De acuerdo a un Censo realizado por el Gobierno de la Ciudad el mes pasado, en la Villa 31 viven unas 25.987 personas, es decir que en sólo ocho años se duplicó la población que -en esa pequeña porción de la ciudad- vive en condiciones lamentables de hacinamiento y sin los servicios públicos más básicos. Para tener una idea aproximada de la magnitud del fenómeno podemos señalar que la población total argentina tardó más de medio siglo en duplicarse (1947-2001).
A pesar de este fuerte crecimiento en los últimos años, la problemática dista de ser nueva. Ni siquiera es producto del empeoramiento de las condiciones sociales ocurrido durante la década del noventa y principios de la actual, ya que el asentamiento tiene -tristemente- más de sesenta años de historia.
Ahora bien, diferentes argumentos se interponen a la efectiva solución de las condiciones de vida de esas familias, por un lado, se encuentran los de corte económico (en el peor sentido de la palabra), vinculados principalmente al valor de esas tierras cercanas a los barrios más exclusivos de la ciudad, por el otro, el enojo de los “vecinos” de Buenos Aires, que como siempre muestran la peor cara de esta ciudad. Aquí aparecen dos de esas “verdades por repetición”: que la gente que vive allí lo hace porque quiere y que, encima, se les construirían casas con los impuestos que todos pagamos. Efectivamente, los impuestos sirven a fines redistributivos, pero no hay que engañarse: esa población contribuye con su trabajo a la riqueza de esta ciudad. Por último, la cuestión jurisdiccional constituye un problema adicional, ya que esos terrenos son propiedad del gobierno nacional. Sin embargo, más allá de todo esto, los especialistas (gente que no suele ser escuchada en los variados conflictos que se desarrollan en nuestro país) sostienen que ese predio es perfectamente urbanizable. Inclusive existe un proyecto ya desarrollado por la UBA. Si bien es evidente que la simple urbanización no resuelve el problema de la “gente que sobra”, creemos que es un primer y muy fuerte paso hacia la integración. Las calles no son sólo calles, sino que constituyen el camino a ser parte de la misma ciudad donde todos vivimos.
Todo sabrán que, aún siendo el más estigmatizado, no es éste el único asentamiento, ni tampoco el más importante. Otros tantos se desparraman por la ciudad, principalmente en la zona sur. Como señal de la generalidad del problema, en la madrugada del viernes 3 de abril, un grupo de habitantes de la villa 1-11-14 ocupó un complejo del Fonavi a punto de ser entregado (con un antecedente similar en julio de 2006). Las personas abandonaron el lugar luego de ser censadas con la promesa de recibir viviendas próximamente. A las “villas” se agrega la realidad que enfrentan día a día las personas en situación de calle.
Por último, pero en la misma página, se desarrolla el conflicto por los edificios tomados en la ciudad, muy relacionado con el auge inmobiliario vivido en los últimos años. Si el problema es de por sí complejo, el gobierno porteño ha elegido el peor camino para avanzar. Como ha sido denunciado, Macri ha organizado un grupo especial -la UCEP- para amenazar y expulsar de hecho a las personas que ocupen tanto edificios como el espacio público.
Evidentemente, la lógica del mercado deja fuera -una vez más- a la mayor parte de la población. Mientras todo esto sucede, los edificios de lujo invaden la ciudad. Pareciera que en la ecuación de rentabilidad no hay lugar para complejos que no incluyan jardín, pileta, gimnasio etc., los cuales -de existir una correcta política de créditos- serían accesibles a esa gran parte de las familias que de otra manera deben alquilar. Esto redundaría además en una caída de la demanda de viviendas de alquiler y, por ende, en una reducción de su valor; lo que permitiría un hogar digno a las familias con menores ingresos y así acercarnos sucesivamente al cumplimiento real del derecho a la vivienda.
Sin embargo, frente a todo esto el Gobierno de la Ciudad avanza reduciendo los presupuestos de los organismos responsables Instituto de Vivienda de la Ciudad –IVC- (en un 80%) y Corporación Sur (en un 50%).
Ahora bien, ¿no tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la suficiente riqueza como para comenzar a asistir como corresponde a sus habitantes? Sin embargo, se avanza sobre el problema reproduciendo las peores lógicas posibles (la especulación inmobiliaria respecto al derecho a la vivienda y la violencia directa sin amparo legal). Los recursos técnicos necesarios para ejecutar el complejo plan de urbanización evidentemente existen (con algunas de sus partes incluso ya diseñadas). ¿Que los detiene entonces? Al final, no están haciendo Buenos Aires.
