Elecciones '09 - Segunda parte

Candidaturas testimoniales.
La estrategia electoral del kirchnerismo, consistente en presentar candidatos que actualmente ocupan cargos públicos electivos (en la gobernación o en distintas intendencias), y que muy probablemente no asuman las nuevas responsabilidades para las que sean ungidos -aún en el caso en que triunfen-, motivó el airado rechazo por parte de las distintas fuerzas políticas (especialmente Unión PRO, Coalición Cívica y el radicalismo) y también de algunos medios de comunicación claramente opuestos al gobierno nacional (Clarín y La Nación). La jugada recorrió dos instancias judiciales, en las que los fallos resultaron invariables: no se encontraron evidencias que motivaran la impugnación de las candidaturas testimoniales. Agotado el camino legal, las fuerzas de oposición mencionadas apelaron a la critica moral, sosteniendo que el kirchnerismo en esencia lo que se proponía era estafar a la ciudadanía. Tal discurso forma parte de una estrategia más general por parte de estas agrupaciones, que intentan dividir el espectro político en torno a un polo republicano (ellos mismos) y otro anti-republicano (el kirchnerismo, o el peronismo en su conjunto, despreocupado por la suerte de las instituciones y por las buenas prácticas). Sin dudas las candidaturas testimoniales merecen ser criticadas, por un lado, porque significan un paso más en no cumplir con la palabra empeñada y muestran una total indiferencia hacia los medios que permiten acceder al poder o conservarlo, no contribuyen en nada a recuperar la política como construcción transformadora reconocida por la sociedad. Por el otro, acentúan la indiferencia respecto de las ideas y proyectos, ya que la campaña se convierte en un plesbicito constante, donde lo hecho alcanza para justificarse y se niega la posibilidad de nuevas alternativas, donde toda construcción ajena se iguala en “la oposición” Sin embargo, este tipo de prácticas no son patrimonio exclusivo del kirchnerismo. Al respecto, en Unión PRO (supuesto baluarte de la República) Gabriela Michetti ha renunciado a su cargo de Vice jefa de Gobierno porque aspira a ser diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Mauricio Macri, asimismo, llegó a ser Jefe de Gobierno, gracias a haber incumplido su mandato de diputado. Lo mismo puede decirse de Felipe Solá. Para completar el cuadro republicano, resta hacer mención a Julio Cobos, ungido vicepresidente por compartir la fórmula presidencial con Cristina Fernández dentro del Frente para la Victoria, y que hace campaña en contra del propio gobierno que aún integra. Y qué decir de los pequeños partidos, que presentan el mismo candidato para distintas categorías. Ahora bien, si tales prácticas, con sus lógicas particularidades, resultan en esencia comunes a toda la dirigencia, tiene que haber alguna causa también común que opere en ese sentido. Esa causa reside en la ausencia de partidos políticos institucionalizados. Desde un punto de vista meramente teórico, los partidos resultan imprescindibles en los sistemas democráticos básicamente por tres razones: permiten agregar demandas e intereses sociales en el terreno político-electoral; contribuyen a la formación de cuadros de dirigentes; y poseen una determinada concepción del mundo o ideología que respalda y prefigura sus prácticas. Con esto en mente, cabe hacer una sintética revisión sobre las causas que llevaron al oficialismo a presentar candidaturas testimoniales. Básicamente se perciben dos tipos de razones: la primera, evidente, porque no tiene suficientes figuras que le aseguren un buen resultado electoral; la segunda, porque evita una fuga de intendentes hacia las filas de Unión-Pro. En ambos casos, la cuestión de fondo es la ausencia de un partido político sólido que pueda diversificar su oferta de candidatos o que en su defecto represente para el electorado una ideología que sea independiente de los candidatos ocasionales. Tanto como en los noventa se observaba el proceso de “farandulización” de la política, hoy nos enfrentamos con el siguiente paso donde la determinación se ha invertido. No es simplemente que para ser candidato con posibilidades se debe asistir a programas de televisión y demás sino que ahora es la propia televisión la que marca el discurso al candidato. Esto sólo es posible cuando la ausencia de ideas, propuestas y partidos ha llegado al límite de su existencia. En definitiva, estas problemáticas no son más que otra manifestación de la debilidad de los partidos políticos y su contraparte, la personalización de la política.

Desnacionalización, pronósticos e incertidumbre.
La crisis de los partidos políticos también tiene consecuencias importantes cuando se pretende analizar las fuerzas políticas que se disputan el poder de cara al 28 de junio. Ello se debe a que resulta sumamente difícil hacer una lectura a nivel nacional del mapa político actual. Más bien, estas elecciones evidencian una firme tendencia de la política argentina hacia su provincialización. Al respecto, conviene hacer un breve repaso por los distritos electorales más importantes del país. Siempre según las encuestas (a las cuales les dedicaremos un capítulo más adelante, con el “diario del lunes”), en la Ciudad de Buenos Aires todo parece indicar que el primer puesto sería para Unión-Pro (Michetti); en provincia de Buenos Aires se pronostica un triunfo del kirchnerismo (Kirchner); en Santa Fe la disputa se da entre el socialismo (Giustiniani) y el peronismo (Reutemann, alejado del kirchnerismo); en Mendoza parecería que gana el cobismo; en Córdoba, por último, se espera que triunfe una fuerza independiente (Luis Juez). Con este mapa político, a la pregunta sobre quién ganará las elecciones debería anteponerse otra, quizás más importante, ¿qué significa ganar las elecciones en este caso? El kirchnerismo apuesta a ganar en la provincia de Buenos Aires y en muchos de los distritos chicos. Con esto, se proclamará victorioso. La oposición, sin embargo, si esos son los resultados electorales, dirá que el kirchnerismo perdió en la mayoría de los distritos electorales importantes. Al margen de estas consideraciones merece ser resaltado que por la propia debilidad de los partidos políticos, y la consecuente personalización y desnacionalización de la política, los resultados de estas elecciones girarán en gran medida en torno a la interpretación que se haga sobre los mismos y, a partir de ello, comenzará el carnaval hacia 2011.

