el sector primario, en detrimento de los propios productores. De hecho, la desequilibrada estructura del sector fue mentada varias veces en los discursos por los voceros de “el campo”, sobre todo los representantes de los pequeños y medianos productores, como argumento contra las retenciones.
Se suponía que un organismo estatal como el propuesto actuaría como único comprador de ciertos productos (soja, trigo, maíz y girasol), desplazando de este nicho a los mencionados capitales. Así, podría tener el control de los precios internos sin recurrir a los impuestos a la exportación y captando (con objetivos redistributivos) la parte de la renta que escapaba hacia las grandes empresas agroexportadoras.
Lo cierto es que la suerte que corrió este rumor dejó al descubierto los muchos intereses que permanecían ocultos en los discursos tanto de los dirigentes rurales como del gobierno mismo. Ante este anuncio informal del gobierno, las reacciones de la Mesa de Enlace no se hicieron esperar, esta vez provenientes, principalmente, de representantes de la Sociedad Rural (SRA) y de Carbap. Hugo Biolcatti, presidente de la SRA, declaró que esta medida no sería otra cosa que un intento más del gobierno de “hacer caja”, mientras que otros representantes sostuvieron la hipótesis de que este rumor se corría con la única intención de forzar la venta de los granos de la cosecha pasada que se mantienen ensilados y cuya magnitud, según éstos, está sobreestimada por el gobierno.
Resulta notable que, además de que esa reacción proviniera del sector de la Mesa de Enlace que representa a los productores de mayor tamaño (quienes tienen una relación mucho más estrecha con las acopiadoras), la medida en sí no fuera discutida en ningún momento. Las acusaciones se limitaron a señalar los propósitos ocultos del gobierno sin poner en tela de juicio el papel que las empresas agroexportadoras cumplen en la cadena productiva.
Por su parte, el Ejecutivo anuncia -unas semanas después- una medida en relación al campo: la coparticipación de las retenciones obtenidas sobre la soja. Lejos del supuesto plan para su eliminación y sustitución por un mecanismo de control de tinte “desarrollista” como el mismo gobierno lo calificó, la búsqueda de una “solución” al conflicto con el sector se dirigió a elevar el porcentaje de las retenciones destinado a las provincias, que pasó a ser del 30%. De ese total, un 70% quedaría en manos de los gobiernos provinciales mientras que el 30% restante pasaría a los municipios. Así, se retoca el destino de los fondos conservándose las cuestiones esenciales sobre las que gira el conflicto. Todo esto en un momento más que propicio, dado el calendario electoral.
Independientemente del contenido mismo de esta “solución”, lo cierto es que la estructura de la comercialización de granos quedó intacta. Las grandes empresas acopiadoras no habían asomado las narices ante el conflicto por la resolución 125 ya que el mismo no las afectaba directamente. Su voz, sin embargo, se hizo escuchar, aunque indirectamente, ante el rumor de la nacionalización del comercio de granos. Pero, a fin de cuentas, la cuestión se reduce a que, con o sin coparticipación, siguen detentando la potestad de apoderarse de una parte de la renta de la tierra en base al control oligopólico del comercio de materias primas.
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