El golpe y los “padres de la democracia”
El presidente Barack Obama condenó los sucesos de 28 de junio, reconociendo a Manuel Zelaya como el único presidente constitucional de Honduras y proponiendo la mediación del Oscar Arias, presidente de Costa Rica en la negociación entre éste y los golpistas. Pero esta expresión de intenciones no fue mucho más lejos. En un primer momento, ante la demora en la respuesta del gobierno de Michelletti sobre la propuesta mediadora de Arias, el Departamento de Defensa suspendió la visa a cuatro funcionarios del régimen. Pero esta declaración de buena voluntad no tuvo efectos visibles sobre la crisis en Honduras. El embajador estadounidense en Honduras nunca fue retirado, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, emitió declaraciones tendientes a moderar el discurso oficial y ninguna sanción económica fue tomada con relación a Honduras.
Efectivamente, la secretaria de Estado insistió constantemente en la mediación de Costa Rica y criticó duramente la decisión de Zelaya de regresar a Honduras ya en su primera tentativa, aduciendo que se trataba de un intento “temerario (que) no contribuye a los amplios esfuerzos para restaurar el orden democrático y constitucional”.
Estados Unidos es el receptor del 70% de las exportaciones de Honduras. Es evidente que una medida comercial en contra del gobierno de facto (con la que se amenazó pero que nunca llegó) hubiera logrado restituir a Zelaya a su puesto casi inmediatamente. Así mismo lo reconoció el presidente destituido aún desde el exilio. Pero en los hechos, la acción de los Estados Unidos no sólo se limitó a la condena pública sino que varios senadores, tanto republicanos como demócratas, mostraron abiertamente su apoyo al gobierno de Micheletti y hasta fue organizada una delegación de senadores que fue enviada a Tegucigalpa en clara señal de respaldo.
Por otra parte, existen contundentes pruebas del conocimiento del Departamento de Estado de EEUU del golpe de Estado de Honduras y hasta de su participación en el mismo. Los militares hondureños que perpetraron el golpe recibieron entrenamiento, así también como el financiamiento y las armas necesarias para el golpe, en el Pentágono. Ha transcendido, de la misma manera, el contacto previo al golpe que mantuvo el embajador de EEUU en Honduras Hugo Llorens con el Sub-Secretario de Estado norteamericano Thomas Shannon y el asesor de Departamento de Estado John Negroponte (embajador en Honduras hacia fines de los ’70 y principios de los ’80, desde donde dirigía operaciones contra el gobierno sandinista de Nicaragua), con quienes habría coordinado la destitución de Zelaya.
Resulta evidente que la posición de Estados Unidos consiste en mantener una imagen de oposición al golpe de Estado pero que existe, además de intereses económicos particulares vinculados con el país, una necesidad de conservar una presencia y un poder fuertes en Latinoamérica que pueda contrapesar el avance de Chávez en la región.
¿Hacia dónde va el conflicto?
Podría ponerse en tela de juicio que la intervención de otros países en el conflicto de Honduras constituya una violación de su soberanía. De hecho, el gobierno de facto sostiene esta postura en cada oportunidad que encuentra para condenar las medidas económicas que los otros gobiernos latinoamericanos han tomado en su contra.
Pero la soberanía política de un país tiene como fundamento la afirmación de la libertad de los pueblos para decidir sobre sus propias instituciones, para elegir la forma en que serán gobernados. Y el respeto de las demás naciones hacia las instituciones de un país soberano se desprende de esa condición esencial. Por lo tanto, cuando la libertad y la democracia son violadas tan claramente como lo demuestra el más simple de los análisis de lo sucedido en Honduras, la acción de los demás países tendiente a su reinstauración no sólo se vuelve plausible, se vuelve también necesaria. La soberanía nacional no puede sostenerse más que en la coexistencia de gobiernos soberanos.
Los intereses económicos, sobre todo aquellos radicados en Estados Unidos, entran en clara contradicción con esta imagen de los Estados Soberanos. En su accionar aparece esta ambigüedad. Por un lado, la cara visible, las declaraciones del presidente norteamericano y el sector diplomático, pretenden defender la libertad y la democracia en Honduras, mientras que por otra parte, los intereses económicos, no sólo interesados en Honduras sino también en frenar el avance de Hugo Chávez en la región, se preocupan en no facilitar el fin de la dictadura hondureña y hasta en apoyarla.
A esta altura queda claro que, de darse la destitución del gobierno de facto de Micheletti y la restitución de la democracia en Honduras, no será gracias a la acción de los EEUU sino más bien a pesar de ésta. Lo cierto es que la situación interna en Honduras no es del todo desalentadora. Las protestas se multiplican y la resistencia sigue organizándose a pesar de la represión. Por su parte, el gobierno de facto empieza a mostrar claras señales de debilidad y busca negociar una salida del conflicto. Si algo bueno puede dejar como resultado esta crisis es el fortalecimiento de los sectores populares tanto de Honduras como de los países de la región, acompañado por la identificación clara de los intereses que se esconden detrás de las luchas políticas.