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Elecciones '09 - Primera parte

A tan sólo tres días de las elecciones legislativas, previstas originariamente para octubre y que por conveniencia del oficialismo se adelantaron al 28 de junio, creemos necesario hacer una serie de reflexiones sobre algunas cuestiones y tendencias que se han puesto de manifiesto en el transcurso de la campaña electoral.

Respecto del adelantamiento.
Cuando a comienzos de año se armaban los planes electorales creyendo que se contaba con varios meses de trabajo previos a la campaña, primero en la ciudad de Buenos Aires y luego a nivel nacional se decide el adelantamiento de los comicios. Sea justificado para separar las decisiones que tienen que ver con aquel ámbito restringido de la contienda nacional o por la necesidad de enfrentar la crisis sin un debate preelectoral contemporáneo, la decisión tiene un simple contenido oportunista, enfrentarlas en las mejores condiciones esperadas por parte de los partidos en el gobierno.
Aunque alteró las reglas de juego, y ello no resulta conveniente en un año electoral, la decisión, desde nuestra perspectiva, merece ser criticada no tanto desde un punto de vista legal sino más bien porque imposibilitó a los partidos políticos en particular y a la sociedad en general transitar con el debido tiempo una experiencia política en base al debate, la difusión y esclarecimiento de ideas y proyectos, la conformación de frentes o alianzas, la selección de candidatos mediante métodos democráticos, etc. Aunque todas las fuerzas políticas han sufrido el impacto de tales consecuencias, la situación se agrava en el caso de los pequeños partidos, a los que les resulta sumamente difícil, en tan breve período de tiempo, conformar las listas y posicionar a sus candidatos, conseguir los fondos para solventar los gastos proselitistas, y estructurar los ejes temáticos en torno a los cuales girará la campaña.

Ausencia de debate.
¿Qué está en juego el 28 de junio? Tomemos en primer término lo que surge de los discursos de los propios candidatos y partidos. Al respecto, el kirchnerismo señala que apuesta a profundizar el actual modelo productivo y de inclusión social, iniciado en 2003. En lo que a estas alturas resulta prácticamente un cliché, busca contraponer su actual modelo de gestión con lo acaecido durante los años ’90, intentando de tal forma suprimir de un plumazo evidentes continuidades entre uno y otro. Al respecto, en el período 2003-2008 la economía argentina creció en forma consecutiva a tasas anuales inéditas (superiores al 8 %). Sin embargo, tal dinamismo se asentó fundamentalmente en la “ventaja” competitiva lograda con la profunda caída del salario real provocado con la devaluación de 2002 y en una coyuntura internacional sumamente favorable por el aumento en el precio de los commodities. En tal sentido, cabe señalar que recién a fines de 2006 el nivel del salario real alcanzaba un nivel similar al registrado en 2001 (Encuesta Permanente de Hogares - INDEC, 2007), es decir, un poder adquisitivo resultado de diez años de -las recurrentemente denostadas- políticas neoliberales. No deja de ser sugestivo, en tal sentido, la manipulación de datos que el gobierno comenzó a efectuar desde hace dos años en el INDEC. No solo ha falseado los indicadores relativos a la inflación (lo que impide la debida recomposición salarial de los trabajadores) sino también han desaparecido los indicadores relativos al salario real y la distribución del ingreso.
Asimismo, sólo a partir del conflicto con el campo y con la crisis económica mundial en el horizonte próximo, el gobierno enfatizó en la necesidad de profundizar el modelo de acumulación vigente, en base a una mayor redistribución del ingreso. ¿Qué logró y qué propone para tal fin? Retrospectivamente poco -en relación con los indicadores más utilizados respecto a la calidad del empleo, la concentración del ingreso y la pobreza- pero a futuro el discurso gira siempre en torno a la necesidad imperiosa de la intervención estatal. Gobiernos del mundo de diferente signo (conservadores, liberales, de derecha, de centro y/o de centro izquierda) parecen coincidir en que frente a la crisis el Estado debe tener un rol más importante y activo que lo que suponía el precepto neoliberal. Sin embargo, al contrario de lo que el gobierno asegura, la intervención estatal por sí misma no garantiza una mejor redistribución del ingreso. Es necesario dilucidar la naturaleza de tales intervenciones. Más allá de pretender alejar el temor a la instalación de un régimen al estilo Chávez, el kirchnerismo no ofrece muchas respuestas a qué significa profundizar el modelo.
Siempre en consideración de sus propios discursos, el campo opositor, en lo que aquí interesa, podría dividirse en dos, basado en discursos de los candidatos: a la derecha del oficialismo y hacia su izquierda. En el primer lugar, se encuentran Unión Pro y el Acuerdo Cívico y Social (UCR+Coalición Cívica+Socialismo). Ambas alianzas acuerdan -a pesar de ir en boletas separadas- en algunos puntos fundamentales: el primero, en hacerse eco de las demandas del “campo”. El segundo, es el abstracto discurso de la calidad institucional. El tercero, de fondo, es la oposición acérrima al kirchnerismo. Con respecto a la primera cuestión, se declama la necesidad de eliminar totalmente las retenciones a la exportación de gran parte de los productos agrarios, aún cuando hasta las pasadas elecciones presidenciales alguna de esas agrupaciones llevaba la bandera contraria (la Coalición Cívica incluso planteaba un esquema con retenciones móviles). Sin embargo, de ningún modo responden sobre cómo cubrirían los ingresos fiscales faltantes o, en su defecto, qué rubro presupuestario reducirían. El segundo punto se conecta, evidentemente, con el tercero. El kirchnerismo es visto por este sector político como la máxima expresión de la degradación institucional del país. Las críticas en general tienden a centrase en el carácter confrontativo de Néstor Kirchner, en su naturaleza “despótica” para tomar decisiones, en la existencia de un doble comando que debilita la investidura presidencial. También plantean una batería de acciones, muchas de ellas de índole legislativa, destinadas a revertir algunas de las medidas institucionales más polémicas del kirchnerismo, como la reforma de Consejo de la Magistratura y la delegación de las facultades presupuestarias hacia del Ejecutivo (justificable, esta última, durante la inmediata salida de la crisis pero no un lustro después).
Asimismo, en ciertos contextos electorales, como en la Ciudad y Provincia de Buenos Aires, el discurso en pos de la seguridad resulta efectivo a la hora de recolectar votos, y en tal dirección apuntan ambas agrupaciones, Unión Pro y el Acuerdo Cívico y Social.
En definitiva, en este sector no se observa ninguna crítica al modelo kirchnerista que haga eje en la necesidad de redistribuir el ingreso y de atenuar las desigualdades sociales, salvo en muy contadas excepciones en sus discursos. En síntesis, es una oposición que corre al kirchnerismo por derecha con tanto contenido sobre el qué hacer económico como el oficialismo.
En el otro sector del espectro político, se encuentran, con posibilidades y potencialidades dispares, Proyecto Sur (con Pino Solanas), Autodeterminación y Libertad (AyL, con Luis Zamora), Partido Encuentro (Martín Sabbatella) y los partidos de izquierda (PTS, MST, PO). Cabe aclarar que aquí nos limitamos a analizar los contendientes que presentarán candidatos, por lo que no haremos consideraciones sobre aquellas fuerzas que plantean como estrategia ir por fuera -y en contra- del acto electoral).
Proyecto Sur, que aglutina un conjunto de fuerzas progresistas, disfruta de buenas proyecciones con un discurso centrado en el aprovechamiento nacional de la renta de los recursos naturales y la recuperación de lo público (con eje central en el Estado), así como de la visibilidad y carisma de sus candidatos. En parte, su incidencia en la campaña viene dado por los sectores progresistas no peronistas, muy presentes en la Ciudad, así como de los desencantados con el kircherismo y sus creciente conservadurismo y “pejotización”. En este caso, con alguna propuesta concreta muestran -en el desértico mapa de las ideas- una destacable diferencia. En el caso de AyL las chances son muy menores debido a la muy cuestionada experiencia previa de Zamora.
En el campo de los partidos de izquierda subyace, en el pensamiento común, el viejo cuestionamiento al porqué se encuentran persistentemente separadas, a pesar de sus evidentes coincidencias. Aunque se enfrentan con un sectarismo claro, sus problemas no son reducibles a la mera falta de voluntad política. Lo central, creemos, parece ser la ausencia del sujeto al que dirigen su acción: un movimiento obrero dispuesto a bregar por una salida anticapitalista. Frente a ello, la población trabajadora parece mucho más proclive al peronismo.
En definitiva, la campaña electoral no ofrece grandes debates entre los contendientes, y escasas ideas a futuro. En ese contexto, las candidaturas testimoniales, la solicitud de impugnaciones hacia algunos candidatos, y la supuesta relación entre De Narváez y el contrabando de efedrina, han ocupado el centro de la escena proselitista. Sin embargo, estas discusiones transitaron más por los tribunales que por el campo estrictamente político. La judicialización de la política no es sino el resultado de la falta de política.