A pesar de este fuerte crecimiento en los últimos años, la problemática dista de ser nueva. Ni siquiera es producto del empeoramiento de las condiciones sociales ocurrido durante la década del noventa y principios de la actual, ya que el asentamiento tiene -tristemente- más de sesenta años de historia.
Ahora bien, diferentes argumentos se interponen a la efectiva solución de las condiciones de vida de esas familias, por un lado, se encuentran los de corte económico (en el peor sentido de la palabra), vinculados principalmente al valor de esas tierras cercanas a los barrios más exclusivos de la ciudad, por el otro, el enojo de los “vecinos” de Buenos Aires, que como siempre muestran la peor cara de esta ciudad. Aquí aparecen dos de esas “verdades por repetición”: que la gente que vive allí lo hace porque quiere y que, encima, se les construirían casas con los impuestos que todos pagamos. Efectivamente, los impuestos sirven a fines redistributivos, pero no hay que engañarse: esa población contribuye con su trabajo a la riqueza de esta ciudad. Por último, la cuestión jurisdiccional constituye un problema adicional, ya que esos terrenos son propiedad del gobierno nacional. Sin embargo, más allá de todo esto, los especialistas (gente que no suele ser escuchada en los variados conflictos que se desarrollan en nuestro país) sostienen que ese predio es perfectamente urbanizable. Inclusive existe un proyecto ya desarrollado por la UBA. Si bien es evidente que la simple urbanización no resuelve el problema de la “gente que sobra”, creemos que es un primer y muy fuerte paso hacia la integración. Las calles no son sólo calles, sino que constituyen el camino a ser parte de la misma ciudad donde todos vivimos.
Todo sabrán que, aún siendo el más estigmatizado, no es éste el único asentamiento, ni tampoco el más importante. Otros tantos se desparraman por la ciudad, principalmente en la zona sur. Como señal de la generalidad del problema, en la madrugada del viernes 3 de abril, un grupo de habitantes de la villa 1-11-14 ocupó un complejo del Fonavi a punto de ser entregado (con un antecedente similar en julio de 2006). Las personas abandonaron el lugar luego de ser censadas con la promesa de recibir viviendas próximamente. A las “villas” se agrega la realidad que enfrentan día a día las personas en situación de calle.
Por último, pero en la misma página, se desarrolla el conflicto por los edificios tomados en la ciudad, muy relacionado con el auge inmobiliario vivido en los últimos años. Si el problema es de por sí complejo, el gobierno porteño ha elegido el peor camino para avanzar. Como ha sido denunciado, Macri ha organizado un grupo especial -la UCEP- para amenazar y expulsar de hecho a las personas que ocupen tanto edificios como el espacio público.
Evidentemente, la lógica del mercado deja fuera -una vez más- a la mayor parte de la población. Mientras todo esto sucede, los edificios de lujo invaden la ciudad. Pareciera que en la ecuación de rentabilidad no hay lugar para complejos que no incluyan jardín, pileta, gimnasio etc., los cuales -de existir una correcta política de créditos- serían accesibles a esa gran parte de las familias que de otra manera deben alquilar. Esto redundaría además en una caída de la demanda de viviendas de alquiler y, por ende, en una reducción de su valor; lo que permitiría un hogar digno a las familias con menores ingresos y así acercarnos sucesivamente al cumplimiento real del derecho a la vivienda.
Sin embargo, frente a todo esto el Gobierno de la Ciudad avanza reduciendo los presupuestos de los organismos responsables Instituto de Vivienda de la Ciudad –IVC- (en un 80%) y Corporación Sur (en un 50%).
Ahora bien, ¿no tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la suficiente riqueza como para comenzar a asistir como corresponde a sus habitantes? Sin embargo, se avanza sobre el problema reproduciendo las peores lógicas posibles (la especulación inmobiliaria respecto al derecho a la vivienda y la violencia directa sin amparo legal). Los recursos técnicos necesarios para ejecutar el complejo plan de urbanización evidentemente existen (con algunas de sus partes incluso ya diseñadas). ¿Que los detiene entonces? Al final, no están haciendo Buenos Aires.
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