El presidente Barack Obama condenó los sucesos de 28 de junio, reconociendo a Manuel Zelaya como el único presidente constitucional de Honduras y proponiendo la mediación del Oscar Arias, presidente de Costa Rica en la negociación entre éste y los golpistas. Pero esta expresión de intenciones no fue mucho más lejos. En un primer momento, ante la demora en la respuesta del gobierno de Michelletti sobre la propuesta mediadora de Arias, el Departamento de Defensa suspendió la visa a cuatro funcionarios del régimen. Pero esta declaración de buena voluntad no tuvo efectos visibles sobre la crisis en Honduras. El embajador estadounidense en Honduras nunca fue retirado, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, emitió declaraciones tendientes a moderar el discurso oficial y ninguna sanción económica fue tomada con relación a Honduras.
Efectivamente, la secretaria de Estado insistió constantemente en la mediación de Costa Rica y criticó duramente la decisión de Zelaya de regresar a Honduras ya en su primera tentativa, aduciendo que se trataba de un intento “temerario (que) no contribuye a los amplios esfuerzos para restaurar el orden democrático y constitucional”.
Estados Unidos es el receptor del 70% de las exportaciones de Honduras. Es evidente que una medida comercial en contra del gobierno de facto (con la que se amenazó pero que nunca llegó) hubiera logrado restituir a Zelaya a su puesto casi inmediatamente. Así mismo lo reconoció el presidente destituido aún desde el exilio. Pero en los hechos, la acción de los Estados Unidos no sólo se limitó a la condena pública sino que varios senadores, tanto republicanos como demócratas, mostraron abiertamente su apoyo al gobierno de Micheletti y hasta fue organizada una delegación de senadores que fue enviada a Tegucigalpa en clara señal de respaldo.
Por otra parte, existen contundentes pruebas del conocimiento del Departamento de Estado de EEUU del golpe de Estado de Honduras y hasta de su participación en el mismo. Los militares hondureños que perpetraron el golpe recibieron entrenamiento, así también como el financiamiento y las armas necesarias para el golpe, en el Pentágono. Ha transcendido, de la misma manera, el contacto previo al golpe que mantuvo el embajador de EEUU en Honduras Hugo Llorens con el Sub-Secretario de Estado norteamericano Thomas Shannon y el asesor de Departamento de Estado John Negroponte (embajador en Honduras hacia fines de los ’70 y principios de los ’80, desde donde dirigía operaciones contra el gobierno sandinista de Nicaragua), con quienes habría coordinado la destitución de Zelaya.
Resulta evidente que la posición de Estados Unidos consiste en mantener una imagen de oposición al golpe de Estado pero que existe, además de intereses económicos particulares vinculados con el país, una necesidad de conservar una presencia y un poder fuertes en Latinoamérica que pueda contrapesar el avance de Chávez en la región.
¿Hacia dónde va el conflicto?
Podría ponerse en tela de juicio que la intervención de otros países en el conflicto de Honduras constituya una violación de su soberanía. De hecho, el gobierno de facto sostiene esta postura en cada oportunidad que encuentra para condenar las medidas económicas que los otros gobiernos latinoamericanos han tomado en su contra.
Pero la soberanía política de un país tiene como fundamento la afirmación de la libertad de los pueblos para decidir sobre sus propias instituciones, para elegir la forma en que serán gobernados. Y el respeto de las demás naciones hacia las instituciones de un país soberano se desprende de esa condición esencial. Por lo tanto, cuando la libertad y la democracia son violadas tan claramente como lo demuestra el más simple de los análisis de lo sucedido en Honduras, la acción de los demás países tendiente a su reinstauración no sólo se vuelve plausible, se vuelve también necesaria. La soberanía nacional no puede sostenerse más que en la coexistencia de gobiernos soberanos.
Los intereses económicos, sobre todo aquellos radicados en Estados Unidos, entran en clara contradicción con esta imagen de los Estados Soberanos. En su accionar aparece esta ambigüedad. Por un lado, la cara visible, las declaraciones del presidente norteamericano y el sector diplomático, pretenden defender la libertad y la democracia en Honduras, mientras que por otra parte, los intereses económicos, no sólo interesados en Honduras sino también en frenar el avance de Hugo Chávez en la región, se preocupan en no facilitar el fin de la dictadura hondureña y hasta en apoyarla.
A esta altura queda claro que, de darse la destitución del gobierno de facto de Micheletti y la restitución de la democracia en Honduras, no será gracias a la acción de los EEUU sino más bien a pesar de ésta. Lo cierto es que la situación interna en Honduras no es del todo desalentadora. Las protestas se multiplican y la resistencia sigue organizándose a pesar de la represión. Por su parte, el gobierno de facto empieza a mostrar claras señales de debilidad y busca negociar una salida del conflicto. Si algo bueno puede dejar como resultado esta crisis es el fortalecimiento de los sectores populares tanto de Honduras como de los países de la región, acompañado por la identificación clara de los intereses que se esconden detrás de las luchas políticas.
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