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Sobre los Bachilleratos Populares

El brutal y recurrente bastardeo del discurso político no ha llegado todavía a negar que la educación es un tema de debate necesario. Todavía existe algún vestigio de que en las aulas se formarán los futuros líderes, profesionales, ciudadanos, etc. Ahora, más allá del sentimiento nostálgico ¿hay ningún tipo de debate? Las únicas discusiones que aparecen en torno a la educación suelen estar ligadas al salario docente, a las condiciones edilicias, etc. Nadie niega que deban discutirse estos temas pero ¿no debiera también discutirse qué rol debe jugar la educación dentro de un proyecto de país? ¿No debiera someterse al sistema educativo a una crítica sobre la vigencia de sus objetivos y de sus formas? La intención de este primer post sobre educación es difundir la experiencia de los Bachilleratos Populares quienes sí dieron paso a la discusión de estos temas, que decidieron tomar la educación en sus manos e iniciar un proceso de transformación del sistema educativo tomando como primera pregunta ¿qué lugar tiene la educación en el marco de un proyecto de país?

Encuadre general:
En principio nos bastaría decir que un Bachillerato Popular (BP) es un espacio que intenta formar sujetos críticos en base a una noción distinta de la educación. ¿Qué es lo distinto? Arranquemos por el análisis de su forma pedagógica. En sí los BPs no tienen la misma concepción en cuanto a la forma de enseñanza respecto a la educación formal. En ellos aparece una forma que intenta crear un vinculo fuerte entre la realidad específica (en tiempo y, sobre todo, en espacio) de cada sujeto con el sujeto mismo. Esta premisa tiene su justificación en que las formas de la educación formal, por las cuales han pasado todos los estudiantes de los BPs, están basadas en un concepto abstracto del conocimiento, un conocimiento cuyo sólo objetivo es llenar de saberes universales a sujetos que, luego de pasar por las instancias requeridas, deberán utilizar dichos saberes para poder adaptarse al medio (1). En este sentido intercede la educación popular. Desde sus orígenes, en Brasil, la educación popular tuvo como objetivos transformar la realidad en la cual se encontraban esas personas. Una realidad signada por la falta de conocimiento del lenguaje, por ende, inhabilitados a organizarse para cualquier tipo de fin. En ese sentido, de la mano del MST, en Brasil se comenzó la puja por una educación que tuviera como finalidad el crear sujetos capaces de organizarse para poder iniciar un lento proceso de transformación de su realidad objetiva. He aquí la principal diferencia entre la educación formal y la educación popular: en la primera no existe más objetivo que llenar las cabezas de los individuos para que los mismos puedan adaptarse a su medio, independientemente del contexto específico de cada uno. En la segunda se ve claramente que el objetivo no radica en la adaptación del sujeto sino que implica la necesidad de la transformación del medio en el cual esos sujetos viven.
Frente a un objetivo distinto deviene un método distinto. La forma de los BPs está basada en generar un espacio no vertical donde los estudiantes puedan apropiarse del conocimiento de forma directa. Es decir, se presenta la necesidad de generar un conocimiento que de cuenta de su realidad específica, que sea capaz no sólo de comprender su realidad, sino que también pueda transformar esa realidad. Entendiendo que la forma más potente de transformar esa realidad es mediante la cooperación entre estudiantes y profesores, se lleva a la práctica un espacio en el cual los mismos intercambian saberes orientados a accionar sobre esa realidad.
Los BPs nacen, en Argentina, frente a una manifiesta exclusión de la escuela formal pública originada, no sólo en los fundamentos de la misma, sino también, en el proceso de degradación que sufrió la educación pública en las últimas 4 décadas. Nacen frente a la creciente privatización de la enseñanza, no sólo manifestada en el avance del sector privado en este campo, sino también en el desinterés por parte del Estado en cuanto a la importancia relativa de la educación en un proyecto de país (quedará para artículos posteriores analizar la unidad de este proceso y sus implicancias). Es por ello que los BPs están ligados a la crisis de 2001, crisis que encarnaba todos estos aspectos y arrastró consigo a la sociedad argentina a una de sus más crudas miserias.
También es cierto que todos los BPs están ligados a organizaciones sociales, de mayor o menor envergadura. Esto da cuenta de que las organizaciones sociales perciben a la educación como arma principal para la lucha por un país-mundo más justo (cualquiera sea la forma de este). La lucha actual de los bachilleratos populares está en lograr la oficialización de sus títulos, es decir, en la generación de un marco legal que reconozca la experiencia de los bachilleratos populares como otra forma de educación posible. Bajo las normas vigentes, los BPs son reconocidos como instituciones privadas, lo cual implica una diversidad de impedimentos legales para la obtención de medios (herramientas, subsidios, etc.) para lograr un funcionamiento normal y digno en cada BP.
Es conveniente aclarar que el objetivo de los BPs no es servir de complemento, o suplir una necesidad que el Estado ha relegado. La acción política de los BPs es operar sobre el desarrollo de la conciencia de los individuos a fin de crear entre los mismos la capacidad de cooperar para poder transformar su realidad objetiva. De esa forma colectiva generar un país/mundo más justo e igualitario. Este objetivo se plasma en la apertura de espacios en donde sectores populares puedan hacerse responsables de sus propias vidas en un colectivo a través del debate y reconocimiento de su propia acción.

Perspectivas:
Habiendo hecho un breve análisis sobre los BPs, tratemos ahora de ver cuales son las potencialidades que de sí se desprenden.
Existe una corriente, dentro de los sectores de la educación, que propone llevar a la escuela formal, en especial a la escuela pública, las formas y los contenidos que aparecen en los bachilleratos populares. Es decir, operar sobre las formas pedagógicas de la educación formal a fin de convertirlas en prácticas de tinte más horizontal y que posibiliten la formación de sujetos críticos dentro del sistema formal de enseñanza (2). Esta corriente plantea, a su vez, que la creación de los BPs está ligada a la dificultad que encuentran muchos profesionales para poder ejercer la docencia (3). Como todo intento de análisis que se base en la expresión sin preguntarse el por qué, esta corriente no puede dar cuenta de que la razón misma de existir de los BPs es otra muy distinta a la de la educación formal. Como dijimos anteriormente la educación formal tiene como objetivo formar sujetos adaptables al medio, en cambio la educación popular tiene como objetivo la formación de sujetos que sean capaces de operar colectivamente sobre la realidad a fin de transformarla (4).
Pero tratemos de analizar ahora las potencialidades que tiene el BP por sí mismo, es decir, analicemos las potencias de su propia acción política concreta. Es claro que a la hora de generar una acción política deben aparecer los medios (cualquiera sea la forma de estos) que posibiliten llevar acabo dicha acción. Entorno a esto surgen los principales conflictos y contradicciones de los BPs. La lucha por el reconocimiento de parte del Estado de la experiencia educativa popular encuentra un límite específico, a saber: ¿por qué el Estado debiera incluir estas formas de educación si ha denigrado y postergado a la educación pública? es más ¿por qué un Estado debiera brindar los medios necesarios para generar procesos políticos autonomistas que tengan como potencialidades la abolición de una lógica mercantil aplicada a la educación (y no sólo a ella) y a fin de cuentas, la abolición de su propia necesidad de existir?
Frente a esta disyuntiva habrá algunos que dirán que la autogestión es posible y que es la única vía de acción coincidente con las propias determinaciones de un BP y por ende la única capaz de desarrollarlas. De otra forma se caería en la politiquería sucia representada por los partidos políticos y su inseparable accionar clientelístico, usufructuantes de la miseria que se desea erradicar. Aunque, por otro lado, es de notar que el escenario donde quedan circunscriptos los BPs es tal por carecer de los medios mismos y por tanto, incapaz de generar una transformación. De aquí se desprende que los medios que permitan la concreción de dicha acción deben provenir de un afuera, en otras palabras, este proceso debiera reconocer la unidad que existe dentro del mismo sistema capitalista y su inseparable dependencia, es decir, debiera suprimir sus pretensiones autonomistas. Este problema general está un discusión constante ya que, si bien no aparece de esta forma, toda acción política que se desprenda de los BPs está íntimamente ligada a esta dicotomía inconclusa.
Dadas las condiciones actuales en las cuales se encuentran los BPs, es de esperar que dicha acción política no se haya discutido. La mayoría tiene que lidiar en este momento con la generación de normas internas que manifiesten sus pretensiones (por ejemplo: cómo evaluar los contenidos, cómo encarar la cuestión de las asistencias, cómo construir el espacio propio, etc.). La pretensión de este artículo es doble: por un lado dar a conocer las nuevas experiencias educativas-transformadoras y por el otro poner de relieve los conflictos y contradicciones que las mismas generan, a fin de plantear el debate correspondiente.

Notas al pie:
1. Se puede decir que, desde la perspectiva de los BPs, la acción devenida de la educación formal sólo reproduce al sistema y por lo tanto no es capaz de transformarlo. Es en éste sentido en el cual se hace la diferencia entre adaptación y transformación. Cabe mencionar que este es un tema bastante delicado de discusión, ya que todos los docentes de los BPs son egresados de la escuela formal y, gran parte de ellos, transita en la universidad pública. Entonces, ¿es el tipo de educación formal la responsable de reproducir individuos adaptables? Obviamente no en su totalidad. A su vez, sería un error desenmarcar a la educación pública con el modelo neoliberal causante de enormes daños a todo lo que otrora tuvo algún rótulo de público. Es bien entendido por los BPs que no es sólo la educación formal la que reproduce individuos adaptables, sino que existe todo un modelo más amplio detrás que así lo hace. Los BPs intentan modificar esa reproducción de sujetos individualistas a través de la educación, tanto por elección como por posibilidades concretas de hacerlo.
2. Este discurso está basado en las declaraciones de la docente Laura Marrone (Ademys) en la discusión presentada en la Facultad de Filosofía y Letras (UBA) en el marco del debate titulado: “Lo público/lo privado: surgimiento y reconocimiento de los bachilleratos populares” organizado por Inédito Viable (Espacio Universitario en Cs. de la Educación).
3. Recordemos que un profesional por más recibido que esté debe contar con un profesorado para poder ejercer la docencia acorde a las normas. De la norma a la realidad hay mucha distancia.
4. Que quede claro que aquí no se está discutiendo el hecho de que la acción transformadora, generalmente llamada revolución, deba venir desde adentro o desde afuera del sistema, simplemente nos limitamos a exponer las posturas más relevantes respecto a este tema.

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Agrotóxicos

Hace ya varios meses que lo que se denominó “la cuestión del campo” ha pasado a ocupar la agenda y los discursos de los funcionarios. Mucho se ha hablado respecto de la forma de solucionar el problema de la renta, de la política agropecuaria y demás. Sin embargo, poco se discutió en el pasado conflicto sobre la utilización constante de cultivos transgénicos y agroquímicos que conforman la base sobre la cual se sustenta el modelo agropecuario instalado a mediados de los noventa. En este marco, poco se ha avanzado en la discusión respecto a la forma que toma la producción con la honrosa excepción de los movimientos campesinos y organizaciones ecologistas (a estos habría que sumar a FAA, pero en algún momento del 2008 se les olvidó su posición). En Europa, por el contrario, ya se ha prohibido la comercialización de, por ejemplo, un tipo de maíz transgénico elaborado por las mismas compañías que proveen a los productores locales. Sin embargo, en los últimos tiempos se han empezado a discutir las consecuencias que posee ese paquete tecnológico. Es el caso de los habitantes de diferentes regiones del país, quienes reiteradas veces han denunciado que la utilización constante y de manera normal de pesticidas resulta perjudicial en términos sanitarios y ambientales. A partir de sus reclamos, se ha limitado el uso de tales instrumentos, prohibiendo su utilización en tierras cercanas a zonas urbanas. Ciertamente, esto implica un avance concreto en el buen camino. Pero es necesario considerar que la medida se limita simplemente a que no se rocíe con tóxicos directamente a la población, lo cual constituye una acción de mero sentido común. En efecto, nada se ha reglamentado respecto de la permanencia de éstos por extensos períodos en el ambiente y su dispersión mediante el viento y el agua. Claramente, estas cuestiones deben resolverse de manera integral o de lo contrario continuarán efectuándose bajo las peores formas, como son los denominados “niños bandera". En este desalentador marco, en el último tiempo, dichos reclamos se han visto respaldados por estudios de laboratorio que demuestran los daños que provocan esos agrotóxicos, aún cuando se suministran en dosis mucho más pequeñas que las sugeridas. Frente a esta situación, se ha realizado una presentación para prohibir preventivamente la venta de tales productos en la Argentina. Sin embargo, la importancia que tiene esta problemática se demuestra por las diferentes presiones que recibió el equipo investigador (ver nota Indymedia; nota Página/12). A su vez, las autoridades nacionales responsables se desligaron de las consecuencias del trabajo realizado por sus propios investigadores, al tiempo que los medios de comunicación minimizaron la importancia de esos resultados. Claramente, al plantearse una nueva política agropecuaria, es esencial saldar las discusiones respecto del problema de la renta. Pero, al mismo tiempo, no es posible dejar fuera el debate sobre la forma en que se realiza la producción y las consecuencias que ésta acarrea sobre la población.
Una política agropecuaria integral debe necesariamente responder a las cuestiones fundamentales de quiénes, cómo y para quién producirá el campo.

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¿Haciendo Buenos Aires? Déficit habitacional y político.

De acuerdo a un Censo realizado por el Gobierno de la Ciudad el mes pasado, en la Villa 31 viven unas 25.987 personas, es decir que en sólo ocho años se duplicó la población que -en esa pequeña porción de la ciudad- vive en condiciones lamentables de hacinamiento y sin los servicios públicos más básicos. Para tener una idea aproximada de la magnitud del fenómeno podemos señalar que la población total argentina tardó más de medio siglo en duplicarse (1947-2001).
A pesar de este fuerte crecimiento en los últimos años, la problemática dista de ser nueva. Ni siquiera es producto del empeoramiento de las condiciones sociales ocurrido durante la década del noventa y principios de la actual, ya que el asentamiento tiene -tristemente- más de sesenta años de historia.
Ahora bien, diferentes argumentos se interponen a la efectiva solución de las condiciones de vida de esas familias, por un lado, se encuentran los de corte económico (en el peor sentido de la palabra), vinculados principalmente al valor de esas tierras cercanas a los barrios más exclusivos de la ciudad, por el otro, el enojo de los “vecinos” de Buenos Aires, que como siempre muestran la peor cara de esta ciudad. Aquí aparecen dos de esas “verdades por repetición”: que la gente que vive allí lo hace porque quiere y que, encima, se les construirían casas con los impuestos que todos pagamos. Efectivamente, los impuestos sirven a fines redistributivos, pero no hay que engañarse: esa población contribuye con su trabajo a la riqueza de esta ciudad. Por último, la cuestión jurisdiccional constituye un problema adicional, ya que esos terrenos son propiedad del gobierno nacional. Sin embargo, más allá de todo esto, los especialistas (gente que no suele ser escuchada en los variados conflictos que se desarrollan en nuestro país) sostienen que ese predio es perfectamente urbanizable. Inclusive existe un proyecto ya desarrollado por la UBA. Si bien es evidente que la simple urbanización no resuelve el problema de la “gente que sobra”, creemos que es un primer y muy fuerte paso hacia la integración. Las calles no son sólo calles, sino que constituyen el camino a ser parte de la misma ciudad donde todos vivimos.
Todo sabrán que, aún siendo el más estigmatizado, no es éste el único asentamiento, ni tampoco el más importante. Otros tantos se desparraman por la ciudad, principalmente en la zona sur. Como señal de la generalidad del problema, en la madrugada del viernes 3 de abril, un grupo de habitantes de la villa 1-11-14 ocupó un complejo del Fonavi a punto de ser entregado (con un antecedente similar en julio de 2006). Las personas abandonaron el lugar luego de ser censadas con la promesa de recibir viviendas próximamente. A las “villas” se agrega la realidad que enfrentan día a día las personas en situación de calle.
Por último, pero en la misma página, se desarrolla el conflicto por los edificios tomados en la ciudad, muy relacionado con el auge inmobiliario vivido en los últimos años. Si el problema es de por sí complejo, el gobierno porteño ha elegido el peor camino para avanzar. Como ha sido denunciado, Macri ha organizado un grupo especial -la UCEP- para amenazar y expulsar de hecho a las personas que ocupen tanto edificios como el espacio público.
Evidentemente, la lógica del mercado deja fuera -una vez más- a la mayor parte de la población. Mientras todo esto sucede, los edificios de lujo invaden la ciudad. Pareciera que en la ecuación de rentabilidad no hay lugar para complejos que no incluyan jardín, pileta, gimnasio etc., los cuales -de existir una correcta política de créditos- serían accesibles a esa gran parte de las familias que de otra manera deben alquilar. Esto redundaría además en una caída de la demanda de viviendas de alquiler y, por ende, en una reducción de su valor; lo que permitiría un hogar digno a las familias con menores ingresos y así acercarnos sucesivamente al cumplimiento real del derecho a la vivienda.
Sin embargo, frente a todo esto el Gobierno de la Ciudad avanza reduciendo los presupuestos de los organismos responsables Instituto de Vivienda de la Ciudad –IVC- (en un 80%) y Corporación Sur (en un 50%).
Ahora bien, ¿no tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la suficiente riqueza como para comenzar a asistir como corresponde a sus habitantes? Sin embargo, se avanza sobre el problema reproduciendo las peores lógicas posibles (la especulación inmobiliaria respecto al derecho a la vivienda y la violencia directa sin amparo legal). Los recursos técnicos necesarios para ejecutar el complejo plan de urbanización evidentemente existen (con algunas de sus partes incluso ya diseñadas). ¿Que los detiene entonces? Al final, no están haciendo Buenos Aires.

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De la amenaza de un nuevo IAPI a la coparticipación de las retenciones

En el marco del conflicto que desde hace más de un año se desenvuelve entre el gobierno y el “campo”, comenzó a circular en el último mes la versión de una posible nacionalización del comercio internacional de granos.
Se difundieron distintas versiones de la supuesta medida que vendría a dar por terminada la discusión en torno al nivel de la alícuota de las retenciones. Las más audaces hacían referencia a un retorno a organismos como el IAPI, creado durante el gobierno de Perón, o la Junta Nacional de Granos de los años ’30. Otras, más moderadas, sostenían que se trataría de un organismo similar a los existentes en Australia y Canadá, sin constituirse en un monopolio estatal.
El proyecto del gobierno consistía, aparentemente, en conformar un organismo que quedaría bajo la órbita del flamante Ministerio de Producción a cargo de Débora Giorgi. El instrumento apuntaría, según sus impulsores, a diversos objetivos: evitar la intermediación, asegurar un precio sostén y destinar una mayor proporción de la producción a industrias transformativas, como aceiteras y molineras, con el objeto de agregarle valor a esos productos. La diferencia de una agencia de este tipo con un monopolio estatal del comercio radicaría en que su intervención se limitaría a aquellos mercados cuyas estructuras internas provocan “distorsiones” en la distribución de la renta de la tierra.
De esta manera, un organismo nacional de control del comercio exterior de granos permitiría al Estado la eliminación de las retenciones sin perder la capacidad de captar la renta extraordinaria generada por el sector primario. Más aun, podría brindarle el control sobre la parte de la ganancia que fluía de los pequeños productores a las grandes empresas acopiadoras.
La cadena de comercialización de granos, tal como funciona en la actualidad, comprende a productores, acopiadores y exportadores. Estas dos últimas fases de la cadena suelen estar directa o indirectamente ligadas. Se trata de un reducido número de grandes empresas entre las que se cuentan AGD, Bunge, Dreyfus y Cargill, entre pocas otras. El acopio de la producción les permite especular con las variaciones de los precios internacionales lo que, junto con el poder de negociación que obtienen en su carácter de empresas oligopólicas, les hace posible apropiar gran parte de la renta generada en el sector primario, en detrimento de los propios productores. De hecho, la desequilibrada estructura del sector fue mentada varias veces en los discursos por los voceros de “el campo”, sobre todo los representantes de los pequeños y medianos productores, como argumento contra las retenciones.
Se suponía que un organismo estatal como el propuesto actuaría como único comprador de ciertos productos (soja, trigo, maíz y girasol), desplazando de este nicho a los mencionados capitales. Así, podría tener el control de los precios internos sin recurrir a los impuestos a la exportación y captando (con objetivos redistributivos) la parte de la renta que escapaba hacia las grandes empresas agroexportadoras.
Lo cierto es que la suerte que corrió este rumor dejó al descubierto los muchos intereses que permanecían ocultos en los discursos tanto de los dirigentes rurales como del gobierno mismo. Ante este anuncio informal del gobierno, las reacciones de la Mesa de Enlace no se hicieron esperar, esta vez provenientes, principalmente, de representantes de la Sociedad Rural (SRA) y de Carbap. Hugo Biolcatti, presidente de la SRA, declaró que esta medida no sería otra cosa que un intento más del gobierno de “hacer caja”, mientras que otros representantes sostuvieron la hipótesis de que este rumor se corría con la única intención de forzar la venta de los granos de la cosecha pasada que se mantienen ensilados y cuya magnitud, según éstos, está sobreestimada por el gobierno.
Resulta notable que, además de que esa reacción proviniera del sector de la Mesa de Enlace que representa a los productores de mayor tamaño (quienes tienen una relación mucho más estrecha con las acopiadoras), la medida en sí no fuera discutida en ningún momento. Las acusaciones se limitaron a señalar los propósitos ocultos del gobierno sin poner en tela de juicio el papel que las empresas agroexportadoras cumplen en la cadena productiva.
Por su parte, el Ejecutivo anuncia -unas semanas después- una medida en relación al campo: la coparticipación de las retenciones obtenidas sobre la soja. Lejos del supuesto plan para su eliminación y sustitución por un mecanismo de control de tinte “desarrollista” como el mismo gobierno lo calificó, la búsqueda de una “solución” al conflicto con el sector se dirigió a elevar el porcentaje de las retenciones destinado a las provincias, que pasó a ser del 30%. De ese total, un 70% quedaría en manos de los gobiernos provinciales mientras que el 30% restante pasaría a los municipios. Así, se retoca el destino de los fondos conservándose las cuestiones esenciales sobre las que gira el conflicto. Todo esto en un momento más que propicio, dado el calendario electoral.
Independientemente del contenido mismo de esta “solución”, lo cierto es que la estructura de la comercialización de granos quedó intacta. Las grandes empresas acopiadoras no habían asomado las narices ante el conflicto por la resolución 125 ya que el mismo no las afectaba directamente. Su voz, sin embargo, se hizo escuchar, aunque indirectamente, ante el rumor de la nacionalización del comercio de granos. Pero, a fin de cuentas, la cuestión se reduce a que, con o sin coparticipación, siguen detentando la potestad de apoderarse de una parte de la renta de la tierra en base al control oligopólico del comercio de materias primas.

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Taller sobre el Documento de Discusión 1.

En el marco de la Escuela de Economía Política de la Universidad de Buenos Aires, lanzamos un taller sobre la renta de la tierra y la política económica en Argentina.

Nuestro interés reside, principalmente, en entender las características propias de la producción agropecuaria y su vinculación con la renta de la tierra. En segundo lugar, y sobre esa base, entender el conflicto desatado por la resolución 125 y su rol en la coyuntura argentina. Por último, señalar los límites que presentan las retenciones para lograr los objetivos que se le reconocen y discutir cuáles son los instrumentos más propicios para la apropiación de renta por parte del Estado y cuál debería ser su destino.
Dictado: Lunes de abril, de 19 a 21 hrs.
Punto de encuentro: Instituto de Investigaciones Económicas (1º Piso de la Sede Córdoba de la FCE - UBA).

Programa:
Lunes 06/04: ¿Qué es la renta de la tierra? Desarrollo conceptual en Ricardo y Marx
Lunes 13/04: Características de la acumulación de capital en presencia de renta de la tierra. Apropiación primaria de la renta e instrumentos estatales de captación y redistribución. El caso de las retenciones y sus efectos.
Lunes 20/04: Límites a la apropiación de renta. La resolución 125, su rol en la coyuntura argentina y sus problemas. Política económica en presencia de renta, apropiación, utilización y efectos.

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De medios y fines.

Con la reciente presentación del proyecto oficial (ver Clarín, La Nación, Critica de la Argentina y Pagina/12) tendiente a la reformulación de las actividades de comunicación audiovisuales, el gobierno nacional da el primer paso en una problemática sobre la que se había pronunciado en varias ocasiones, sin nunca resolverla. Esto fue creando expectativas y hoy el tema tiene amplias repercusiones.
La situación claramente amerita el debate. En primer lugar, porque la legislación existente vino a respaldar la política de censura sobre los medios de comunicación vigente durante la última dictadura militar. En segundo lugar, es necesario reglamentar las nuevas tecnologías surgidas en el medio que evidencian la obsolescencia tecnológica de la actual normativa (véase un punteo sobre la misma y una comparación con la actual).
Frente a la cuestión creemos, por un lado, que en la actualidad se torna imprescindible asegurar mecanismos democráticos de acceso a la información, así como limitar a las sociedades comerciales que utilizan tales medios para realizar sus actividades lucrativas. En este -como en tantos otros casos donde entran en conflicto las necesidades sociales con la forma empresarial de satisfacerlas- el Estado no puede más que intervenir de manera de resolver momentáneamente tal contradicción. En ese sentido, tanto la reserva de frecuencias de medios para organizaciones sin fines de lucro, como la restricción en la cantidad de frecuencias en manos de una misma sociedad, son importantes.
Por el otro lado, la relevancia de una nueva Ley de Radiodifusión claramente radica en más de una dirección, esto es, impedir no sólo que las empresas manejen la información a su interés, sino además que el gobierno de turno lo utilice en beneficio propio. Por todo esto, compartimos la necesidad de debatir e impulsar reformas, manteniéndonos expectantes respecto al resultado final en términos del texto.
Sin embargo, creemos fundamental que la instrumentación de la misma dé cuenta de los mecanismos diseñados para poder llevar a la práctica tales objetivos. Si consideramos que sostener un medio de comunicación requiere de grandes sumas de dinero, la simple reserva del espacio a diversos organismos sociales no garantiza que estos puedan hacer uso de tal derecho y menos en igualdad de condiciones con los multimedios. En este sentido, debe generarse un fondo que asegure la vigencia de tal derecho, permitiendo subsidiar a aquellos que no producen una programación que atraiga sponsors, sobre todo si consideramos que ese debería ser otro de los objetivos: la calidad en los medios. En ese sentido, podría considerarse la aplicación de un canon a las frecuencias con mayor rating, de manera de financiar a las menos populares.

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Alianzas frágiles III - Izquierda fragmentaria

En el marco de la reestructuración de los espacios políticos inaugurado por el resquebrajamiento del Kirchnerismo, llama la atención la posición de los diferentes espacios a la izquierda del oficialismo.
Desde armados políticos de carácter plural como Proyecto Sur hasta partidos con representación legislativa importante como el SI –ya desprendido de la Coalición Cívica-, tanto como referentes individuales del espectro -como Sabbatella-, se muestran propensos a la conformación de un bloque que intente, si no ganar las elecciones, contrapesar el importante viraje a la derecha del kirchnerismo y la movilización de las nuevas alianzas por derecha (PRO-Peronismo y Coalición Cívica). A este conjunto pueden agregarse los partidos tradicionales de izquierda que, perdidos en sus planteos y luchas históricas, lejos están de poder construir un programa común.
En este sentido, dos son los puntos que detienen las posibles confluencias, aunque pocas refieran a temas centrales de las políticas a impulsar.
El primer gran conflicto es qué ha significado y cómo analizar la experiencia kirchnerista. Los referentes de Proyecto Sur, por un lado, critican duramente su política de recursos naturales y su desatención de los problemas sociales. Estos planteos serían la versión en espejo de la defensa a ultranza del kirchnerismo, que involucra poner en la misma bolsa a la política de derechos humanos y al INDEC. Por otro lado, gente como Sabbatella plantea la necesidad de defender la apertura al debate de diversos temas que generó el kirchnerismo en sus primeros años y trabajar desde ellos para alcanzar nuevos horizontes. Frente a este conflicto, creemos que lo central es - como señaló Galasso en su debate con Proyecto Sur, y también Sabbatella- construir las propuestas y los objetivos propios de manera coherente y, en base a ellos, definir las formas de hacer política y con quién. Aún con sus miles de errores, no pensamos que el kirchnerismo sea lo mismo que Menem, por lo menos gracias a sus formas que abren camino al debate, quizá no con sus elementos más pejotisados, pero sí con el entorno.
El otro gran problema -que surge nuevamente de la inexistencia de programas y propuestas- es la lucha por los espacios al interior de la alianza y en particular a la hora de armar las “boletas”. Lo importante es que lo planteado por Hourest en los últimos días sobre el ego, vaya más allá de las palabras y se encamine hacia las construcciones.
En un contexto de crisis mundial y, en particular en nuestro país, en el marco de la creciente dependencia por parte del Kirchnerismo de los resortes típicos del peronismo tradicional (y del resentimiento social -quizá manipulado pero no por eso menos real- generado en el último año) las perspectivas de un viraje a la derecha son elevadas. Aquí se juega algo importante entonces: el papel de la izquierda, la posibilidad de expresar y potenciar una gestión de la crisis que minimice (o al menos lo intente) sus efectos y, a la vez, siente las bases de un modelo que permita avanzar con lo que el actual no ha podido (ni intentado) resolver. En ese camino, el reconocimiento de la necesidad de discutir programas (más allá de los nombres) y comenzar la construcción política desde cero, son dos de los aportes más importantes que reconocemos en la discusión política actual. Veremos ahora si la izquierda es capaz de aglutinar las voluntades que hasta ahora no logra conmover.

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Alianzas frágiles II - Peronistas que piensan, diría Perón

En noviembre de 2008 Felipe Solá confirmó su alejamiento del bloque kirchnerista (dónde tenía mandato hasta 2011), al tiempo que anunciaba la formación de una nueva alianza.
Repasemos un poco: Solá fue gobernador de Buenos Aires durante la gestión de Eduardo Duhalde y reelegido con Néstor Kirchner. Luego, se ilusionó con ser el vice de CFK y tampoco pudo ir al frente de Diputados. Le ofrecieron la embajada en París, pero la rehusó. En el milenio pasado, y bajo el ala de Menem, fue Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación hasta 1999, cuando fue vice-gobernador de Ruckauf en la provincia.
A partir de su salida del bloque K, se mostró nuevamente con Duhalde. Luego, dialogó con Lavagna, a quién ya había consultado por la ley de eliminación de las AFJP’s y el blanqueo de capitales. También se acercó a Alberto Fernández (ex jefe de Gabinete de Kirchner). Tiene sus miras puestas tanto en las elecciones de octubre en la Provincia, como en las presidenciales de 2011.
Macri. Sus alianzas incluyen a Solá y De Narváez. Posiblemente, también al “campo”. Y quizás, incluso al cobismo, los radicales o la Coalición Cívica. Tanto es así, que desde el PRO afirmaron que "el único límite del PRO es no trabajar con quienes no quieren trabajar con el PRO". También dijeron que "los valores de la inclusión, la salud y la educación públicas, que son los del peronismo, los encarna Mauricio Macri".
Donde todo se junta. Ahora, De Narváez (empresario millonario y diputado nacional), Macri y Solá anunciaron su unión, en pos de un frente común que pelee las legislativas de este año. Según dicen, es momento de tejer alianzas porque “la elección de octubre es particular".
De su plan de gobierno poco se sabe. De Narváez dice que hay que abrir puertas. Solá afirmó que el eje debe ser combinar “inclusión con seguridad”. Macri ya sabemos lo que dice y lo que hace y, sobre todo, lo que no dice y no hace. Esto no parece más que un rejunte oportunista, unido por no mucho más que el respaldo al difuso “campo”. ¿Otra característica en común? Todos estuvieron, de alguna u otra manera, vinculados con las políticas menemistas.
Si todo sigue como hasta ahora (difícil saberlo), para las elecciones de octubre habría tres actores: los K, esta alianza, y el mix radicalismo-coalición cívica-cobismo. La izquierda brillará por su ausencia en esta contienda: como siempre, las alianzas no son su fuerte y su debilidad parece, a estas alturas, casi intrínseca. Sin embargo, el anunciado fin de los K (que todavía está por verse) no puede tener una salida por derecha, y tampoco una tan conocida. ¿Y ahora?

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